por Mario Luis Fuentes
La economía crecerá este año en menos del 3%; el último reporte sobre el desempleo muestra que hay 2.5 millones de personas desocupadas y casi 14 millones trabajan en la informalidad; alrededor de 12 millones de personas carecen de agua potable; 28 millones viven en vulnerabilidad por carencia a la alimentación, a lo que se agrega una inflación promedio de 25% en frutas y verduras, y del 12.4% en carnes, huevo y otros productos pecuarios.
Construir un proceso de crecimiento económico sostenido con equidad requiere de la adecuación de las prioridades y capacidades institucionales para dar cumplimiento pleno al nuevo paradigma constitucional, articulado a través de la redacción que se le dio en junio del año 2011 al Artículo 1º Constitucional.
Desde esta perspectiva, el Gobierno Federal tiene la enorme ventana de oportunidad de convertirse en la administración que sentó las bases para una nueva República Social, o como le llaman otros, para un nuevo modelo de Estado de Bienestar caracterizado por el cumplimiento de los derechos sociales, y por un régimen político plenamente democrático.
Por lo anterior, y ante el complejo escenario económico, político y social que enfrentamos, es necesario tener la mirada puesta en los riesgos y amenazas que enfrentamos, así como en las fortalezas y oportunidades que podemos aprovechar para situar a México en una nueva estructura de gobierno y de políticas públicas que nos permita transitar del paradigma de la justicia social hacia el paradigma de los derechos humanos.
El reto del desempleo y la informalidad
Hace unos días se publicaron los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), con datos actualizados al cierre del mes de abril de este 2013. Los datos son preocupantes: la tasa de desocupación se situó en 5.04% de la Población Económicamente Activa, lo cual, en números absolutos implica, 2.56 millones de personas en condiciones de desempleo permanente.
Asimismo, la tasa de ocupación en el sector informal es de 28.56%, lo cual implica que de los más de 47.7 millones de personas que tienen alguna ocupación laboral, 13.72 millones se encuentran trabajando en puestos semifijos o ambulantes sin salarios fijos, prestaciones económicas o sociales ni acceso a la seguridad social.
Destaca el hecho de que más de la mitad de las personas ocupadas en el país tienen menos de 39 años, pues de los 47.7 millones que tienen alguna ocupación, hay 26.7 millones que tienen entre 14 y 39 años de edad, cifra que representa al 55% del total de quienes trabajan.
Sin duda alguna, uno de los grandes temas de la cuestión social en el país se encuentra en cómo lograr reactivar al mercado interno; cómo garantizar empleo digno para todos; y cómo fortalecer a los sistemas de seguridad social para homologar calidad, acceso y oportunidad en todo el país.
La falla geológica de la desigualdad
Los indicadores relativos a la distribución del ingreso y al acceso de servicios y bienes sociales muestran que nuestra gran “falla geológica” sigue siendo la desigualdad. En efecto, los datos de la última Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto en los Hogares (2010) muestran que hay una diferencia de hasta 27 veces a favor del 10% de población que más percibe, frente al 10% en mayores carencias.
Los datos de la ENOE, al primer trimestre de este 2013, muestran que estas condiciones no han variado, pues, del total de la población ocupada que hay en el país, por cada persona que obtiene ingresos superiores a los 300 pesos diarios (el rango más alto que mide la Encuesta), hay tres que perciben menos de 60 pesos al día.
En total, si se considera a la población que percibe hasta dos salarios mínimos diarios, o incluso que no percibe ningún ingreso por su trabajo, la proporción se torna aún más dramática: en efecto, por cada persona que obtiene más de 300 pesos diarios habría seis que no ganan lo suficiente para superar la línea del bienestar, es decir, son personas que aun teniendo un trabajo remunerado, lo que ganan no les alcanza para escapar de la pobreza.
Las diferencias en el acceso a los servicios
Según los datos del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social (CONEVAL), a través de su evaluación de la política social, 2012, el diagnóstico sigue mostrando deficiencias similares a las consignadas en sus anteriores ejercicios: los programas sociales no definen con claridad a su población objetivo; los presupuestos se ejercen con deficiencia; y los recursos destinados a entidades y municipios no siempre guardan un criterio proporcional entre la dimensión de los problemas, y el presupuesto que se les otorga.
A esta situación se agregan las deficiencias estructurales que se mantuvieron, y algunas que se profundizaron, en las últimas administraciones: 35.8 millones de mexicanos carecían en 2010 de acceso a servicios de salud. Las cifras del VI Informe de Gobierno de la administración 2006-2012 establecen que la cifra se redujo apenas a cerca de 32 millones de mexicanos que no cuentan con servicios de ningún sistema.
Casi 12 millones de personas carecen de agua potable entubada, y de quienes la reciben, hay cerca del 20% a quienes les llega de manera racionada o con mala calidad en términos de cloración, tratamiento y desinfección. Hay, además, 18.5 millones que carecen de otros servicios al interior de la vivienda, tales como el drenaje, excusado, energía eléctrica o que habitan en viviendas con pisos de tierra o de materiales precarios.
Finalmente, hay casi 30 millones de mexicanos que viven en vulnerabilidad por carecer de acceso a los mecanismos para el cumplimiento del derecho a la alimentación y la seguridad alimentaria, lo cual pone en riesgo su salud, y en el caso de los más pequeños, el riesgo de ver cancelada la posibilidad de desarrollar capacidades intelectuales o físicas a lo largo de sus vidas.
Y ahora, la carestía…
A todo lo anterior se agrega la crisis del sector agropecuario, provocada por la peor sequía que ha golpeado al país en los últimos años. También ha tenido un gran peso la aparición de la influenza aviar, que llevó al encarecimiento excesivo y abusivo de productos esenciales para los más pobres, tales como el pollo y el huevo.
De acuerdo con los datos del INEGI, los rubros que presentan los mayores incrementos en los precios se presentan en los productos que consumen en mayor proporción las familias más pobres. Por ejemplo, en el capítulo de Alimentos, Bebidas y Tabaco, la inflación reportada de abril de 2012 a abril de 2013 es del orden de 8.8%.
El segundo rubro con mayor crecimiento anualizado es el relativo al Transporte, en el cual la inflación para el mismo periodo es de 6.19%; mientras que en el ámbito de la Salud y el cuidado personal la inflación es de 4.57%.
Entre los meses de abril de 2012 y abril de 2013 el huevo ha tenido un incremento de 39.6% en su precio; el pollo de 13.66%; los productos pecuarios en general de 12.7%; la carne de res subió en 8.47%; y el pescado en 4.62%.
En el ámbito de las verduras, también productos esenciales para los hogares, INEGI informa que el precio del tomate verde se ha incrementado en 227%; el chayote en 101.4%; el limón en 98.89%; el chícharo en 42%; y la papa y otros tubérculos en 30%. En síntesis, las frutas y verduras en su conjunto, hoy cuestan 25% más que hace un año.
*Artículo publicado con el mismo nombre en el periódico Excélsior, 28- Mayo- 2013, p.28
| METODOLOGÍA |
La selección de los indicadores para elaborar esta investigación se apegó a los siguientes criterios: 1) provienen de fuentes oficiales o de organismos internacionales; 2) son datos con representatividad nacional; 3) son datos con rastreabilidad, con la misma metodología durante los últimos diez años.
(*) Este texto se elaboró con material del Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social
