por Juan Carlos Moreno-Brid / Luis Ángel Monroy-Gómez-Franco
Hace décadas que la economía mexicana no iniciaba un año en situaciones tan difíciles. Su actividad productiva está entrampada en una senda de muy lento crecimiento ─de hecho, en franca desaceleración─, su mercado laboral se deteriora y tanto la pobreza como la desigualdad permanecen intactas y en niveles altos. A la vez, desde varios meses atrás hay señales de deterioro en algunas variables macroeconómicas: la inflación, de niveles mínimos históricos, ha comenzado a remontar; las finanzas públicas se han deteriorado; la inversión pública se encuentra en su nivel más bajo; hay una perspectiva negativa en la calificación de deuda; y el peso se deprecia casi a diario frente al dólar.
El panorama se complicó más en los primeros días de enero a merced de la desafortunada instrumentación de un alza de 24% del precio de la gasolina. Sea por la falta de trabajo de convencimiento previo, por la contradicción que su alza implicó respecto a las promesas de la reforma energética de acabar con los gasolinazos o por la insatisfacción de diversos sectores de la población con el rumbo de la economía, el caso es que la medida detonó en el país vastas manifestaciones de oposición, incluyendo bloqueos en algunas vías importantes y carreteras. La respuesta oficial acusó una falta de oficio político en tanto que convocó a un Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar, tan débilmente concertado, que en el mismo acto oficial de su lanzamiento la Coparmex y la Unión Nacional de Trabajadores rechazaron suscribirlo.
En este escenario de pérdida de impulso de la actividad productiva, desestabilización de variables macro clave, crispación social, baja aprobación del gobierno y cuestionamiento de la política económica por representantes políticos clave del empresariado y de los trabajadores, la economía mexicana enfrenta graves amenazas externas. La principal emana de la política proteccionista anunciada por Trump, quien, incluso antes de tomar posesión, ha provocado la reversión de compromisos de inversión extranjera en nuestro país. Su denuncia del TLCAN, su amenaza de deportaciones masivas y de erigir un muro en la frontera cimbra el papel de México como plataforma exportadora a EUA.
La economía mexicana enfrenta graves amenazas externas. La principal emana de la política proteccionista anunciada por Trump
Todo ello mina el clima de negocios, debilita la formación de capital fijo en el país, incentiva la salida de capitales, agudiza la volatilidad cambiaria del peso y nubla más las expectativas de crecimiento. Una segunda fuerza adversa es el alza de tasas de interés asociada a la normalización de la política monetaria en EUA, pues incide adversamente en el dinamismo y la estabilidad de la intermediación financiera en nuestro país.
¿Cuáles con las perspectivas económicas de México? ¿Cuáles son los márgenes de acción de la política económica, los instrumentos y programas de respuesta de corto y largo plazo recomendables? El propósito de este texto es aportar elementos para ayudar a resolver estas incógnitas.
El trabajo se organiza de la siguiente manera: después de un breve análisis de la situación macroeconómica general en 2016, se examinan los siguientes aspectos puntuales: la situación fiscal, el gasolinazo y el improvisado acuerdo, y la pauta inserción externa de la economía en el nuevo contexto proteccionista con Trump.
La economía mexicana después de la crisis financiera internacional de 2008-2009
El siguiente cuadro presenta el comportamiento de las principales variables macroeconómicas durante el periodo que va de la contracción de la economía mexicana a causa de la crisis internacional al 2015, con datos oficiales, y 2016 con estimaciones preliminares:
Tras la fuerte contracción económica de 2009, la economía mexicana repuntó con fuerza el año siguiente, pero pronto perdió impulso. Van cuatro años en que el PIB real crece por debajo de 3% anual, lo que implica que el PIB per cápita ha estado virtualmente estancado.
Por su parte, las exportaciones, que desde mediados de los ochenta han sido el motor de la economía, también han perdido dinamismo post 2009. Su expansión a tasas de dos dígitos es cosa del pasado, debido, en buena medida, al menor impulso del comercio mundial desde entonces. Si bien en 2014-2015 tuvieron un elevado crecimiento, como vimos arriba, no lograron arrastrar al resto de la economía a una senda de elevada y sostenida expansión. Peor aún, los datos para 2016 apuntan a un alza real menor a 4% a pesar de la fuerte depreciación cambiaria. En este marco de fuerte depreciación del peso, la inflación mensual comenzó a repuntar desde fines de 2015, si bien Banco de México comenzó en ese entonces a elevar la tasa de interés, en respuesta a la orientación más restrictiva de la política monetaria de EUA.
La pérdida de la estabilidad fiscal
Desde 2009 el balance primario del sector público ha sido deficitario, reflejo de la caída de los ingresos fiscales ligados a la menor producción petrolera, el alza del gasto corriente y el recorte de la inversión pública en términos reales ─y por ende como porcentaje del PIB─[1], en un contexto de compromiso del gobierno a no subir impuestos. La recomposición del gasto público en contra de la formación de capital fijo afecta la calidad de la infraestructura, y con ello, merma el crecimiento potencial de la economía mexicana. Se ha dado un alza tal de la deuda pública en más de diez puntos del PIB que, al no asociarse a inversión y a un mayor crecimiento económico, llevó a la calificadora Fitch[2] a considerar como negativas las perspectivas sobre la calificación de la deuda del gobierno mexicano.
La coyuntura reciente, el alza de los precios de las gasolinas y el improvisado pacto
Al inicio de 2017 el gobierno anunció un incremento de más de 20% en el precio de las gasolinas, adelantando el inicio del proceso de liberalización del mercado como fue contemplado en la reforma energética. De acuerdo con el discurso oficial, el incremento responde a la decisión de eliminar el subsidio ligado a mantener el precio nacional de la gasolina por debajo del internacional. En realidad, el subsidio que se operaba mediante el IEPS dejó de implementarse desde 2014. Si bien el esquema de bandas de precio establecido en 2016 llevó en la práctica a reducir el monto efectivo cobrado por IEPS, éste es mucho menor que el señalado por la autoridad hacendaria. ¿En dónde entonces se encuentran las razones de dicho incremento?
Son tres los factores que lo explican, los dos primeros de orden coyuntural y el tercero de corte estructural, reflejo de decisiones estratégicas del gobierno: i) el incremento en el precio en dólares de la gasolina importada, ii) la depreciación del peso y iii) el hecho de que cerca de 60% de la gasolina es importada. El último es resultado de una decisión crucial tomada tiempo atrás en materia de política energética: cancelar el desarrollo de la industria de refinación de hidrocarburos en nuestro país. Esta decisión frenó la expansión de la capacidad instalada y, más aún, impidió su modernización tecnológica para ajustarla al nuevo tipo de crudo extraído[3].
La decisión del gobierno de Peña Nieto de hacer ajustes bruscos en el precio de la gasolina, en vez de un esquema gradual de convergencia, responde a un adelanto de la liberalización y apertura del mercado respectivo. Resulta difícil entender las razones de tal adelanto, dado el déficit en el desarrollo de infraestructura ─almacenamiento y transporte de gasolina─, agudo en algunas partes del país. Asimismo, resulta extraño que su instrumentación no se haya acompañado de política compensatoria alguna para ciertos grupos. La apertura del mercado en estas condiciones llevará muy probablemente a que el precio de la gasolina sea mayor en las regiones con peor infraestructura; las más pobres del país.
La apertura del mercado en estas condiciones llevará muy probablemente a que el precio de la gasolina sea mayor en las regiones con peor infraestructura; las más pobres del país
Además, al tratarse de un incremento considerable y abrupto en el precio de un insumo clave, es esperable que en 2017 su alza contribuya a profundizar el repunte de la inflación subyacente que ya se venía observando meses atrás. Este hecho, al conjuntarse con el inicio del proceso de normalización de la política monetaria en EUA, permite proyectar que a lo largo del año Banco de México continuará con su política de alzas en la tasa de interés.
La ola de protestas a lo largo y ancho del país ─algunas muy violentas─ llevaron al gobierno federal a plantear un acuerdo para contener los efectos del gasolinazo, delineando muy someramente una serie de compromisos de los principales actores económicos; entre ellos, se señala el compromiso del gobierno de aplicar una política de austeridad en el ejercicio de gasto corriente, incrementar la inversión pública, incentivar la inversión privada con recursos de la banca de desarrollo y vigilar la estabilidad de precios.
Sin embargo, la vigencia o validez de este esfuerzo es severamente cuestionada. En efecto, en una preocupante muestra de falta de quehacer político del gobierno en la construcción del consenso hacia dicho pacto, en su lanzamiento la Coparmex y la Unión Nacional del Trabajo se rehusaron a firmarlo. Más aún, en días subsiguientes, se han lanzado programas alternativos que, más allá de que tengan o no un mejor diagnóstico y diseño, revelan que a la fecha la estrategia oficial de concertación para el control de daños por los efectos del gasolinazo carece del respaldo de organizaciones clave, tanto empresariales como de trabajadores.
Punto especialmente alarmante de este impasse político, de esta mal y apresurada apertura del mercado de gasolinas y el alza en su precio, es que nos encontramos hoy en día ─en condiciones de inestabilidad económica, falta de crecimiento y fractura social─ sin una estrategia nacional concertada de respuesta de corto y de largo plazo al mayor choque externo al que se ha enfrentado la economía mexicana en décadas: la llegada del señor Trump a la presidencia de EUA. Su llegada, como dijimos arriba, amenaza con bloquear el esquema de crecimiento impulsado por las exportaciones, que ha seguido México desde hace más de 20 años, y con ello empujar la economía a una recesión. En la sección siguiente identificamos el grado y orígenes de esta vulnerabilidad, examinamos las perspectivas y apuntamos algunas líneas de acción muy generales.
Vulnerabilidades de la economía ante Trump
Desde mediados de los años ochenta, la pauta de crecimiento de la economía mexicana descansa primordialmente en dos elementos: por una parte, se redujo la injerencia del Estado en la esfera productiva en un marco de apertura comercial y financiera; por otra, se buscó aprovechar la posición geográfica del país y la abundancia de mano de obra barata para constituir a México en una plataforma especial para exportar a EUA. Así, se esperaba que las ventas de manufacturas al exterior fueran el motor de arrastre del resto de la economía a una senda de expansión elevada y sostenida. Esta búsqueda de un crecimiento liderado por las exportaciones, cimentada en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, dio como resultado que más de 80% las exportaciones mexicanas estén concentradas hacia EUA.
Desde hace décadas, el ritmo de actividad de la manufactura mexicana se ve condicionado por el dinamismo industrial del vecino del norte. De igual forma, la mayor proporción de los flujos de inversión extranjera directa a México provienen de EUA.
Hay que añadir que la vasta mayoría de las remesas familiares que llegan al país provienen de EUA. Vale la pena mencionar que las remesas representan cerca de 6% de los ingresos de la cuenta corriente de México y son recibidas en buena medida por habitantes de regiones pobres. Todas esas fuentes de divisas de la economía mexicana son sumamente vulnerables a la evolución de la economía estadounidense y, sobra decir, a cambios en sus políticas de comercio exterior, de inversión extranjera directa y de migración. El dinamismo de cada una de estas fuentes de recursos ha sido críticamente puesto en entredicho por el discurso proteccionista y antiinmigrante in extremis del señor Trump.
Las remesas representan cerca de 6% de los ingresos de la cuenta corriente de México y son recibidas en buena medida por habitantes de regiones pobres
En materia de la relación comercial, un aspecto clave de su agenda es la cancelación unilateral o la renegociación del TLCAN. En línea similar ha anunciado la imposición de un arancel de 35% a exportaciones de autos por México. Impactos adversos de su retórica ya se han empezado a resentir en el país.
Su amenaza ha incidido en que Carrier y Ford den marcha atrás en sus decisiones de invertir para ampliar la capacidad instalada en México. Otras más, como Chrysler, al parecer comienzan a reconsiderar su decisión, no sólo de invertir más, sino de producir aquí con miras a exportar a EUA.
En política migratoria, la amenaza de gravar las remesas para financiar el muro en la frontera implicaría un golpe directo a los ingresos de familias de escasos recursos, sin contar con que, de implementarse una política de deportaciones más agresiva que la actual, se tendría que hacer frente al retorno de migrantes a zonas cuyos mercados de trabajo difícilmente pueden garantizarles un empleo en igualdad de circunstancias al que dejaron en EUA.
En este contexto, las expectativas para el desempeño de la economía en 2017 son poco optimistas. Por un lado, los especialistas del sector privado esperan un repunte de la inflación por encima del objetivo inicial, y un crecimiento del PIB por debajo de 2%. Como se puede apreciar en las siguientes gráficas, el deterioro de las expectativas sobre ambas variables ha sido progresivo en el tiempo. CEPAL estima que de aplicarse la agenda proteccionista de Trump contra México, puede la economía mexicana puede entrar en una recesión.
¿Qué hacer?
El impacto adverso de la política proteccionista de Trump se potencia debido a las diversas fallas estructurales de la pauta de desarrollo que ha seguido la economía mexicana desde mediados de los años ochenta, profundizadas subsecuentemente. La concentración del impulso al crecimiento económico de México en las exportaciones al mercado de EUA, y el descuido del mercado interno, falló en asegurar una expansión elevada y sostenida del PIB y del empleo y creó dependencias profundas de nuestra economía con EUA en el marco del TLCAN. Los riesgos y fragilidades de esta dependencia fueron dramáticamente revelados por el cambio radical en las políticas comerciales, financieras y de migración que la administración Trump impone.
A la fecha la respuesta del gobierno mexicano a este mayúsculo reto parece oscilar de una fase a otra; de la negación inicial al coraje, la indignación, la aceptación, y quizá la bienvenida. Pero aún no se han dado a conocer cuáles son los lineamientos de la estrategia y los instrumentos de políticas económicas y sociales, tanto para reducir sus efectos adversos de corto plazo, como para reorientar el modelo de desarrollo de largo plazo, de manera que se centre su impulso en el mercado interno y en una diversificación de mercados.
Por una parte, el Presidente Peña Nieto ha declarado su rechazo a la declaración de Trump de que México pagará el muro. Por otra, se ha mostrado dispuesto a la renegociación del tratado, describiéndolo como oportunidad de modernizarlo. ¿Se está dispuesto a cancelar el TLCAN?, ¿qué modificaciones se aceptarán en él? Entretanto, la incertidumbre respecto al futuro del TLCAN contamina el clima de inversión en el país, y por ende, oscurece las perspectivas sobre el crecimiento de la producción y el empleo.
En cuanto a las recomendaciones, y sin entrar en este momento en detalles, coincidimos con las que dio a conocer el 18 de enero el Grupo Nuevo Curso de Desarrollo de la UNAM. En ese sentido, consideramos urgente comenzar el proceso de discusión y reflexión franca, incluyente y democrática, hacia la creación de un consenso nacional a favor de un pacto que tenga como prioridad:
“Atender tanto el reto coyuntural del choque externo como los desafíos de índole estructural a nuestra pauta de desarrollo [. Ello] obliga a emprender acciones de política con dos horizontes temporales. Uno es el de la emergencia, para aminorar el riesgo y el impacto negativo sobre las poblaciones más vulnerables del país de algunas de las acciones proteccionistas, de desviación de inversiones y de restricción migratoria que se anuncian. El segundo, de más largo alcance, presupone construir pronto los consensos políticos para poner en marcha una nueva agenda de desarrollo en la que la igualdad y el robustecimiento del mercado interno tengan la mayor prelación” (GNCD, En defensa del interés nacional, ante la coyuntura crítica, ¿Qué hacer?, UNAM, enero 18, 2017).
En este empeño, colocar a la desigualdad en el centro de las preocupaciones de la política macroeconómica, y no sólo la social, es un requisito central para que México, además de enfrentar exitosamente la amenaza de Trump, salga de la trampa de lento crecimiento de largo plazo, vulnerabilidad social e inestabilidad política en la que se encuentra cada vez más atascado.
JUAN CARLOS MORENO-BRID es profesor de tiempo completo en la Facultad de Economía de la UNAM
LUIS ÁNGEL MONROY-GÓMEZ-FRANCO es consultor externo del Centro de Estudios Espinosa Yglesias
[1] Sobre el tema se recomienda consultar el análisis elaborado por el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria disponible en el sitio http://paqueteeconomico2017.ciep.mx/
[2] Ver las declaraciones de las tres principales calificadoras de deuda en esta nota http://eleconomista.com.mx/finanzas-personales/2016/12/20/poco-crecimiento-limita-margen-maniobra-reducir-deuda-fitch
[3]Ver el análisis elaborado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República disponible en los siguientes sitios web http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/3315 y http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/123456789/3314/Nota%20sobre%20el%20Gasolinazo%20CEI%20IBD%20vf.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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