En los últimos tres años se han acumulado un número importante de eventos de suma gravedad en el estado de Chiapas. Desde la crisis migratoria, que ha profundizado las tensiones en las zonas fronterizas de mayor intensidad de flujos de personas y mercancías, hasta la cada vez más palpable presencia territorial y capacidad operativa del crimen organizado.
Escrito por: Mario Luis Fuentes
El secuestro de civiles, empleados de la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana del estado de Chiapas, por parte de un grupo criminal que pretende la destitución de varios funcionarios de la misma dependencia constituye uno de los desafíos más agresivos que han planteado los cárteles delincuenciales al Estado mexicano, y encuentra símil solo en el llamado “Culiacanazo”, donde se paralizó la ciudad de Culiacán, en Sinaloa, logrando con ello la liberación de uno de sus más prominentes líderes.
El chantaje a la autoridad implica un nivel de confrontación muy alto; pero en este caso, el desafío sube varios tonos de nivel, porque se trata de la usurpación de una de las potestades exclusivas de las autoridades constitucionalmente constituidas, que consiste precisamente en el libre nombramiento y remoción de las y los funcionarios.
Ante la realidad de que la estrategia de seguridad pública está siendo rebasada en todos los frentes pública, los grupos delincuenciales se aventuran cada vez más hacia el desarrollo de actividades que hace treinta años hubiesen resultado impensables, porque a pesar de la corrupción que existía, aún había límites claros impuestos a las actividades y posibilidades de actuación del crimen organizado. Eso, ahora se encuentra roto y amenaza cada vez más al Estado, con las consecuencias que eso tiene para la población civil.
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Este año se cumplirán tres décadas desde el alzamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Y luego de treinta años, además de que los rezagos ancestrales se han mantenido en esa entidad, ahora las problemáticas se han complejizado aún más, pues estamos ante la penetración de las bandas delincuenciales en espacios donde con anterioridad era difícil que lograsen entrar, y que son precisamente los pueblos y comunidades indígenas.
En diferentes zonas del país hay procesos de participación armada en las llamadas autodefensas, de numerosas personas que forman parte de los pueblos originarios; pero lo más grave es no se sabe quiénes financian a esos grupos, quienes los equipan, entrenan y les entregan armas para que puedan llevar a cabo las actividades que desarrollan.
Es pensable, en ese contexto, que muchos de esos grupos no son sino carne de cañón de grupos criminales que ponen en el frente a persona que legítimamente defienden su vida, sus territorios, sus viviendas y sus familias; pero que, en el fondo, sin proponérselo, están contribuyendo a “eliminar a la competencia” de los grupos que están detrás de su capacidad operativa.
No debe perderse de vista que la frontera mexicana con Guatemala es de prácticamente mil kilómetros de extensión; y que es una de las fronteras más porosas del mundo, pues en ella se tejen las más complejas y diversas redes de tráficos ilícitos que hay en el orbe: desde autopartes y vehículos robados, mercancía pirata, tráfico de personas migrantes en situación irregular, víctimas de trata de personas, animales en peligro de extinción, hasta las más sofisticadas drogas y otros productos que se comercian en los mercados ilegales.
Al penetrar en las comunidades y pueblos indígenas, los grupos criminales provocan fenómenos muy complejos, como lo es el del desplazamiento forzado de personas, como ha estado ocurriendo en los últimos meses en diferentes regiones -Chenalhó, de manera emblemática-, lo cual revive heridas que nunca terminaron de cerrar, como la provocada en la matanza de Acteal.
Chiapas es una región de alta complejidad por todos estos factores, pero también porque es la entidad del país con mayor pluralidad religiosa. Lo cual ha llevado a conflictos interreligiosos e interétnicos. Por ello es doblemente preocupante lo que ocurre ahora, porque de llegarse a mezclar la intolerancia religiosa con la pertenencia a ciertos grupos criminales, aquello puede tomar tintes inéditos y cuyas aristas y consecuencias entran en el terreno de lo que es mejor no permitir que ocurra.
En este gobierno se han acumulado ya muchas crisis que se han logrado procesar sin generar aún un proceso de descontento social generalizado respecto de la presidencia de la República y su titular: la tragedia de Tlahuelilpan, las ya incontables masacres perpetradas por el crimen organizado; el ya mencionado “culiacanazo”; la tragedia del Metro de la Ciudad de México, la tragedia de los mineros en Sabina, Coahuila, además de la irresponsable gestión de la emergencia sanitaria de la COVID y la crisis económica que se le asoció, y una incontable lista de eventos de gran escala.
Pero lo anterior significa que necesariamente no vaya a ocurrir y que se genere un desánimo o un desencanto respecto de los nulos logros estructurales del gobierno. En este escenario, Chiapas tiene ese potencial: el de generar una crisis de tal magnitud que, ya se vio en 1994, alteró el rumbo y destino del país en muchos sentidos y en muchas líneas y rutas que no hemos terminado de transitar.
Por eso la atención que debe ponerse a esa entidad de la República es urgente. Y por ello preocupa que la respuesta del Ejecutivo ante la más reciente coyuntura es que hará un llamado a los ascendientes de los malhechores para que les llamen la atención. Postura que constituye un despropósito que lleva a pensar, que al presidente no le interesa lo que allá ocurre; o que no ha dimensionado la magnitud del riesgo ante el que está el país si esa región entra en una crisis mayor.
En el estado de Chiapas se cifran mucho más que meros “eventos locales y aislados”; por su selva, por sus comunidades, por sus redes sociales, circulan elementos de los que, difícilmente, alguien tiene un diagnóstico completo, y cuyo desconocimiento o comprensión puede llevar a cometer errores de enormes consecuencias para México.
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Investigador del PUED-UNAM
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