Vivimos en un mundo que fue “globalizado”, no por los Estados, sino por las poderosas industrias que operan a escala trasnacional. Es cierto que al finalizar la Segunda Guerra Mundial la creación de la Organización de las Naciones Unidas marcó un hito en la construcción de estructuras de alcance planetario para promover, primero la paz y la democracia, y cada vez más los derechos humanos; sin embargo, el decurso del desarrollo económico nos llevó cada vez más a una economía en constante expansión, y con cada vez mayor poderío e influencia en la toma de decisiones en todos los países.
Escrito por: Mario Luis Fuentes
El reciente informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, titulado Atrapados: alta desigualdad y bajo crecimiento en América Latina y el Caribe, señala precisamente el inmenso poder de varios sectores empresariales en la determinación de las estructuras legislativas y regulatorias en las ramas que son de su interés, minando con ello la capacidad de los Estados para poner freno a la voracidad que predomina en varios sectores y conglomerados productivos a escala regional y global.
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El tema es relevante para un país como el nuestro, porque sobre todo en medio de la pandemia, se visibilizó una vez más la fragilidad de este estilo de desarrollo, que lleva a múltiples formas de dependencia de los países, en sectores clave. Por ejemplo, basta con considerar el caso del desabasto de “chips” para la producción de diversos productos, debido a la interrupción de las cadenas de suministro globales.
Al criticar estas situaciones, de inmediato se alerta de los países no deben volver a “esquemas proteccionistas” que pueden alterar los ya de por sí inestables “ciclos y flojos económicos”. Sin embargo, el hecho de que una situación extraordinaria como la pandemia haya puesto de manifiesto varios sectores económicos en países como el nuestro, justifica plenamente una reflexión sobre las políticas y estrategias que estamos siguiendo para evitar el severo impacto de eventos disruptivos como el que enfrentamos en las etapas más críticas de la emergencia sanitaria.
De esta forma, el primer punto que debiera discutirse es justamente cómo, en democracia, y con la mirada puesta en la necesidad de ampliar constantemente las capacidades públicas y privadas para el respeto y la garantía de los derechos humanos, pueden fortalecerse las capacidades del Estado para regular y normar a los mercados, a fin de evitar no sólo la concentración de recursos y riqueza, y con ello el poder corruptor o de influencia excesiva de varios sectores en las decisiones estatales; sino también de incrementar las capacidades nacionales para hacer frente a retos como los que nos ha impuesto la pandemia.
Todo esto cobra mayor relevancia ante los datos que dio el INEGI respecto de la disponibilidad de computadoras e internet, a través de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de tecnologías de la Información en los Hogares. En ella destacan de manera inmediata dos datos: menos de la mitad de los hogares mexicanos dispone de computadoras; y sólo dos terceras partes disponen de conexión fija a internet.
Al respecto, recientemente el propio presidente de la República afirmó que al principio de su gobierno creía que sería más fácil garantizar acceso universal al internet en nuestro país, pero que se ha enfrentado a retos no considerados y dificultades, hasta ahora insalvables.
Frente a lo anterior, debería considerarse cómo fortalecer, por ejemplo, a las universidades públicas, centros de investigación y de generación de conocimiento científico y tecnológico; y dotar al país de nuevas capacidades para hacer frente a un mercado que, a nivel global, está cuasi monopolizado por cinco o seis empresas dominantes. Lo mismo aplicaría en materia de desarrollo de software y de tecnologías que garanticen compatibilidad con lo existente, pero que al mismo tiempo permitan cerrar las brechas que existe en el país en esta materia.
Lo anterior podría llevar a la regulación y reducción de prácticas nefastas, como la llamada obsolescencia programada, que lleva a un mercado cautivo y constante de clientes que no tienen más opción que cambiar de equipos ante la disfuncionalidad de sus sistemas operativos, suspensión de asistencia y actualización, o al deterioro de piezas construidas para dejar de funcionar luego de determinado periodo.
En una reciente declaración del Secretario General de la UNESCO se afirma que la brecha digital es una de las nuevas y más preocupantes formas de la desigualdad; y por ello ese organismo ha hecho un reiterado llamado a entender al acceso al internet como un derecho humano, pues el no disponer de una conexión hoy se convierte en una severa limitante de aprendizaje, adquisición de conocimientos y capacidades para el ejercicio otros derechos, acceso a información de calidad, así como a oportunidades de empleo y desarrollo económico.
Desde esa óptica, el acceso universal al internet implica pensar en los cuatro ejes que establece la UNESCO: a) Derechos Humanos; b) una red Abierta; c) Accesible a todos y; d) Gobernada mediante la participación de Múltiples actores.
En la década de los años 80, cuando surgieron las grandes corporaciones desarrolladoras de equipos de cómputo y software, se abrió una doble posibilidad. Una, encabezada emblemáticamente por Bill Gates, que propugnaba por un modelo de comercialización basado en el secreto del código de programación; y la segunda, encabezada por Linus Torvalds, que pugnaba por un modelo de generación de software de código abierto, que dio origen al sistema Linux.
Hasta ahora, no se ha logrado que los Estados asuman que el desarrollo informático, la disponibilidad de hardware y la existencia de poderosas redes de distribución de internet, son elementos esenciales y clave para el desarrollo de un país. Sin duda, el desarrollo computacional e informático nos daría más capacidades para el combate a la pobreza y las desigualdades; para impulsar un proceso de reindustrialización del país orientado no sólo a las manufacturas sino a la ciencia, la innovación y el desarrollo tecnológico; para enfrentar con mayor ahínco el cambio climático; para proteger a la biodiversidad; para reducir la inseguridad alimentaria y para avanzar en lo general hacia un nuevo curso de desarrollo capaz de generar riqueza de forma sostenible y distribuirla con cada vez más firmes criterios de equidad.
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