La educación, el malestar social y la clase media

A principios del siglo XXI se posicionó el mito relativo a que México era ya un país de clases medias. Desde una visión conceptualmente limitada, se suponía que podían clasificarse como “clase media” todas aquellas personas con ingresos y acceso a servicios sociales por arriba de los promedios nacionales. Así, tener cierto equipamiento en las viviendas, tener ingresos por arriba de tres salarios mínimos y disponer de algunos bienes durables (automóvil, refrigerador, microondas, etc.), fueron tomados como indicadores inequívocos de bienestar y de pertenencia a la clase social mencionada.

Escrito por:   Mario Luis Fuentes

Ante esta propuesta, fuimos muchos quienes cuestionamos no sólo la definición de la clase media en relación exclusivamente con indicadores de bienestar material; y argumentamos, recuperando a autores como Max Weber, que la clase media estaría asociada igualmente a ciertas nociones de prestigio y movilidad social, nivel educativo, así como grado de politización en el sentido de ser ciudadanos respetuosos de la ley y con las capacidades suficientes para exigir el cumplimiento integral de sus derechos, así como el del resto de la sociedad.

El severo impacto de la pandemia, los efectos acumulados a lo largo de décadas de crecimiento mediocre de la economía, combinado con un sistema de distribución notoriamente injusto de la estructura fiscal y distributiva de los recursos en México, han llevado a una severa pérdida de capacidad patrimonial de las familias mexicanas, erosionando con ello las posibilidades de construir una auténtica clase media que pueda fungir como un poderoso motor del crecimiento y el desarrollo del país.

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En este contexto, debe considerarse la alerta que han hecho expertas y expertos en materia educativa: estamos ante el riesgo real de tener una “generación perdida” en la educación, y con ello, se estaría limitando de manera muy importante las capacidades sociales para construir una sociedad con un sólido arraigo de los derechos humanos y con ello, revertir las condiciones de malestar que hoy imperan en todos lados.

La idea de una clase media robusta debería ser la base para una nueva sociedad de igualdad y de reducción de las desigualdades; y, de hecho, de formación de una cultura de profunda intolerancia frente a las inequidades y las brechas sociales. Por lo que incluso, una nueva idea de clase media debe pasar por las características territoriales y de los entornos en que se vive.

Ello permite pensar entonces que los objetivos de la política social se centraron predominantemente en la generación de capacidades de ingreso y consumo; sin considerar que el objetivo mayor de esta política en su conjunto debe ser la construcción de ciudadanía, en contextos de bienestar generalizado medido a partir de nuevos parámetros que respondan a lo contenido en el derecho al mínimo vital, cuyo cumplimiento implica la garantía de una vida en libertad y en condiciones de dignidad para todas y todos.

Lo anterior no puede lograrse, sin embargo, sin un sistema educativo nacional que, en primer lugar, garantice cobertura universal en todos los niveles. Y en ese rubro es en los que la administración 2018-2024 dejará no sólo grandes pendientes, sino francos retrocesos pues, a la fecha, se desconoce cuál es la estrategia para reincorporar a la escuela a los millones de niñas niños y adolescentes que no se matricularon luego de la pandemia, pero también a aquellos que ya desde antes estaban excluidos del cumplimiento de ese derecho humano.

En el mismo sentido preocupa la deficiente planeación con que se han planteado la revisión de planes y programas de estudio; los mecanismos para garantizar la calidad, pertinencia y equipamiento de las escuelas, sobe todo en el nivel básico; y en el mismo sentido, los extravíos de visión en materia de educación superior que se han implementado emblemáticamente a través del proyecto de las llamadas Universidades del Bienestar.

En el otro sector, el de la Ciencia y la Tecnología, los rezagos también se acumulan; y mientras que en otros países se avanza aceleradamente en la generación de conocimiento de frontera, en México se continúa perdiendo el tiempo que no tenemos en discusiones francamente incomprensibles, sustentadas en visiones ideológicas que poco o nada contribuyen en la generación del saber que necesitamos, tanto en las disciplinas empírico-analíticas, como en las ciencias del espíritu, para llevar a nuestro país a un nuevo curso de desarrollo con justicia y dignidad universales.

El gobierno del presidente López Obrador marcó una interrupción respecto de las visiones predominantes en los últimos treinta años, en todas las áreas de lo social. Sin embargo, ha sido incapaz de construir una visión pertinente y que pueda implementarse, para sustituir apropiadamente lo que era deficiente y en amplios sectores, francamente erróneo.

Los niveles de violencia, pobreza, marginación, vulnerabilidad, rezago educativo y baja cobertura, rendimiento y aprovechamiento escolar que prevalecen en México, permiten afirmar que estamos muy lejos de ser un país auténticamente de clases medias, y que por el contrario, hemos entrado a una fase de aceleración de la fractura social, pues no es lo mismo vivir en las condiciones señaladas, con una sociedad relativamente en paz, que en una donde entre los años 2008 y 2022, han sido asesinadas poco más de 400 mil personas y donde hay más de 100 mil desaparecidas o no localizadas.

Hace una década se hablaba de la posibilidad de un “estallido social” antes las dramáticas condiciones socioeconómicas del país; pero de o que no nos percatamos en estos últimos años, que el estallido social ya se está dando y que se expresa en las peores formas de violencia, generada por los grupos del crimen organizado, y que tiene expresiones de maldad y crueldad inéditas, de las cuales el reclutamiento de niñas y niños para participar en la comisión de delitos de alto impacto destacan por su nivel de corrosión de las posibilidades de construir una sociedad sustentada en relaciones de empatía y solidaridad entre las personas.

Por todo ello debe insistirse: ya no hay tiempo qué perder. Tenemos que aprovechar al máximo lo que tenemos y con esa base, reconducir al país para superar los dilemas de mayor urgencia y a partir de ahí, reconstruir condiciones para que la movilidad social sea posible una vez más en México; y para que las familias no estén en tales condiciones de vulnerabilidad que, ante cualquier eventualidad, tengan que enfrentar la pobreza o la pérdida de lo poco que logran construir en décadas de esfuerzo y dedicación.

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Investigador del PUED-UNAM