El 2023 será un año de definiciones, encrucijadas y dilemas para la vida democrática en México. Desde reformas legales que amenazan con desfigurar a la autoridad electoral mexicana en la víspera de la elección más grande la historia, pasando por procesos electorales locales, la renovación de las titularidades en instituciones y órganos centrales del Estado mexicano, hasta elementos del contexto socioeconómico y de las relaciones con los principales socios comerciales de México, pondrán a la democracia mexicana bajo una aguda tensión en los próximos 12 meses. Las fuentes de posibles riesgos y tensiones en la democracia mexicana se ubicarán en tres coordenadas básicas.
Escrito por: Roberto Castellanos Cereceda
La coordenada político-electoral.
En 2023 habrá actividad política-electoral definitoria en tres ámbitos. Por un lado, a nivel local, las elecciones del 4 de junio en Coahuila –que renueva gubernatura y Congreso local– y el Estado de México –que elige gubernatura–, serán claves como anticipación de lo que pueda suceder en el proceso electoral del 2024. Más allá de los resultados electorales concretos, de suyo significativos, habrá que seguir el desarrollo de las elecciones, su nivel de conflictividad y polarización, el uso que se haga de programas sociales, y las sanciones que en consecuencia se apliquen, así como el papel que jueguen, en su caso, las autoridades electorales locales (y las nacionales, en lo que les corresponda), ejerciendo su autonomía e independencia.
Por otro lado, a nivel nacional, en septiembre iniciará el proceso electoral 2023-2024 para renovar, el 2 de junio del 2024, la presidencia de la República, el Senado, la Cámara de Diputados, y diferentes cargos en 30 de los 32 estados del país, incluyendo 9 gubernaturas. Por el número de cargos en disputa y electores potenciales, será la elección más grande que hayamos tenido hasta ahora en México. Y como parte de este proceso, a finales de este año tendrán que definirse o al menos perfilarse con más claridad las candidaturas presidenciales de las fuerzas políticas que habrán de contender en el 2024.
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Las elecciones, el voto y la renovación pacífica del poder público es parte del corazón de la vida en democracia. Las tensiones y conflictos que en ese terreno sucedan, y cómo se procesen y resuelvan en el 2023, va a determinar cómo llegaremos a la conclusión del gobierno actual y qué tan agitado podrá ser el 2024.
En sede legislativa, en febrero de este año, tan pronto inicie el periodo ordinario de sesiones de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, el Senado conocerá, y eventualmente podría aprobar, los últimos cambios que la Cámara de Diputados hizo a la reforma electoral legal, o “plan B”, que originalmente presentara el presidente de la República en 2022. Los cambios legales representan un desfiguramiento de los pilares organizativos de las elecciones en México y ponen en riesgo la autonomía, independencia y certeza de los procesos electorales en el país. El caudal de recursos legales que la aprobación de la reforma seguramente detonará, anticipan un periodo que, si bien no afectaría la organización de las elecciones en Coahuila y Estado de México, sí abren un periodo (absolutamente innecesario y por ello irracional) de incertidumbre respecto del futuro de las reglas del juego democrático en el país.
La coordenada institucional
El 1º de enero de este año, en un hecho histórico, el pleno de los 11 ministros de la Corte votó mayoritariamente por designar a la ministra Norma Piña como presidenta de la cabeza del poder judicial en el país, la primera mujer en ocupar esa posición en la historia del máximo órgano jurisdiccional nacional.
La Corte ha venido jugando un papel cada vez más activo e importante en asuntos clave de la vida pública y constitucional del país, y lo seguirá haciendo. La llegada de la ministra Norma Piña a la presidencia de la Corta muestra, con su sola designación colegiada, una señal de vitalidad democrática que, esperemos, se refleje en las deliberaciones y los fallos del máximo órgano constitucional del país.
La renovación parcial del órgano directivo del INE, el Consejo General, es el otro proceso institucional y de Estado clave para el arranque del año. El 3 de abril concluye el periodo para el que fueron designados por la Cámara de Diputados tres consejeros electorales del Instituto, Adriana Favela, Ciro Murayama y José Roberto Ruiz Saldaña, y el consejero presidente, Lorenzo Córdova. Para esa fecha las y los diputados tendrían que haber designado a igual número de consejeros, incluyendo a quien presidirá el INE. El ataque y acoso reiterados a los que ha estado sujeto el INE por parte de actores políticos, incluido el presidente de la República y la mayoría legislativa del Congreso, así como el “plan B” de la reforma electoral, estresan aún más este proceso de cambio institucional.
Además, de acuerdo con el Observatorio de Designaciones Públicas hay 14 designaciones de titulares de diversas instituciones de Estado por definirse en 2023, que se suman a 20 pendientes de años previos; un total de 34 nombramientos (ya hay propuestas para la Junta de Gobierno del Banco de México y la Comisión Federal de Competencia Económica, pendiente desde el 2021). De estas destacan dos magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que deberán designarse, también por el Senado, hacia finales de año. Estas designaciones serán claves porque se trata de la instancia que conocerá las impugnaciones del proceso electoral 2024, la que verificará la validez de la elección presidencial y declarará legalmente electo al próximo o próxima titular de la presidencia de la República.
Las coordenadas socioeconómicas
Más allá de lo electoral y de las coordenadas estrictamente políticas, la vitalidad de una democracia requiere de la satisfacción de las demandas ciudadanas cotidianas y de condiciones de gobernabilidad, y para lograrlo, los gobiernos requieren de recursos suficientes. Por ello, habrá que seguir con especial atención el frágil balance fiscal del gobierno federal, subsanado con un déficit (que en 2023 será el más alto de los últimos cuatro años) que se ha tenido que cubrir con deuda, situación que parece insostenible en el tiempo (más aún ante la inminencia del cambio de gobierno en el 2024).
A las tensiones internas, pueden sumarse otras que vienen de allende el Río Bravo. En efecto, si bien la agenda oficial de la X Cumbre de Líderes de América del Norte definió seis temas oficiales de interés compartido para México, Estados Unidos y Canadá (diversidad; equidad e inclusión; medio ambiente y competitividad; migración y desarrollo; salud; y seguridad común), el de la vida democrática en México es otro asunto que ha ido subiendo de perfil en las preocupaciones de Washington.
En diciembre del 2022, Bob Menendez, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado en EEUU, en carta pública dirigida al secretario de Estado, Antony Blinken, manifestó la preocupación de dicha Comisión por el “plan B” de la reforma electoral en México y por los esfuerzos en “erosionar la credibilidad y autonomía de las instituciones electorales” por parte del presidente de la República.
Esta llamada de atención se suma a una resolución de un grupo de 10 senadores demócratas presentada en julio del 2022 condenando la violencia en contra de periodistas en México y haciendo un llamado al presidente López Obrador para prevenirla y garantizar la libertad de expresión en el país.
Y hay que agregar también una enmienda que el Congreso estadounidense le hizo a la Ley de Gastos en materia de Defensa Nacional (NDAA) del 2023 por la que mandata al presidente Joe Biden a emitir un informe sobre “cualquier cambio en las instituciones electorales y democráticas de México, incluyendo su capacidad para asegurar la rendición en materia de violación a los derechos humanos y su impacto en la seguridad nacional”.
Los problemas de la democracia mexicana los debemos resolver las y los mexicanos, pero la democracia es un bien público global, porque su deterioro en un país, termina afectando, eventualmente a otros (la expansión de los populismos autoritarios en el mundo es el ejemplo más reciente).
¿Y la sociedad civil?
Ningún régimen democrático es sostenible sin una sociedad civil involucrada y organizada para defenderla. En ello se cifran buena parte de sus posibilidades de supervivencia. El 2023 será un año en el que la sociedad civil deberá continuar organizándose y actuando (como lo hizo en la marcha del 13 de noviembre del 2022), para llegar al 2024 fortalecida, con una agenda social y política propia, que incluya la defensa y ampliación de la democracia.
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