La expansión de la violencia, así como el crecimiento inédito de grupos delincuenciales en varias regiones del mundo, ha llevado a la construcción de varios conceptos para describir a ese fenómeno. Uno de los más interesantes es el de la “macrocriminalidad”, el cual alude, no sólo a la magnitud de las actividades delincuenciales y sus impactos, sino a la amplia red de negocios ilícitos en que participan las bandas de criminales, con un cierto nivel de participación de autoridades estatales en los mismos.
Escrito por: Mario Luis Fuentes
La existencia de un fenómeno así es de suyo muy grave. Sin embargo, cabe todavía preguntar si lo que describe ese concepto ha sido ya rebasado y si estamos ante algo peor. En efecto, la evidencia de que se dispone en México permite pensar que hay una modalidad diferente, más dañina y más amenazante para la población, por la magnitud de la fuerza que se despliega y por los daños que se generan a la economía, a la democracia y a la integridad y bienes de la población civil.
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Por ello es importante pensar en una noción que podría denominarse como Criminalidad Total. Si bien debe consolidarse como un concepto académico, puede adelantarse que se trata de una forma de actuación de grupos de delincuencia organizada que tienen al menos las siguientes características: a) controlan territorios de facto; b) participan tanto de la economía informal y formal de los territorios que controlan por la fuerza armada; c) planean, organizan, controlan y ejecutan todas las formas de criminalidad posible, desde tráficos ilícitos hasta los considerados “delitos menores”; d) intervienen directamente en los gobiernos locales vía la imposición de funcionarias y funcionarios; y d) participan abiertamente en la determinación de candidaturas locales, ya sea por el veto ultra violento (secuestro o asesinato de candidatos), o por el control directo del proceso electoral, financiando campañas o alterando la normalidad de las jornadas electorales.
Explicar e interpretar las condiciones de la violencia en México, y sobre todo determinar por qué las estrategias de seguridad pública han fracasado en los últimos 20 años, implica no sólo un nuevo y más comprensivo diagnóstico, sino ante todo, una nueva explicación del fenómeno en toda su complejidad y amplitud.
Ello permitiría entender, por ejemplo, por qué, a pesar de que en algunos periodos se logra reducir la incidencia de algunos de los delitos sobre los que se dan a conocer datos públicamente, en otras tipologías se dan crecimientos que, en no pocos casos, son exponenciales, como lo son la violencia sexual, la violencia en las familias o el conjunto de los denominados “delitos contra la sociedad”.
Desde esta perspectiva, la distinción clásica de “delitos federales” y “delitos del orden común” se ha, por decir lo menos, difuminado; pues no se tiene claridad de hasta dónde, por ejemplo, el robo a transporte público, el robo a negocios, la extorsión, el homicidio, y la larga lista de delitos que se cometen todos los días, son perpetrados por delincuentes comunes o por empleados de organizaciones criminales que además, muy probablemente también controlan parte o la totalidad de las corporaciones policiacas.
La criminalidad total forma parte estructural de las economías locales, pero también de las dinámicas sociales, políticas y hasta culturales de los territorios de los que se ha apoderado o en los que disputa el control. Por ello, no hay ya otra ruta sino la intervención total del Estado. Y eso implica una poderosa estrategia de intervención para hacer valer la Constitución y sus leyes, sin violaciones de ningún tipo a los derechos humanos, pero de tal magnitud y uso legítimo de la fuerza, que pueda reestablecerse una normalidad aceptable de vida en comunidad.
La vigencia del Estado Social de Derecho depende directamente de la capacidad que se tenga, en los próximos años, para garantizar que el desarrollo tenga como supuesto fundamental a la paz, porque lo inaceptable es que continúe creciendo este fenómeno que ya ha puesto en una severa crisis a nuestros más básicos principios y procesos democráticos.
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