La insuficiencia y el desplome presupuestal del agua
La nuevas y crecientes tensiones por la crisis hídrica no provienen solo de la menor disponibilidad de agua, las anomalías de lluvia o el periodo de sequía en algunos estados, el crecimiento acelerado de la demanda o los efectos del cambio climático, sino también por los rezagos de la inversión pública y las deficiencias de planeación y gestión nacional y en los estados y municipios.
Escrito por: Enrique Provencio D.
Algunos de esos factores tienen más peso en unas regiones, en comparación con otras, pero en general todo el país ha resultado afectado por una insuficiencia de recursos económicos para atender las necesidades de nuevas obras de abastecimiento, tratamiento, eficiencia de uso y reutilización de agua, y sobre todo, para proteger los servicios ambientales hídricos, es decir, para cuidar las fuentes de los escurrimientos superficiales y la recarga de los acuíferos, sobre todo en las partes altas de las cuencas.
Te invitamos a leer: Somos el cambio: una iniciativa para la comunidad
Si se mira la gráfica que acompaña a esta entrega se podrá notar de un vistazo que el ajuste al presupuesto de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) fue muy drástico a partir de 2015, y que en la inversión la baja ya había empezado en 2013. En los cuatro años que corrieron de 2015 a 2019 el gasto de CONAGUA, ya descontado el efecto de la inflación, se había reducido a la mitad, y la inversión se desplomó aún más.
Presupuesto total y de inversión de la Comisión Nacional del Agua 2005-2022.
Miles de millones de pesos a precios de 2020.
¿Cuáles fueron las razones por las que se descuidó de tal modo el presupuesto y sobre todo la inversión en agua? Se trató, principalmente, de una consecuencia de aquella política que en su momento se llamó la consolidación fiscal, y que se puso en práctica sobre todo a partir de 2015 para conseguir a toda costa un superávit primario en las finanzas públicas. Implícita o explícitamente, a ese fin se subordinaron muchos objetivos nacionales estratégicos, incluyendo los de la seguridad hídrica y la garantía efectiva del derecho al agua.
No solo se sacrificó el presupuesto federal, sino que también ser redujeron las contrapartes estatales y municipales de las inversiones conjuntas, en parte por la propia inercia o el arrastre a la baja generado por el recorte al gasto de CONAGUA, y en parte por la falta de ingresos propios de los sistemas locales de gestión, que en su gran mayoría padecen de una gran insuficiencia operativa y económica a causa de la deficiente medición, cobranza y recaudación por los servicios, además de la gestión poco profesional y los inadecuados diseños institucionales.
Así que alrededor de 2015 se cerró un largo ciclo en el que se fortalecieron los fondos para la gestión del agua, y aunque no puede asegurase que ya eran suficientes y que todos estos se gastaron con eficiencia y honestidad, es un hecho que había una tendencia a la mejora de la infraestructura hídrica y de los servicios. Faltaban muchos recursos para proteger los servicios ambientales en los que se soportan los flujos de agua, entre otras necesidades, pero se perdió margen de maniobra en todos los frentes, desde el agua potable y el saneamiento, al alcantarillado y la mejora de la eficiencia, entre otros.
Si se ojea otra vez la gráfica, se puede notar que en los tres años recientes se frenó el desplome del presupuesto de CONAGUA, y que a pesar de eso, apenas se están recuperando los niveles de 2019. Son muy elevadas las necesidades de nuevos fondos para enfrentar los rezagos acumulados y las nuevas urgencias que se están presentando, y no bastará con los leves incrementos que se han aprobado en este trienio. En algunas ciudades ahora es evidente, pero ya se había previsto y dicho, que es inaplazable realizar inversiones para contener de inmediato la crisis de abastecimiento de agua, como es el caso de la Zona Metropolitana de Monterrey, entre otras.
La necesidad de una gran reforma hacendaria puede sonar como algo muy general, académico o tecnocrático, pero si se piensa en el crisis hídrica, todo cobra más sentido: para garantizar el derecho equitativo al agua es necesario invertir mucho más en todos los órdenes de gobierno, con un horizonte de planeación a largo plazo, con prioridades bien identificadas y calendarizadas para abatir los rezagos en la cobertura y la calidad de los servicios, y, además para proteger los servicios ambientales hídricos, y para enfrentar las amenazas que ya está presentando el cambio climático. La próxima entrega seguirá tratando el tema.
Tambien te podria interesar: ¿Cuánta austeridad es posible?
[…] Te invitamos a leer: La crisis hídrica (4ª parte) […]