por Mario Luis Fuentes
De acuerdo con el INEGI, en México había en 2010 un total de 5.73 millones de personas con alguna discapacidad; de ellas, de acuerdo con el CONEVAL, 54% son pobres y 51.1% presenta rezago educativo. En el 75% de las escuelas no hay rampas para personas con discapacidad, y en prácticamente 80% no hay baños adaptados a sus necesidades. Las mujeres son quienes llevan la mayor carga en su cuidado, pues aportan el 75% de las horas requeridas para su atención.
A la memoria de Gilberto y Cova, por su tarea de toda una vida
La epidemiología de la discapacidad debe explicarse y comprenderse en el marco de la transición epidemiológica nacional. Esto es así, porque si las tendencias de mortalidad han cambiado drásticamente hacia una mayor carga de las enfermedades no transmisibles; lo mismo ha ocurrido en el ámbito de la discapacidad pues hoy en la mayoría de los casos se trata de discapacidades adquiridas, ya bien como resultado de accidentes, o bien como efectos derivados del padecimiento de enfermedades crónico-degenerativas, fundamentalmente por diabetes y enfermedades hipertensivas.
Hoy tenemos pues un complejo escenario en el que la discapacidad se vive en medio de la pobreza, la desigualdad, la falta de oportunidades y en general, un contexto generalizado de incumplimiento de derechos, que sitúan a quienes viven con alguna discapacidad entre los grupos de población con mayores desventajas.
¿Cuántos y quiénes son?
De acuerdo con los resultados del Censo del 2010, elaborado por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), en el país había en ese año un total de 5,739,270 de personas con alguna “limitación”; de ellos, 2,808,136 eran hombres y 2,931,134, mujeres.
Como ya se dijo, hemos pasado de ser un país en el que la mayoría de quienes vivían con alguna discapacidad eran niñas, niños y jóvenes, a uno en el que la mayoría se ubica entre la población adulta y adulta mayor. En efecto, del total de mujeres que tienen alguna discapacidad, el 7.4% eran niñas (menores de 12 años); 8.2% eran jóvenes (de 12 a 29 años); el 32% eran mujeres adultas (de 30 a 59 años); y el 52.3% adultas mayores (60 años o más). Por su parte, entre los hombres las proporciones son: 8% eran, en el 2010, niños; 11.6% jóvenes; 33.6% adultos; y el 43.9% adultos mayores. Los porcentajes restantes (alrededor del 3%) se ubican en el ámbito de lo “no especificado”.
De acuerdo con las y los especialistas, las diferencias entre la población de mujeres y hombres jóvenes y adultos es resultado fundamentalmente de eventos violentos, tales como las lesiones intencionales y las lesiones en eventos de tránsito, las cuales ocurren generalmente entre los 14 y los 35 años de edad, y cuyas secuelas se presentan o se extienden a la edad adulta.
Las niñas y los niños: los más vulnerables
Uno de los ámbitos en que en mayor medida se expresa la discriminación y exclusión de las niñas y niños con discapacidad es el educativo. A pesar de que la normatividad de la SEP ha avanzado hacia nuevas propuestas de educación incluyente, la realidad que enfrentamos se muestra muy lejana respecto de al menos tres mandatos constitucionales: 1) Diseñar políticas bajo el principio del interés superior de la niñez (Artículo 4º); 2) Garantizar acceso universal a educación de calidad (Artículo 3º), y; 3) garantizar el derecho a la igualdad y a la no discriminación (Artículo 1º).
De acuerdo con los datos del Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica (CEMABE), elaborado por el INEGI, tres de cada cuatro escuelas en el país carecen de rampas de acceso para personas con discapacidad (75.2%); las entidades en que se encuentran los peores indicadores son: Oaxaca con el 96.9% de las escuelas sin rampas; Chiapas, con un 93.1%, Guerrero con 91.4%; Veracruz con 90.3%; Michoacán con 84.2%; San Luis Potosí con 82.3%; Hidalgo con 82.2%; Nayarit con 80.7%; Sinaloa con 80.4%; Puebla con 79.5%; Zacatecas con 79.2%; Durango con 77.6% y Tabasco con 76.4%.
La economía del cuidado
A la par de la agenda compleja de la discapacidad se encuentran otras agendas que regularmente se dejan de lado, tanto en el análisis, como en el diseño de políticas públicas; una de ellas es la relativa a la economía del cuidado y la agenda de la desigualdad entre mujeres y hombres.
En efecto, de acuerdo con la información de la Encuesta Nacional sobre el Uso del Tiempo (ENUT), en el país hay 5.43 millones de personas que dedican un importante porcentaje de su tiempo al cuidado de otros integrantes del hogar, que padecen alguna enfermedad crónica, o que viven con alguna discapacidad, o ambas.
De esa suma, 3.29 millones son mujeres y 2.13 millones son hombres; además de esta marcada diferencia, las proporciones de horas destinadas al cuidado de los otros es mayúscula pues tres de cada cuatro de esas horas las aportan las mujeres (73.4%). En actividades específicas, se encuentra que el 84.4% del tiempo requerido para ir a juntas, festivales o reuniones escolares, lo aportan las mujeres; para dar de comer, asear o vestir, aportan el 77.3%; para dar medicamentos o revisar síntomas el 68.3%; para llevar a clases, trabajo u otro lugar, el 66.9%; para llevar o recoger de la atención médica o rehabilitación, el 65.1%.
*Columna publicada con el mismo nombre en el periódico Excélsior, 01- Diciembre- 2015, p.
