por María Gourley
Nuestro sistema capitalista, con su correspondiente mercado globalizado, ubica a los pueblos en posiciones específicas: explotadores y explotados, lo cual deja a una gran masa de población mundial en situación de vulnerabilidad. Desde su arbitrariedad en cuanto a distinciones, es precursor del divisionismo y la inequidad que constriñen a importantes grupos humanos a emigrar en busca de mejores condiciones de vida.
Los movimientos migratorios se definen como el “producto de las leyes económicas, estructurales e impersonales que establecen la división internacional del trabajo y de la desigualdad económica” y al emigrante como el “sujeto pasivo que se ve sometido a dichas leyes ajenas a su voluntad”, E.G. Ravenstein, Teoría Migratoria. Es por ello que los fenómenos migratorios no pueden ser comprendidos como una decisión individual y libre.
Un sistema de internacionalización económica coloca, en micro y macro sentido, la dimensión de igualdad en un plano ilusorio. Los sectores de alta industria se han fusionado con los sectores acomodados de consumo y las cúpulas castrenses, creando sistemas políticos y financieros por y para sus intereses. El resto de la población es figurativa y convenientemente representada: los pobres.
La mayoría de los migrantes en el mundo son, de facto, personas con escasos recursos (migrantes económicos y desplazados por conflictos bélicos y sociales). Otros tantos –cada vez más– son gente insatisfecha de sus propias sociedades, incluidas cuestiones culturales y de desarrollo educativo, personales y profesionales que no circunscriben asuntos de supervivencia (aunque igualmente relacionadas con el contexto anteriormente descrito).
México sabe de ello. Según los últimos datos proporcionados por el Banco Mundial, es el país que exporta más migrantes al mundo. Se calcula que 12 de los 214 millones de migrantes son mexicanos (5.6%). Su principal destino, Estados Unidos. Solo un 6% de ellos cuentan con formación profesional o estudios de posgrado y el 47% tienen como nivel máximo de escolaridad el grado secundario. Estas estadísticas puntualizan y corroboran las razones principales para abandonar el lugar de origen anteriormente expuestas.
Muchos migrantes mexicanos se encuentran en situación de irregularidad en el extranjero y las autoridades mexicanas se han manifestado en variadas ocasiones para que se respeten y reguarden sus derechos, con justa razón. Las agresivas políticas de deportación que se han aplicado durante la administración Obama, por ejemplo, han dejado un saldo de más de 2 millones de indocumentados expulsados. El gobierno estadounidense aduce que los deportados contaban con antecedentes criminales, pero las organizaciones no gubernamentales dedicadas al tema migratorio aseguran que 8 de cada 10 deportados no tenían récord criminal ni estaban relacionados con actividades ilícitas.
Si hablamos en términos históricos, los atropellos hacia los migrantes mexicanos por parte de los gobiernos y la ciudadanía de los Estados Unidos han sido de forma lamentable, constantes y sostenidos en el tiempo.
No obstante, el tema migratorio continua siendo un desafío importante para México dentro de sus propias fronteras.
En 2011, y como medida paliativa luego de la masacre de San Fernando, Tamaulipas, donde fueron ejecutados 72 migrantes centroamericanos por la delincuencia organizada, se promulgó una nueva ley migratoria que prometía resguardo y amparo para todos los migrantes dentro del territorio nacional. Francisco Herrera, quien fuera presidente de la Comisión de Asuntos Fronterizos del Sur en aquel entonces, aseguró que “ningún extranjero sería considerado delincuente, sin importar su condición migratoria” (25 feb. 2011, El Informador).
La nueva ley entró en vigor en 2012, sin lugar para la intervención ciudadana, y aún en 2014 el pueblo mexicano no cuenta con información sobre su contenido e implicaciones.
La situación para los migrantes se ha vuelto difícil porque el sistema ha implementado una serie de “candados” y filtros migratorias que solo permiten la estancia en el país a extranjeros con cierto nivel educativo y poder adquisitivo, sin ningún beneficio asociado para quien resida o transite como extranjero. Los criterios de selección son inflexibles, escrupulosos y más burocráticos que antes.
La ley anterior permitía la expedición de formas migratorias y actualmente se otorgan diferentes tipos de visas. El coste de una visa es de aproximadamente 270% más que el de una forma migratoria homóloga (muchos extranjeros residentes en México asumieron que el aumento en el costo sería destinado para el auxilio de los migrantes indocumentados, lo cual nunca sucedió). Para tramitar una forma migratoria se requerían de dos a tres semanas y actualmente la gestión de una visa puede demorar hasta cuatro meses y todo contacto y asistencia personalizada por parte de las autoridades migratorias se redujo a tramitología online.
Estas exigencias resultan confusas y abrumadoras para una persona cualquiera que resida o circule por una nación que no es la propia, amén de ser visiblemente prohibitivas. Dentro de los visados no se incorporó una visa de tránsito, dejando en situación de total indefensión a migrantes rurales y económicosque atraviesan el país con destino a Estados Unidos y que no tienen recursos para acceder a un documento oficial. Esto se traduce en miles de secuestros, fallecimientos y desapariciones dentro del territorio nacional, ya que los migrantes indocumentados deben viajar en condiciones deplorables y de absoluta desprotección, sin posibilidades de acceder a medios de transporte decentes y seguros.
Ingresar a México sin documentos migratorios corresponde a una falta administrativa, no a un delito penal, sin embargo, continúan las detenciones de migrantes en todo el país, transgrediéndose las leyes establecidas por la misma Constitución. Igualmente, la nueva ley faculta a las autoridades migratorias para cancelar residencias temporales y permanentes y para expulsar del país a personas extranjeras, por lo que compromete tanto a indocumentados como a migrantes establecidos.
La migración se sigue afrontando por parte del Estado mexicano, aun con la ley vigente, desde una óptica persecutoria y coercitiva, aunque oficialmente se asevere lo contrario. La nueva ley migratoria contraviene los acuerdos internacionales adquiridos con el derecho internacional, porque aborda la migración bajo un argumento de seguridad nacional y no desde una disposición humanitaria. Pese a que el migrante es ahora sujeto de derecho ante la ley, se le continua criminalizando por medio de retenes, filtros migratorios, operativos y visitas domiciliarias. Desafortunadamente los migrantes no podemos manifestarnos o intervenir en asuntos públicos y esta imposibilidad de retórica limita la visibilización de nuestra problemática.
Lo sucedido en San Fernando fue solo uno de los constantes actos violentos que miles de migrantes enfrentan al cruzar las fronteras de este país. Naciones Unidas ha declarado la situación que viven los migrantes de tránsito en México como una crisis humanitaria y no como una serie de hechos de violencia aislados. Las organizaciones civiles aseguran que cerca de 70 mil migrantes centroamericanos han desaparecido en su trayectoria por México rumbo a los Estados Unidos en los últimos años.
El mismo Instituto Nacional de Migración reconoce que estos actos de violencia extrema, que incluyen extorsión, robo, violación y ejecuciones, perpetrados regularmente por grupos delictivos no estructurados o pertenecientes a la delincuencia organizada, cuentan muchas veces con participación y connivencia de autoridades policiacas locales, migratorias y dependientes de la federación. Por ello la mayoría de los casos quedan resguardados en la impunidad.
La asistencia para la migración proviene actualmente de la sociedad civil y de sectores religiosos que se han comprometido con el problema migratorio. La organización sin fines de lucro FM4 Paso Libre (Dignidad y Justicia en el Camino, A.C.) ha realizado un trabajo significativo en la atención y la prestación de servicios específicos a migrantes de tránsito, principalmente a los provenientes de Centroamérica que utilizan trenes de carga para desplazarse (conocidos estos últimos como “La Bestia”).
Creada por un equipo interdisciplinario que ofrece ayuda integral a personas migrantes indocumentadas tienen recomendaciones específicas referentes al tema migratorio en México:
“FM4 Paso Libre recomienda a las autoridades y a la sociedad en general informarse, conocer cuestiones básicas acerca de la realidad de la transmigración; conocer que las leyes aún no tienen perspectiva de derechos humanos, pero que la Ley de Migración sí reconoce el rol de un defensor de derechos humanos, así como las actividades que realizan las organizaciones o albergues que brindan ayuda humanitaria a la población migrante.
“Lo siguiente es no criminalizar, puesto que es un acto que significa equiparar y tratar como delincuentes a las personas migrantes por el simple hecho de entrar sin documentos que avalen su regular estancia en el país.
“Finalmente, exhortamos a solidarizarnos de forma organizada, ya que estamos ante una realidad sumamente compleja. Únicamente así podemos emprender acciones y convertirnos en agentes proactivos que busquen, junto con las instancias públicas, civiles y académicas, una sociedad más libre, digna y justa”
-Diego Ramos, encargado de difusión y prensa, FM4 Paso Libre
No solo en Estados Unidos se infringen los derechos humanos básicos con la población migrante. En México también, todos los días, y se vuelve urgente un diálogo abierto e informado. La violencia de Estado aplicada a los migrantes por medio de la no observancia de los derechos humanos (aunque sea empleada alegando soberanía) debe ser vigilada y debatida por la ciudadanía, porque es la violencia de todos. Nos pertenece y nos incluye como sociedad y como nación.•
| María Gourley Artista multidisciplinaria chilena-canadiense, activista, docente y promotora cultural, miembro de la Canadian Alliance of Dance Artists, con estudios superiores en música popular, danza, lenguas y gestión, receptora de beca por excelencia académica otorgada por el Gobierno de Canadá. Se ha desempeñado en coordinación y producción en diferentes países, realizando labores de gestión, coordinación y docencia. En 2008 fue propuesta como “Mujer del año” por la comunidad latinoamericana residente en Vancouver, por su aporte a las artes y a la cultura. |
