Con el propósito de calibrar la profundidad de la desigualdad en la distribución del ingreso en México considérense los siguientes dos conjuntos de datos:
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(i) La información de la World Inequality Database (WID), presentada en el World Inequality Report 2022 (Chancel L. et al) muestra que América Latina es una de las tres regiones con mayor inequidad en la distribución del ingreso, superada sólo por el Oriente Medio y África del Norte, y por el África Subsahariana. En las tres regiones más desiguales las razones entre los ingresos promedio del diez por ciento más rico de la población y el cincuenta por ciento más pobre son: Oriente medio y África del norte 32; África subsahariana 31 y América Latina 27 (Chancel L. et al: 31). De acuerdo con estas cifras se necesita reunir, respectivamente, el ingreso de 32, 31 y 27 personas de la mitad más pobre de la población, para alcanzar el de una persona ubicada en el 10 por ciento superior.
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(ii) Al ordenar 15 países de América Latina de menor a mayor grado de desigualdad, medido por el índice de Gini, México fue clasificado por la Comisión Económica para América Latina (cepal) en el décimo lugar a cinco milésimas de Costa Rica, superado claramente por Paraguay, Panamá, Colombia y Brasil (CEPAL 2021: 53). El índice de México se refiere al año 2016 (0.491), que muestra una caída con respecto a 2014 (0.502), explicable sólo por los cambios en el operativo de campo que introdujo el INEGI en el levantamiento de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares de ese año.
En síntesis, México es un país con elevados niveles de inequidad en una de las regiones más desiguales del mundo.
Durante los últimos cinco quinquenios del siglo XX la economía académica y los organismos internacionales sostuvieron la idea de que la desigualdad en el ingreso es buena para el desarrollo, pero iniciado el siglo XXI mudaron su planteamiento coincidiendo así con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) que ha planteado desde su creación (1949) que la desigualdad es mala para el crecimiento económico (Cortes F. 2021).
Por otra parte, el avance del mercado y el retiro del estado de la actividad económica, que experimentó México desde mediados de los ochenta, época en que empezó a poner en práctica las medidas del Consenso de Washington, creó las condiciones para que los altos niveles de concentración en el ingreso ampliaran la desigualdad social.
En la medida que el estado se retira de las actividades económicas y se transforma en el regulador de la provisión de servicios, tales como la salud, educación, producción y financiamiento de viviendas, abasto de agua potable, generación y distribución de la electricidad, y un largo etcétera, el acceso a estos bienes y servicios se satisface a precios que se determinen en el mercado. En consecuencia, aquellas personas que más dinero poseen tienen la posibilidad comprar más y mejores mercancías y servicios.
Los servicios educativos se ofrecen en un abanico de escuelas a distintos precios y como consecuencia los hijos de las familias con más recursos económicos, tienen la posibilidad de alcanzar los niveles más avanzados del sistema educativo, no únicamente por los ingresos de sus hogares, sino también porque suelen cursar estudios en escuelas privadas de élite. Otras familias, con menos recursos económicos, pueden pagar escuelas y universidades privadas de calidad inferior, pero, se supone (supuesto que en muchos casos es falso), que proporcionan mejor formación e información que la impartida en los establecimientos públicos. Como consecuencia de la profunda desigualdad en el ingreso, combinada con el bajo nivel de los ingresos medios, una parte sustancial de la población de nuestros países dispone de recursos económicos únicamente para acceder a la educación pública o a la que proporcionan los establecimientos educativos privados que no son de élite y, en ocasiones, las carencias económicas obligan a las familias a retirar a sus hijos de la escuela para trabajar y obtener así el dinero que necesitan para su reproducción cotidiana. Es motivo de preocupación la desigualdad en el acceso a la educación, pues no sólo es un factor de integración social, sino es la puerta de entrada a las nuevas tecnologías productivas, al manejo de la información y a la comunicación, pilares del desarrollo económico del siglo xxi.
La educación como mercancía, no es un caso aislado lo mismo ocurre con la salud. Cada día aparecen más hospitales y clínicas privadas que proporcionan los servicios que antiguamente suministraba, casi en su totalidad, la red de salud pública. El avance del mercado por sobre el estado también se ha extendido a la protección social, así la jubilación pasó de un sistema de solidaridad intergeneracional, a uno financiado con aportes individuales (ahorro para el retiro) dando pie a que se agreguen al “negocio” empresas privadas codo a codo con los institutos estatales de seguridad social. También se han abierto espacios de negocios para encarar los eventos fortuitos de la vida, que ha llevado a la expansión del mercado de los seguros de vida y de gastos médicos mayores. Al retirarse el estado del proceso de construcción urbana en los sectores populares, estimuló el desarrollo del mercado inmobiliario (González de la Rocha y Escobar: 2022, en proceso de publicación). Incluso el mercado penetró profundamente en el ámbito electoral; las posibilidades de acceder a cargos por medio de elecciones están atadas al financiamiento de costosas campañas mediáticas, lo que en última instancia refuerza la concentración del poder político y económico.
El escaso dinamismo de la economía, la insuficiente creación de empleos, las precarias condiciones de trabajo el avance de la idea de que cada quien es responsable de sus decisiones (individuación), han debilitado a la organización sindical. En México, los salarios reales se han contraído tendencialmente (aunque han empezado a recuperarse a partir de 2019) lo que ha repercutido sobre la desigualdad en la distribución del ingreso. El incumplimiento de los derechos laborales, las magras remuneraciones y la inestabilidad en el empleo, aunados a los sectores de la población forzados a generar sus propias actividades económicas (autoempleo), merman las posibilidades de inclusión ciudadana de los trabajadores, generando procesos de exclusión y acentuación de las inequidades sociales.
La desigualdad en la distribución del ingreso incide sobre el empleo, la educación, la salud, la vivienda, la seguridad social, el espacio público y residencial, etc., y segmenta la vida social. Las personas tienden a aglomerarse en el espacio urbano según sus condiciones socio económica, a residir en sectores delimitados en las distintas ciudades, y también a asistir a espacios públicos espacialmente circunscritos, como parques, cines, teatros, bares, cantinas y lugares de recreación, donde la mezcla social es mínima. Así los países se transforman poco a poco, concentrando el poder, la riqueza y los ingresos, pero pagando el costo en la pérdida en cohesión social.
Adicionalmente, los elevados niveles de desigualdad son un obstáculo a la disminución de la pobreza en la medida que un aumento dado en el producto, tiende a provocar disminuciones mayores en los países menos desiguales. O, dicho de otra manera, el esfuerzo que se debe hacer para disminuir la pobreza en una magnitud dada, en dos países que tienen la misma prevalencia de pobreza, pero distinta desigualdad, será mayor en el país más inequitativo: la política de ataque a la pobreza será más exitosa en países con mayor equidad en la distribución del ingreso.
Por otra parte, corrientes diversas de pensamiento coinciden en señalar que la élite influye en perjuicio de la igualdad ya sea por la concentración de la propiedad, como por la política económica y social, las instituciones y los ordenamientos legales, que tienden a consolidar la distribución de los logros económicos con la distribución primitiva del poder (Fajnzylberg F (1989), Birdsall et al (2010), Levy S y Walton (2009), Stiglitz J (2012).
Considerando las amplias consecuencias desfavorables de la inequidad en el ingreso sobre una vasta gama de fenómenos sociales, políticos y económicos, así como en las condiciones de vida de la población, la pobreza, el crecimiento económico, la concentración del poder, la cohesión social y sus efectos sobre la vida cotidiana; abatir la desigualdad en la distribución del ingreso debería ser una de las preocupaciones centrales de los gobiernos y expresarse en medidas de política pública específicamente diseñadas con ese fin.
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Referencias
Birdsall, N., De la Torre, A., & Valencia, F. (2010). “The Washington Consensus: Assesssing a damage brand”. (Center for Global Development, Ed.) Working Paper 213.
CEPAL (2021), Panorama Social de América Latina, Santiago, Chile.
Cortés F. (2021) “Acerca de la desigualdad en la distribución del ingreso en América Latina”, en Barba Carlos, Gerardo Ordóñez y Yasodhara Silva (coords.) La cuestión social en el siglo XXI. COLEF/Siglo XXI, México.
Chancel, L., Piketty, T., Saez, E., Zucman, G. et al. World Inequality Report 2022, World Inequality Lab wir2022.wid.world
De Ferranti, D., Perry, G., Ferreira, F., & Walton, M. (2003). Inequality in Latin America and the Caribbean: Breaking with History? Washington, Banco Mundial.
Fajnzylber, F. (1989). Industrialización en América Latina: De la “caja negra” al “casillero vacío”. (N. Unidas, Ed.) Cuadernos de la CEPAL (60).
Levy, S., & Walton, M. (2009). “Equity, competition, and growth in Mexico: An overview”. En S. Levy, & M. Walton, No Growth without Equity? Inequality, Interests and Competition in Mexico. Washington, D. C.: Palgrave Macmillan y Banco Mundial.
