De acuerdo con la UNESCO, a poco más de un año de que inició la pandemia de la COVID19, y con ello la suspensión de clases presenciales, aún la mitad de las y los estudiantes de todo el mundo están afectados por la suspensión de las actividades escolares, y más de 100 millones de niñas y niños no alcanzarán los niveles mínimos de lectura recomendados para sus edades.
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En el pico de la pandemia, más de 1,100 millones de niñas y niños dejaron de asistir a sus planteles, y más de 100 millones de maestras y maestros también enfrentaron el reto de modificar la estrategia pedagógica y mantener niveles mínimos de enseñanza.
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De manera preocupante, la UNESCO estima que podría haber 24 millones de estudiantes que podrían abandonar definitivamente sus estudios, lo cual implicaría severos impactos en su calidad de vida, pero también en sus probabilidades presentes y futuras de desarrollo, pues truncar su trayectoria escolar podría limitar de forma importante el acceso a otros derechos y garantías, sobre todo en el ámbito laboral.
A nivel mundial, se estima que hay 463 millones de estudiantes que no tienen acceso a internet en casa, lo cual les impide mantener sus procesos educativos a distancia, pero cuyo dato revela igualmente la magnitud de las brechas digitales que existen entre los países más desarrollados y los más pobres, así como al interior de los países, entre las familias con mayores recursos y aquellas más pobres.
Asimismo, los datos de la UNESCO señalan que alrededor de 500 millones de niñas y niños en todo el mundo aún no han tenido ni acceso ni contacto alguno con procesos de educación a distancia; y tres cuartas partes de esa cantidad viven en localidades rurales, indígenas o de extrema pobreza en zonas urbanas.
En México, el impacto de la COVID19 ha sido brutal; en efecto, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), con datos obtenidos a través de la Encuesta para Conocer el Impacto de la COVID19 en la educación (ECOVID ED, 2020) 5.2 millones de quienes tienen de 3 a 29 años de edad no se inscribieron a ningún grado de la educación formal. 26.6% de esa cantidad, afirma que la educación a distancia es poco funcional para su aprendizaje; 25.3% señala que sus padres o tutores se quedaron sin trabajo y no pueden pagar sus estudios; mientras que el 21.9% carece de computadora y acceso a internet.
En el agregado, el INEGI estima que alrededor de 734 mil niñas, niños y jóvenes no concluyeron el ciclo escolar 2019-2020; entre ellos, prácticamente el 59% señaló que dejó la escuela por razones asociadas a la pandemia de la COVID19.
Destaca que, en la educación superior, sólo el 55.7% de las y los estudiantes matriculados en universidades e instituciones de educación superior utilizaron computadoras de escritorio o portátiles; y que, en el nivel de educación primaria, el 70.3% de las y los estudiantes tuvieron que recurrir a teléfonos móviles para acceder a sus contenidos didácticos y actividades educativas.
Otro dato que conviene destacar es que, entre la población nacional, el 58.3% opina que no se aprende o que se aprende menos en las clases a distancia que en las presenciales; 27.1% piensa que no se da seguimiento adecuado a la educación de los alumnos; mientras que el 23.9% piensa que los padres o tutores no cuenta con las capacidades o habilidades técnicas para transmitir conocimientos y auxiliar a sus hijas e hijos en el aprendizaje.
Toda esta información permite sostener que lo urgente es generar una nueva estrategia educativa en tres frentes: a) el rediseño del modelo pedagógico y curricular para generar una nueva lógica educativa pos-pandemia; b) la recuperación y mejoramiento sustantivo de la infraestructura escolar, lo cual incluye equipamiento y mobiliario; y c) asegurar que todas las familias con hijas e hijos en edad escolar dispongan de las herramientas tecnológicas para el aprendizaje.
El problema que se enfrenta es que el recorte presupuestal para la educación es palpable en los últimos años. En efecto, para el año 2021 el presupuesto para el ramo 11 en educación fue de 338 mil millones de pesos (5.37% del PEF); esa suma es 0.2% superior a la del 2020, pero 1.3% inferior al presupuesto del 2019.
En la presente administración se decidió que se eliminarían 13 programas de atención a población vulnerable; se redujo en 98% el presupuesto de las escuelas Normales, y una proporción importante de los recursos se reasignaron a los programas de becas.
En ese sentido, con datos del Centro de Investigación Económica y presupuestaria, A.C., se estima que el presupuesto para el programa de profesionalización docente se redujo en 48.8%; que los proyectos de infraestructura educativa se recortaron en casi 38% mientras que el programa nacional de libros de textos gratuitos tuvo un recorte de alrededor del 48.8%.
Desde esta perspectiva, el impacto que tendrán todos estos elementos negativos en la prestación de servicios educativos será mayúsculo, y repercutirá en la pérdida de capacidades del Estado mexicano para garantizar el derecho a la educación en los términos que establece el texto constitucional, en su artículo 3º, pero atendiendo los criterios y principios de derechos humanos contenidos en los Artículos 1º y 4º de la propia Carta Magna.
Resulta paradójico que, ante la reforma constitucional en materia educativa que se impulsó y concretó en 2019, la actual administración no haya dado prioridad presupuestal para impulsar su instrumentación y al menos sentar las bases para que en el mediano y largo plazo puedan materializarse los trazos que están ahí delineados, sobre todo en términos de los criterios incorporados de equidad, inclusión, excelencia, interculturalidad, etc.
De manera lamentable, la reforma parece haberse reducido a un debate ideológico respecto del contenido específico en textos relativos a la historia nacional, y no, en el diseño de la política pública, a la construcción de un sistema educativo nacional cada vez más robusto, de cobertura universal y con programas de estudio pertinentes para enfrentar los dilemas que nos impone la realidad del mundo que debemos enfrentar.
Dado que la educación es uno de las columnas vertebrales en la integración del Índice del Desarrollo Humano, lo que habrá de verse en la próxima medición de ese indicador es una caída muy fuerte, pues también lo es el ingreso de las familias, el cual sufrió severos deterioros durante la pandemia. Habrá de ocurrir lo mismo en la medición multidimensional de la pobreza.
Ante lo anterior surge la duda: ¿cuál será la posición del gobierno de la República una vez que se dé a conocer que el país está, durante su administración, peor que en el pasado, y en buena medida, como resultado de las medidas que decidió tomar, pero también muchas otras que decidió no implementar?
Seguir por la misma ruta constituiría un despropósito, pues condenaría a varias generaciones a mayor atraso, mayor penuria económica y mayor ignorancia. Por ello también lo exigible es otro curso de desarrollo, con otros criterios de inversión que respondan a la pretendida vocación ética que el gobierno dice tener.
Investigador del PUED-UNAM
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