La Defensoría del Pueblo

La Defensoría pública, es decir, el Instituto Federal de Defensoría Pública es el órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal encargado de garantizar el derecho a la defensa pública de manera gratuita en materias penal, administrativa, fiscal, civil, familiar, movilidad y sujetas a protección internacional (migrantes y refugiados), personas con discapacidad y en materia laboral.

Puedes seguir al autor Netzaí Sandoval Ballesteros en Twitter @Netzai.Sandoval

El propósito del Instituto

El servicio de defensa pública permite atender a la población en situaciones de pobreza y vulnerabilidad, con la finalidad de superar las desigualdades sociales.

Derivado de la reforma judicial de 1994 se publicó en el DOF la creación del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) como un órgano de gobierno, disciplina y administración del Poder Judicial de la Federación (PJF) al que se incorporó la Unidad de Defensoría del fuero federal, con el carácter auxiliar, significando la permanencia de dicha institución en el PJF.

Fue en mayo de 1998 que se publicó la Ley Federal de Defensoría Pública por la cual se creó el Instituto Federal de Defensoría Pública como órgano del PJF, dotado de independencia técnica y operativa. En noviembre de ese mismo año se publicaron en el DOF las Bases Generales de Organización y Funcionamiento del Instituto.

Un caso ejemplar

La Defensoría pública representa casos como el de “María Magdalena” detenida y acusada por los delitos de posesión de narcóticos con fines de comercio, portación de armas y posesión de cartuchos, ambos de uso exclusivo del ejército; que eran propiedad de su medio hermano. Una persona, por cierto, de quien ella recibía malos tratos, amenazas y violencia física y emocional.

“María Magdalena” trató de huir junto con su sobrino de seis años (hijo de su medio hermano) a quien cuidaba al momento de ser detenida por hechos ilícitos que había cometido su medio hermano. Comúnmente las mujeres son criminalizadas por las conductas ilícitas de sus parejas o familiares con los que mantienen relaciones asimétricas de poder.

A “María Magdalena” se le designó una defensa pública y con el acompañamiento de la Unidad de Litigio Estratégico en Derechos Humanos de la Defensoría se solicitó al juez practicar un dictamen en materia de psicología con perspectiva de género, el cual se realizó a cargo de una especialista del área de Ciencias Forenses de la propia Defensoría.

Lo anterior permitió visibilizar las condiciones de vulnerabilidad y el contexto de violencia familiar y de género en el que vivía “María Magdalena”, logrando con ello dar certeza y fiabilidad de su versión de los hechos y establecer una razonabilidad probatoria que fue valorada por el Tribunal. Además, la Fiscalía no logró demostrar más allá de toda duda razonable su responsabilidad, por lo que fue puesta en libertad bajo una sentencia absolutoria.

A favor del pueblo

Este es uno de los múltiples casos que la Defensoría pública federal ha logrado representar con éxito gracias a su mejoras y robustecimiento en los últimos años. Tomando como estandarte las Líneas Generales de Trabajo 2019-2022 proyectadas por el Ministro Presidente Arturo Zaldívar, se ha impulsado contar con una defensa de calidad, con perspectiva en derechos humanos, género e interseccionalidad; tomando en cuenta el contexto social de las personas representadas.

Ahora, la Defensoría pública litiga también en el ámbito internacional en el Sistema Regional y Universal de Protección de Derechos Humanos. Ha solicitado medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, presentado comunicaciones ante el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el Comité de los Derechos del Niño; denuncias ante el Comité contra la Tortura y el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU.

La Defensoría pública federal cuenta con defensores públicos interamericanos, quienes representan a personas ante la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto, al ser la Defensoría integrante de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF), de la que soy coordinador de América del Norte.

Al litigio estratégico

Se creó la Unidad de Litigio Estratégico en Derechos Humanos de la cual depende el Área de Ciencias Forenses y que actualmente cuenta con 30 personas peritas y 33 especialidades. Han impulsado que las y los oficiales jurídicos apoyen a las labores de defensa penal a través de la obtención de datos de prueba, aumentándose su número en un 385%. Se promovió el uso de la FIREL y el juicio en línea. En 2019 tan sólo el 56% del personal de defensa penal y asesoría jurídica contaba con FIREL, hoy el 99% tiene firma electrónica.

La presencia de la Defensoría pública federal aumentó en todo el país. Para el 2020 se terminaron de crear las delegaciones en Aguascalientes, Campeche, Colima, Hidalgo y Tlaxcala; logrando estar en 118 ciudades que cuentan con más de 260 asesoras y asesores jurídicos, y casi 900 defensoras y defensores públicos, quienes se apoyan en sus respectivos oficiales jurídicos.

En materia de derechos de las personas, pueblos y comunidades indígenas, el Ministro Presidente Arturo Zaldívar proyectó en sus Líneas Generales de Trabajo el contar con al menos 68 lenguas indígenas, número que se superó al tener actualmente 147 variantes lingüísticas en las que la Defensoría pública puede brindar servicios. De 2019 a la fecha se incrementó el 159% del personal bilingüe y el 287% el número de variantes lingüísticas, pasando de 46 a 119 personas hablantes de lengua indígena.

Otras mejorías

Con la finalidad de garantizar mejores servicios a las personas usuarias y optimizar el tiempo para atenderles de manera oportuna, se creó un sistema de calendarización de citas que ha permitido aumentar la efectividad del servicio. El resultado: de 2018 a 2019 se agendaron mil 229 citas; y de 2020 a 2021 han sido 25 mil 732.

Contamos con un call center DEFENSATEL, que se encuentra disponible las 24 horas los 365 días del año, en el número telefónico 800 22 42 426. Su sede central se encuentra en la Ciudad de México —en Bucareli 22, en la zona centro— a la que se puede llegar por la Línea 4, en la estación del Metrobús recién renombrada como “Defensoría Pública”, a una cuadra de las oficinas.

La Defensoría pública federal se sigue fortaleciendo, sus abogadas y abogados cada día están más capacitados y se encuentran comprometidas y comprometidos para servir de forma ética, profesional y con convicción a las personas que más lo necesitan en este país.

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Sobre el autor:

Netzaí Sandoval es Maestro en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Máster en Derecho Parlamentario, Elecciones y Estudios Legislativos
por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Administración y
Procuración de Justicia por la UNAM. Licenciado en Derecho por la UNAM
donde se graduó con honores. Graduado del curso de formación de Secretarios
del Poder Judicial de la Federación. Fue Asesor del entonces Presidente de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ministro Guillermo I. Ortiz
Mayagoitia y Asesor de la Ponencia del Ministro Arturo Zaldívar.

Ha sido consultor en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y en el Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales. Abogado postulante en Derecho Administrativo y Amparo. Fue
coordinador de asesores de la presidencia en el Instituto Electoral del Distrito
Federal y asesor de la Consejera Jurídica del Gobierno del Distrito Federal. Su
trabajo académico ha sido premiado por el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación. Desde el 10 de enero de 2019 se desempeña como
Director General del Instituto Federal de Defensoría Pública, siendo designado
por unanimidad del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Es
Coordinador de América del Norte en la Asociación Interamericana de
Defensoría Públicas.