En un Estado laico las instituciones y las políticas públicas que se diseñan y operan deben estar sustentadas en información objetiva y verificable. De hecho, el debate público en torno a cómo se diseña el gobierno y cuál es la racionalidad en el sistema de toma de decisiones y en la ejecución de las acciones y programas no puede sino estar sustentado en datos generados con base en metodologías sujetas al escrutinio de la ciudadanía.
Desde esta perspectiva, la necesidad del consenso, no en torno a los datos, sino a los métodos con que se construyen, es uno de los cimientos fundamentales de los sistemas institucionales democráticos contemporáneos, porque de ello depende la definición de prioridades públicas y los criterios de asignación de montos presupuestales.
Por ejemplo, a partir de 2016 en México se ha dado el debate en torno a cómo medir apropiadamente los ingresos de los hogares. De manera lamentable, las decisiones institucionales se han tomado sin un consenso previo, y ello ha derivado en severos cuestionamientos, no sólo en torno a la objetividad de la información generada, sino incluso en torno a la credibilidad de una institución tan robusta como lo es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Desde esta óptica, la posición que ha manifestado el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) se ha centrado precisamente en que es necesario construir un proceso de discusión de largo aliento para generar el consenso científico y de política pública.
La ciencia es sumamente útil en este debate. Aporta el conocimiento necesario para el desarrollo de metodologías que, de manera laxa, pueden ser calificadas como transparentes, replicables y sujetas a la verificación externa.
En esa lógica, debe destacarse que tanto el INEGI como el Coneval han avanzado de manera importante en la consolidación de políticas institucionales de datos abiertos. De hecho, la información que generan puede ser verificada, ya sea a través de microdatos e informes de ejecución en campo, en el caso del primero, o a través de los paquetes estadísticos y métodos de cálculo que el segundo tiene disponible en su sitio electrónico.
En el mes de agosto, el INEGI dará a conocer los resultados de dos encuestas sumamente relevantes para el análisis de las políticas de desarrollo social y garantía de los derechos humanos en el país. La primera es la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto en los Hogares (ENIGH). Lo esperable es que se haya subsanado el déficit del Módulo de Condiciones Socioeconómicas (MCS), relativo a la imposibilidad de ser comparado respecto de la serie histórica previa; pero, sobre todo, el déficit de credibilidad y de confianza que se generó al haber modificado unilateralmente la metodología del operativo de campo para recabar la información.
Esta encuesta es fundamental, porque con base en ella el Coneval tiene la responsabilidad de llevar a cabo la medición multidimensional de la pobreza, que se realiza por mandato del “Apartado C” del Artículo 26 Constitucional y de la Ley General de Desarrollo Social.
La segunda es la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), con base en la cual se estiman, entre otros datos, los niveles de violencia contra las mujeres, asunto fundamental para saber si hemos avanzado en el cumplimiento de la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres y en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Una estadística oficial construida con base en criterios objetivos y científicos, y la democratización de la discusión en torno a tales métodos, resultan cruciales para mantener y fortalecer al Estado laico. En ese sentido, sería lamentable que, ante los resultados que habrán de darse a conocer, antes que una sustentación objetiva y una explicación racionalmente aceptable al respecto, nos pidan también que tengamos fe en las instituciones que la generan y la procesan.
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