Las escenas del homicidio cometido por elementos de la policía del municipio de Tulum, en contra de una mujer de origen salvadoreño, constituyen una clara muestra de la crisis policial que ha vivido México desde hace décadas, y respecto de la cual se ha hecho muy poco para resolverla estructuralmente.
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Hay datos preocupantes en todos los ámbitos relativos a las corporaciones policiacas, sobre todo en lo local, donde las condiciones de trabajo son precarias, la capacitación deficiente, el equipamiento es insuficiente, y en general, hay además una enorme desvaloración social de la carrera policial, pues la mayoría de la población las percibe como ineficientes y corruptas.
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Es interesante destacar, en ese sentido, los resultados de la Encuesta “¿Qué piensan los policías?”, levantada por la organización Causa en Común. En este instrumento se consigna que sólo el 53% de quienes laboran en corporaciones policiacas lo hacen por vocación, mientras que el resto lo hace fundamentalmente por razones económicas.
De acuerdo con la misma encuesta, el 18% de las personas que laboran en corporaciones policiacas estatales o municipales gana más de 15 mil pesos a mes; 46% gana entre 10 y 15 mil pesos; mientras que 36% gana 10 mil pesos o menos mensualmente.
Hay además una gran cantidad de elementos que tienen que desembolsar de sus recursos para adquirir equipo de trabajo: 51% declara que han tenido que comprar con su propio dinero botas o calzado apropiado; 42% ha pagado su uniforme; 25% ha contribuido para reparar las patrullas y un porcentaje similar ha desembolsado dinero para comprar cartuchos.
Solo el 76% tiene seguro de vida; el 61% cuenta con seguridad social; 20% dispone de un seguro de gastos médicos mayores; mientras que únicamente el 29% cuenta con algún seguro o prestación para el caso que requiera de servicios funerarios.
Los datos son abundantes y reflejan que ser policía en algún municipio o estado del país es un trabajo de alto riesgo, que está muy mal remunerado, y que no hay una estrategia nacional coordinada para la dignificación de la carrera policial.
Esto se traduce en una pésima percepción de la ciudadanía respecto de las policías, pues el 86.7% opinó, en la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, levantada por el INEGI en 2019, que la corrupción es frecuente o muy frecuente en las policías de sus ciudades o estados. Y esto va de la mano con la percepción del 76.9% de que la corrupción es frecuente o muy frecuente en los ministerios públicos.
En esa misma encuesta se consigna que sólo el 30.2% de la ciudadanía opina que la presencia de la policía contribuye a generar una sensación de seguridad en sus comunidades; mientras que únicamente el 46.1% considera que la policía está dispuesta a ayudarles en caso de requerirlo. Como resultado, tenemos que en México únicamente el 26.2% de la población mayor de 18 años se dice satisfecha con el desempeño de sus policías.
No debe olvidarse que la reforma constitucional al Artículo 115 en materia de gobiernos municipales, les otorgó desde 1997 la responsabilidad exclusiva de mando y operatividad de la policía preventiva. Y también desde esa fecha, se diseñaron mecanismos presupuestales y programáticos para el fortalecimiento de la seguridad pública municipal.
En el ejercicio 2020, el informe institucional del desempeño del Fondo de aportaciones a la seguridad pública, se tiene un registro de prácticamente 10 mil millones de pesos invertidos en los distintos programas que integran a este fondo. De hecho, del 2010 al 2021, se habrían invertido más de 90 mil millones de pesos a través de este Ramo de gasto, pero cuyos resultados han resultado a todas luces insuficientes y negativos en múltiples vertientes.
Debe recordarse que esos recursos son únicamente los que se distribuyen a entidades y municipios vía el Ramo 33, y a los que deben agregarse los recursos destinados a la seguridad pública para la formación de la llamada Gendarmería Nacional en la administración anterior; y de la Guardia Nacional en la presente.
Por otro lado, se encuentra el innegable hecho de la amenaza constante de los grupos del crimen organizado a las policías municipales, las cuales no cuentan, ni de lejos, con los recursos y capacidades para hacerles frente o resistir su poder corruptor; de ahí los escandalosos casos de San Fernando o Patrocinio, donde se ha documentado que han sido las propias policías municipales las que entregan a las víctimas a los criminales; mientras que en vastas regiones del país, brindan protección, transporte o servicios de vigilancia para los grupos delincuenciales dominantes.
No es un secreto tampoco que, en numerosos municipios de estados como Baja California, Chihuahua, Sinaloa, Tamaulipas, Guanajuato, Jalisco, Michoacán y Guerrero, por citar los que enfrentan las más duras condiciones de violencia, los directores, existe la sospecha fundada de que subdirectores o comandantes de las policías municipales son impuestos por las mafias del crimen organizado y se encuentran literalmente bajo su mando o en franca connivencia.
De acuerdo con los datos oficiales, en el país tenemos un promedio diario superior a los 90 homicidios; y en el caso de los policías, los reportes muestran que entre 2019 y 2020 la cifra de personas uniformadas asesinadas creció en 17%; estableciéndose un nuevo récord histórico en el número de homicidios de elementos policiacos, al haber pasado de 446 en el 2019 a 524 en el 2020. Esto es, casi mil policías asesinados en sólo dos años. Preocupa sobre todo que, hasta el 26 de marzo de este 2021, la organización Causa En Común había documentado el asesinato de 113 policías en el país.
Esta situación es a todas luces insostenible pues no hay país que pueda aspirar al desarrollo integral con estos niveles de violencia, de descomposición institucional y de quebranto del Estado de derecho. A lo que se suma una sociedad que no está dispuesta a cumplir con la ley y que en lo general muestra un desprecio sistemático por la autoridad.
Urge revisar, sin duda alguna, el esquema federal de atribuciones y competencias policiales; pero, sobre todo, intervenir aceleradamente en el fortalecimiento de las capacidades locales para garantizar lo mínimo exigible en cualquier democracia: la salvaguarda del patrimonio y vida de las y los ciudadanos. De otro modo, lo que continuará vigente es el caos, y la prevalencia de una violencia y maldad sin límites que todos los días amenazan a la población del país.
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