Vivimos en un país que es víctima, en distintas esferas y espacios, es víctima de lo que Luis Villoro, en una de sus conferencias, denominó como “impunidad declarativa”. Casi cualquiera puede decir cualquier cosa, y no tener la obligación de hacerse cargo y ser responsable de sus palabras.
Escrito por: Saúl Arellano
Si algo enseñan los textos griegos antiguos, en lo que respecta a la responsabilidad pública de los ciudadanos, es precisamente que cada persona que participaba del debate público debía ser responsable de sus dichos. Responsabilidad que, en los casos más graves, implicaba sanciones o consecuencias como el destierro, si se acreditaba que se mentía y se recurría a la calumnia en contra de sus conciudadanos.
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En el vasto y a menudo oscuro panorama de la política, las tácticas para debilitar o destruir al oponente son múltiples y variadas. Entre ellas, en efecto, una de las más perniciosas es la calumnia. El uso de la mentira deliberada para manchar la reputación de un enemigo político no es nuevo; sin embargo, su prevalencia y efectividad han perdurado y se ha sofisticado de manera inusitada a lo largo de la historia; lamentablemente continúan siendo herramientas poderosas en la política moderna.
La calumnia, definida como la acusación falsa y maliciosa destinada a dañar la reputación de una persona, se convierte en un arma de doble filo en el contexto político. No solo afecta a la o a las víctimas directas, sino que también distorsiona la percepción pública que se tiene de liderazgos políticos, sociales o del ámbito académico o de la sociedad civil, pero igualmente erosiona la confianza en las instituciones democráticas. Las calumnias son peligrosas porque se basan en la manipulación de la verdad y en no pocas ocasiones, en la propagación de datos o acusaciones absolutamente falsas; y una vez que se difunden son difíciles de desmentir o corregir.
En una era dominada por las redes sociales y la comunicación instantánea, la capacidad de propagar rumores y mentiras ha crecido exponencialmente. La velocidad con la que se difunden las noticias, verdaderas o falsas, no confirmadas o sin fundamento en evidencia, significa que una calumnia puede tener un impacto casi inmediato, destruyendo carreras y credibilidades antes de que la verdad pueda prevalecer.
No sobra subrayar que el uso de la calumnia en política no es accidental; es una estrategia calculada. Quienes recurren a esta táctica buscan explotar los prejuicios y miedos existentes, presentando a sus oponentes, por ejemplo, como corruptos, incompetentes, violentos o peligrosos. Al hacer esto, no solo desvían la atención de sus propias debilidades o condición decadente, sino que también polarizan a la sociedad o a públicos específicos. dividiéndola en bandos y alimentando la hostilidad.
Este enfoque estratégico se ve reforzado por la existencia de ecosistemas mediáticos que, a menudo, amplifican las calumnias en lugar de desafiarlas con base en el pensamiento crítico o, elementalmente, con base en el sentido común. En la frenética búsqueda de audiencia y relevancia, medios de comunicación y redes sociales pueden convertirse en vehículos, hasta involuntarios, de desinformación, especialmente si no se adhieren a estándares rigurosos de verificación de hechos, así como a elevados estándares éticos. La viralidad de una mentira, exacerbada por algoritmos de redes sociales que priorizan el contenido sensacionalista, puede eclipsar rápidamente a la verdad.
El uso de la calumnia como arma tiene repercusiones profundas y de largo alcance. En primer lugar, socava la integridad del proceso democrático. Una democracia saludable requiere debate y desacuerdo, disenso, pero también diálogo respetuoso; y estos deben basarse en hechos y argumentos razonados, no en ataques personales sin fundamento. La política basada en la calumnia debilita la calidad del discurso público y lo convierte en un espectáculo degradante.
En segundo lugar, la calumnia daña la confianza del público en las instituciones políticas y en los liderazgos, construidos la mayoría a lo largo de años o décadas de esfuerzo y trabajo. Por ello, cuando las personas perciben que algunos o la mayoría de sus dirigentes están más interesados en destruir a sus oponentes que en servir al interés público, la confianza en el sistema se erosiona. Esto puede llevar al cinismo y a la apatía política, donde los ciudadanos dejan de participar en los procesos democráticos, creyendo que todos los personajes públicos son igualmente corruptos o deshonestos.
Finalmente, el uso de la calumnia tiene un costo humano real. Las personas que son objeto de calumnias sufren daños personales y profesionales que pueden ser difíciles o imposibles de reparar. La angustia emocional y el impacto en sus familias y carreras son a menudo devastadores. Además, el daño a la reputación de una persona, incluso si eventualmente se demuestra que las acusaciones eran falsas, puede ser permanente.
Combatir la calumnia requiere un esfuerzo concertado tanto de los medios de comunicación como del público. Los medios tienen la responsabilidad de verificar los hechos y evitar la difusión de información falsa. Las y los periodistas deben mantener un compromiso con la verdad y resistir la tentación de reportar rumores sin fundamento.
Por otro lado, el público debe desarrollar un escepticismo saludable y ser consciente de los sesgos de sus fuentes de información. Al verificar la información antes de aceptarla como verdad y compartirla, la ciudadanía puede desempeñar un papel crucial en la lucha contra la calumnia. La lucha contra la calumnia requiere un compromiso renovado con la verdad y la integridad, tanto por parte de los actores políticos como de los ciudadanos. Únicamente de esa manera se podrá restaurar la confianza en nuestras instituciones y procesos democráticos más básicos.
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Investigador del PUED-UNAM
