Recuperar a la educación pública

En 1991 se llevó a cabo una reforma constitucional al artículo 3º, la cual se consideraba, desde la retórica oficial, como la de mayor calado desde la Constitución de 1917. El propósito era, se argumentaba, transformar al sistema educativo nacional y potenciarlo en tanto generador de capacidades individuales para el desarrollo, y recuperar el sentido de movilidad social que históricamente había tenido la educación.

Escrito por:   Mario Luis Fuentes

Desde entonces y hasta la fecha, no ha habido una administración que no haya propuesto su propia reforma, siempre bajo la retórica de que se pondrá en marcha la “transformación educativa” que México requiere. Todas las propuestas, hasta ahora, han fracasado en su capacidad de garantizar integralmente el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes y, en general, de la población nacional.

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Somos todavía, un país que no ha logrado siquiera llegar al 100% de la tasa de cobertura neta en todos los niveles educativos. Y lo más preocupante es que en ese indicador, la tendencia desde 2010 hasta la fecha es decreciente.

La tasa neta de cobertura se define como el “Número de alumnos, en las edades normativas correspondientes, inscritos en un nivel educativo al inicio del ciclo escolar por cada cien personas en el mismo grupo de edad”; es decir, las y los alumnos que cursan el grado que deben cursar.

Los datos oficiales muestran que, en preescolar, en el ciclo escolar 2010-2011, la tasa neta de cobertura fue de 68.5; llegó a su nivel máximo en el ciclo 2013-2014 a 71.1%; y cayó de forma constante hasta llegar a 64.2% en el ciclo 2020-2021.

Para la primaria, el indicador fue, en el ciclo 2010-2011, de 101.7%; a partir de entonces ha descendido constantemente, hasta llegar, en el ciclo 2020-2021 a 97.4%.

Para el nivel secundaria, el indicador fue de 80.3% en el ciclo escolar 2010-2011; llegó a su máximo histórico en 2013-2014 a 85.9%; y bajó a 84.2% en el último ciclo escolar para el que se dispone de datos.

Finalmente, en el nivel de media superior el dato fue de 50.3% en 2010-2011; llegó a su nivel máximo en 2018-2019 con 63.6%; y se ubicó en 62.2% en el ciclo 2020-2021.

Es importante ser enfático en los datos porque no hay ningún nivel educativo en el que se tengan avances; por el contrario, como queda visto, los retrocesos son muy grandes, violando con ello el principio de progresividad de los derechos humanos en el país; además de las consecuencias que en el largo plazo se tendrá ante lo que ya varias expertas y expertos denominan como una catástrofe educativa, agravada por la parálisis a la que obligó la pandemia, y que puede llevarnos a una nueva generación perdida.

El trabajo que han hecho las maestras y maestros en este escenario ha sido titánica, en miles de casos incluso ejemplar y hasta, no es exagerado decirlo, heroica; por ello sorprende la pasividad de las agrupaciones gremiales; y, sobre todo, la ausencia de una impronta que responda a la magnitud de los retos que el país tiene enfrente.

Para el ciclo escolar que viene, el Congreso de la Unión debe llevar a cabo un esfuerzo serio para destinar los recursos que se necesitan para potenciar a la educación pública en todos sus niveles, pues necesitamos más, y no menos centros de atención múltiple; más y no menos escuelas de tiempo completo; también más y no menos esquemas de asistencia social alimentaria escolar; más y no menos capacidades para la atención de la salud mental y reducción de la violencia escolar, desde la violencia docente hasta la violencia entre pares.

México requiere de una educación pública inclusiva; que tenga la capacidad de transmitir pedagogías de la paz, de la igualdad; una pedagogía ciudadana para una vida cívica integral; y también, una nueva lógica de enseñanza de las humanidades y las ciencias, que lleve a México a la superación espiritual que mandata la Constitución, nada más; pero tampoco nada menos.

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