La amenaza del hambre

¿Puede una persona ser no pobre, y al mismo tiempo vivir en condiciones de vulnerabilidad por carencia de alimentación? En el marco de la metodología de la medición multidimensional de la pobreza esto no sólo es posible, sino que es una característica que se registra en millones de hogares en el país. ¿Pero cómo es que ocurre?

En México, de acuerdo con el documento metodológico que define las bases y criterios para la medición e la pobreza en el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), se establece que, con base en el Programa Mundial de Alimentos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), se pueden definir tres grados de inseguridad alimentaria: bajo, moderado y severo.

Con este referente, en la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto en los Hogares (y su Módulo de Condiciones Socioeconómicas, ENIGH-MCS), se plantean seis reactivos para determinar el grado de inseguridad alimentaria de las personas; tales reactivos son relativos a los hogares y establecen si en los hogares:

Tuvieron una alimentación basada en muy poca variedad de alimentos.
Dejaron de desayunar, comer o cenar.
Comieron menos de lo que piensa debía comer.
Se quedaron sin comida.
Sintieron hambre, pero no comieron.
Comieron una vez al día o dejaron de comer todo un día.[1]

Con base en estos indicadores, el CONEVAL estima que un hogar se encuentra en carencia por acceso a la alimentación cuando: “Presenten un grado de inseguridad alimentaria moderado o severo, o presenten limitación en el consumo de alimentos.

Lo anterior, debido a que un hogar en situación de carencia por acceso a la alimentación –tal y como se definió arriba– es, por ende, carente por acceso a la alimentación con carácter nutritivo y de calidad, y que un hogar sin carencia por acceso a la alimentación puede ser carente por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad si observa limitación en el consumo de alimentos.”[2]

Sentir hambre y no tener nada qué comer; o bien, comer sólo una vez al día o no comer nada durante todo el día, debido a no tener recursos para adquirir alimentos debe ser una de las experiencias más duras por las que atraviesa un ser humano, y más aún cuando se trata de niñas, niños y adolescentes. Por eso, esta carencia debe mover urgentemente a la discusión pública en torno a cuáles son las prioridades a atender por las políticas públicas, y cuáles son los mecanismos institucionales y programáticos que se requieren para garantizar que ningún ser humano pase hambre.

Que una niña o niño viva en estas condiciones, implica una flagrante violación del Principio del Interés Superior de la Niñez, del conjunto de derechos que les son reconocidos por el Artículo 4º Constitucional, y de la Convención de los Derechos de la Niña y el Niño, entre otros instrumentos jurídicos nacionales e internacionales.

Por ello debe insistirse, todas las veces que sea necesario, que el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 debe elaborarse teniendo como propósito fundamental cumplir con el mencionado principio del interés superior de la niñez, pues éste implica destinar el máximo de recursos disponibles para su bienestar.

Las cifras

De acuerdo con la medición multidimensional de la pobreza, el 20.4% de la población nacional se encuentra en vulnerabilidad por carencia de alimentación, indicador que equivale a 25.5 millones de personas que cumplen con varias de las seis características señaladas arriba como definitorias del grado de inseguridad alimentaria.

Es importante subrayar que en los últimos 10 años no ha habido reducciones significativas en el porcentaje de personas que viven en estas condiciones en el país. En efecto, en el año 2008 el porcentaje fue de 21.7%; en el 2010 se ubicó en 24.8% (el indicador más alto de la serie), para llegar a 20.1% en el 2016 (el más bajo de la serie), y mantenerse prácticamente en el mismo nivel en 2018, cuando la estimación fue de 20.4%