En nuestro estado de Puebla, se han escuchado las manifestaciones de autoridades sobre lo que ocurrió con los recursos públicos en la entidad, mencionando los desvíos millonarios por quienes ejercían el poder y la administración pública, al mencionarse que de las 33 factureras ocupadas por los secretarios y ex secretarios de Finanzas para triangular los recursos, 32 fueron creadas durante el sexenio de Moreno Valle.
Escrito por: KEREN E. REYES CASTRO
Las investigaciones, procedimientos, procesos contra servidores públicos por corrupción y desvío de recursos siguen su curso, siendo la Fiscalía Anticorrupción quien recibió las denuncias, puesto que en el Registro Público de Comercio, se detectó que 14 empresas del total mencionado se disolvieron a finales de 2018 y en los primeros meses de 2019, tras ser clasificadas como Empresas que Facturan Operaciones Simuladas por el Servicio de Administración Tributaria.
La corrupción ha sido considerada una conducta latente en muchos entes del servicio público y aunque es considerado un delito que amerita prisión preventiva oficiosa (que actualmente es un tema en debate y análisis en torno a su utilización), no encontramos una descripción normativa de lo que es la corrupción en el Código Penal Federal y el Estatal, sino sólo conductas que puedan tener cabida en tal acción y el Sistema Nacional Anticorrupción que es la instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos estableciendo las entidades federativas su sistema local anticorrupción como sostiene nuestra Carta Magna, sin soslayar los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones.
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Y aunque los fantasmas tienen su propio ambiente y su propia realidad, en el tenor de empresas fantasma pasaron a la realidad poblana, creando un sin fin de aspectos terroríficos en la administración pública.
A nivel nacional, la tasa de población que tuvo contacto con algún servidor público y experimentó al menos un acto de corrupción fue de 14,701 por cada 100,000 habitantes a nivel nacional, en 2019 esta tasa fue de 15,732 por cada 100,000 habitantes de acuerdo con el INEGI Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2021
La percepción de corrupción en el estado de Puebla es de 87.5% para el año 2020 de acuerdo al INEGI, cuando la media nacional es de 71.5% respecto del Porcentaje de unidades económicas que consideran que los actos de corrupción por parte de servidores públicos son frecuentes. La Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) forma parte de los proyectos impulsados por el Subsistema Nacional de Información de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia (SNIGSPIJ), coordinado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), revela que en nuestra entidad el delito más frecuente son actos de corrupción.
Por ello es importante el Sistema Estatal Anticorrupción para establecer principios, bases generales, políticas públicas y procedimientos para la coordinación entre los entes públicos en la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. Por lo que en el gobierno estatal la política estatal anticorrupción fue presentada hace unos meses, donde se sostuvo que participaron ciudadanos, sociedad civil organizada, la academia, empresarios y dependencias estatales y municipales. La estrategia incluyó conversatorios, la aplicación de 14 mil encuestas en las 32 regiones del estado y un diagnóstico elaborado a partir de diversos estudios institucionales y se puntualizó que la política se compone de cinco ejes estratégicos, cinco generales, 12 específicos y 50 prioridades de política pública para detectar, atender, investigar y sancionar estos actos ilegales y verse fortalecidos los recursos de los entes públicos.
Esperemos que esta política genere cambios en el mal que aqueja a nuestra entidad, para llegar a la meta de entidades y servicios públicos transparentes sin fantasmas que aquejen el ambiente de una buena administración pública.
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