De acuerdo con los datos del Coneval, entre los años 2014 y 2016 el grupo de población entre el cual se tuvo la menor disminución en los niveles de pobreza fue el de las niñas, niños y adolescentes. En la última medición, relativa al año 2016, entre quienes tienen más de 18 años el porcentaje de personas en pobreza fue de 39.9%; en contraste, el 51.1% de los menores de 18 años vivían en pobreza
Adicionalmente, el Coneval estimó que para el año 2016 sólo 19 de cada 100 niñas y niños podían ser considerados como no pobres y no vulnerables; es decir, sólo dos de cada diez niñas y niños tienen acceso a lo que es considerado en la medición oficial como “condiciones adecuadas de bienestar”.
El Módulo de Trabajo Infantil que levanta periódicamente el Inegi muestra también que en el año 2015, de los 29.4 millones de niñas, niños y adolescentes entre cinco y 17 años de edad, 27.3 millones asisten a la escuela; es decir, dos millones están fuera de la escuela, mayoritariamente en el nivel de educación media superior.
No deja de resultar trágico, frente a ese indicador, que las principales causas de muerte en ese grupo de edad son los accidentes, los suicidios y los homicidios; es decir, las causas consideradas por el Inegi como violentas.
Adicionalmente, en la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto en los Hogares, 2016, se estimó que en 10.7 millones de hogares en los que hay al menos un menor de 18 años, se tuvieron dificultades para satisfacer las necesidades alimentarias de las niñas, niños y adolescentes.
De esa suma, en tres millones de hogares algún menor comió menos de lo que debía comer; en 2.98 millones se tuvo que disminuir la cantidad de comida que se les ofrece diariamente debido a la falta de recursos económicos; mientras que 1.23 millones de los hogares señalados, “algún menor sintió hambre, pero no comió”; y en 881 mil hogares algún menor dejó de comer todo el día, al menos en una ocasión en los tres meses previos a la encuesta.
Frente a estos datos, los avances que se han conseguido palidecen y se muestran siempre como insuficientes. Es cierto que tenemos una ley general de amplio espectro; que se ha construido un nuevo Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez; hay un sistema de justicia penal adolescente; y se ha logrado prácticamente la matriculación universal en primaria.
Aun con ello, la permanencia en la escuela, principalmente en secundaria y bachillerato, es muy baja, comparada con los países de la OCDE; y todo ello sin contar la baja calidad de la educación y la escasa pertinencia de los programas y planes educativos, ya no sólo para el tema de la empleabilidad, sino, sobre todo, para la construcción de ciudadanos plenos.
Han transcurrido ya casi 30 años desde que México ratificó la Convención de los Derechos del Niño y la Niña, y las condiciones en que vive la niñez, como puede verse, se encuentran muy lejos de la garantía siquiera del derecho al mínimo vital sobre el cual ya hay pronunciamientos jurisprudenciales del Poder Judicial de la Federación.
Construir un país apropiado para la niñez implica, debe decirse, un nuevo Estado de bienestar. Porque garantizar de manera integral, interdependiente, simultánea y progresiva el catálogo de todos sus derechos, implica, desde una institucionalidad distinta, hasta una lógica diferente de presupuestar y asignar los recursos públicos.
Invertir decididamente en la niñez exige de una renovada concepción de lo que es el desarrollo, pues sólo desde una idea clara sobre cómo construir una sociedad igualitaria y para todas las edades es que podría avanzarse en el cumplimiento del Principio del Interés Superior de la Niñez. Se trata, sin duda, de un imperativo ético que aún no hemos sabido honrar.
@MarioLFuentes1 Barack Obama presentó su último “discurso a la nación” el pasado marte
