En la década de los 80 del siglo pasado, los gobiernos neoliberales plantearon una de sus tesis más fuertes: “no hay sociedades, hay individuos”. Plantearon entonces que, entre el Estado y los individuos, no bebía haber intermediación alguna, y que lo que debía hacerse, entre otras medidas, era garantizar ingresos para que las personas pudieran participar en los mercados de manera eficiente
Lo anterior, como parte de un proceso de desmantelamiento del “Estado de Bienestar” y sus instituciones, como la seguridad social, y las redes de organización comunitaria que recibían subsidios para la prestación de servicios que el Estado no podía proveer por sí mismo, o en los cuales, al ser tan especializados o focalizados territorialmente, le era más costoso asumirlos directamente, que promover la organización de la sociedad civil para que esta pudiera desarrollar capacidades colectivas para enfrentar y solucionar problemas de acuerdo con sus contextos, tradiciones y métodos de organización.
Recordar lo anterior es relevante, frente a la nueva crítica que el Ejecutivo federal ha lanzado en contra de la sociedad civil organizada, a la cual ha encasillado en el grupo de organizaciones que, desde el sector privado, han recibido cuantiosas sumas de recursos públicos para el desarrollo de actividades de interés de particulares y, que ,además, han abusado de los beneficios fiscales de estas acciones.
En esa perspectiva, sostener que la sociedad civil es un “producto neoliberal”, constituye un importante yerro, político y conceptual, porque implica desconocer 500 años de organización social y comunitaria que le ha permitido a nuestro país que millones de seres humanos tengan la posibilidad de subsistir y de tener la solidaridad de los demás ante situaciones extremas de abandono institucional y vulnerabilidad social; y que en el ámbito político, mediante movimientos como el del 68, el 71, la organización social en 1985 y otros ejemplos, han permitido que agendas como los derechos humanos, la no discriminación o los derechos de las personas con discapacidad sean visibilizados y defendidos.
Es un hecho que en todo el territorio nacional hay organizaciones de la sociedad civil que actúan en suplencia del Estado; es decir, ante la incapacidad institucional de prestar servicios públicos, la sociedad civil se organiza para hacer lo que es responsabilidad constitucional y legal del aparato público, pero que, por la falta de recursos o de capacidades, no desarrolla en ciertos ámbitos o espacios territoriales.
Al igual que el trabajo doméstico no remunerado, hay una gran cantidad de energía, recursos y capacidades puestas al servicio de los demás, que aporta una gran cantidad de riqueza al país; y que no sólo debe ser reconocida, sino alentada y fortalecida.
Por ello, sorprende la tabla rasa con la que el Presidente juzga a la sociedad civil, pues no hay democracia consolidada en el mundo en la que no haya una sociedad civil activa, participativa y movilizada en torno a causas y agendas.
Así, para promover la organización social, en 2004 fue creada la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, a fin de apoyar la creación de nuevas organizaciones, de consolidar a otras ya existentes, y de permitir el crecimiento de aquellas que habían acreditado buenas prácticas; y dado que el Presidente juró cumplir y hacer cumplir la Constitución y sus leyes, aun cuando no esté de acuerdo con la visión implícita en este ordenamiento, está obligado a darle plena vigencia y cumplimiento.
No es cierto que la sociedad civil organizada se dedique sólo a ser un “puente” para distribuir dinero del Estado a la ciudadanía; lo que está en juego es la posibilidad de que en México podamos arraigar y mantener una práctica histórica de solidaridad, ayuda mutua, cooperación y búsqueda compartida del bienestar y el desarrollo. Atentar contra eso es, en sentido literal, un atentado contra la historia democratizadora, en el sentido más amplio del término, en nuestro país.
Investigador del PUED-UNAM
Twitter: @MarioLFuentes1
