La cifra negra

México, y en general nuestra realidad global contemporánea, se ha convertido en un espacio donde lo ficcional tiene primacía. El llamado mundo de la “posverdad” con todas sus noticias falsas es solo una parte de esta configuración de apariencias y fantasmagorías, pues a su lado, se encuentra también un entramado narrativo sustentado en datos y cifras, sobre los que se supone que constituyen un retrato fiel de lo que se considera que es la realidad.

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Los gobiernos, de todo signo y filiaciones, encuentran siempre datos que “resultan alentadores”; que “a pesar de lo que falta por hacer”, muestran que “vamos por el camino correcto” … hasta que otros datos se presentan con la fuerza suficiente para desvirtuar a los previos y “mostrar” que la realidad sigue siendo igual o más compleja.

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Lo anterior no significa que debe dársele la espalda al conocimiento empírico de la realidad; de hecho, los datos son todavía de lo mejor de que disponemos para aproximarnos a la complejidad de los hechos y eventos que determinan y sobre los que discurre nuestra existencia, siempre y cuándo éstos sean tomados como aquello que nos interpela y nos convoca a poner atención sobre lo que está detrás de ellos.

Por ejemplo, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción del Delito (ENVIPE, 2020), señala que en el país hubo 30.27 millones de delitos declarados por la población mayor de 18 años en nuestro país. De esa suma, un 92.4% de los delitos no fueron denunciados y constituyen lo que las y los expertos denominan como la cifra negra, es decir, los delitos que se cometen y que no se denuncian, pero también todos aquellos delitos que no son siquiera declarados por las víctimas, sobre todo en el ámbito de la violencia sexual o la violencia intrafamiliar.

Por tipo de delito, el robo total de vehículo es el que menor proporción de casos no denunciados registra, siendo aún así considerable, pues el 39% de los casos no fue denunciado ante las autoridades; la cifra negra contrasta con el robo parcial de vehículo, respecto del cual el 94% de los casos no se denunció ante las autoridades ministeriales.

En este contexto, el homicidio intencional sigue siendo uno de los indicadores que más se utilizan para dimensionar la violencia social; pero aún en ese caso, las cifras disponibles dependen de fuentes que no siempre clasifican los casos de manera adecuada. Por ello destaca que, si en 2019 hubo oficialmente 36,661 defunciones por homicidio intencional, también hubo 6,376 defunciones violentas de intención no determinada; además de la gigantesca suma de personas no localizadas y desaparecidas.

Otro ejemplo se encuentra en las defunciones que han ocurrido en medio de la pandemia; pues si bien la cifra oficial de personas fallecidas por COVID19 es de poco más de 238 mil, la propia Secretaría de Salud estimó, al 5 de julio de 2021, 353,858 defunciones asociadas a la COVID19. ¿Cuál cifra es la apropiada para dimensionar la tragedia?

Esta semana el INEGI dará a conocer las estimaciones preliminares sobre las defunciones por homicidio, por causas generales de defunción, así como los resultados de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto en los Hogares, con base en los cuales habrá de llevarse a cabo la medición oficial de la pobreza.

Frente a los datos de que dispondremos, lo complejo será construir el diálogo nacional necesario para repensar nuestras prioridades públicas y, sobre todo, blindar la información frente a la tentación siempre presente de utilizar los datos para legitimar decisiones o para desacreditar adversarios, sin mayor intención que obtener ventajas político-electorales de las narrativas que se construyen.

Los datos que se conocerán esta semana serán clave para el destino inmediato de México, pues deberían colocarse en la base de los debates relevantes que habrán de darse en la siguiente legislatura, por ejemplo, el diseño del Presupuesto de Egresos 2022 y la adecuación que debería llevarse a cabo del Plan Nacional de Desarrollo.

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