A partir del nuevo documento presentado por el Grupo Nuevo Curso de Desarrollo de la UNAM, el Dr. Mario Luis Fuentes plantea cuáles son los elementos indispensables para implementar el conjunto de propuestas construidas para superar la emergencia social de nuestro país.
Puedes seguir al autor en Twitter: @MarioLFuentes1
El Grupo Nuevo Curso de Desarrollo de la UNAM, es un espacio de deliberación desde el cual, desde hace más de una década, se ha planteado un amplio número de propuestas desde las que se ha insistido en la necesidad de construir un nuevo curso de desarrollo para México.
Esta semana, presentamos el documento titulado “Renovar políticas para un nuevo curso de desarrollo”, y en el cual se plantean diversas medidas urgentes de política pública que permitirían atender las nefastas consecuencias que se han generado a raíz de las emergencias sanitaria y económica y comenzar a abatir estructuralmente las causas que generan la pobreza de millones de personas, pero también la permanente vulnerabilidad, por la que, en momentos críticos como los que enfrentamos, millones pierden lo poco que tienen y se suman a las filas de la pobreza y en no pocas ocasiones, del hambre.
El documento es una potente síntesis de acciones que deben emprenderse, tanto para atender lo más urgente e inmediato, como para transformar al país en aras de garantizar bienestar generalizado, con base en una estrategia de desarrollo de mediano y largo plazo que, distribuyendo equitativamente, permita detonar un proceso virtuoso de crecimiento sostenido.
Transformar el rumbo que tiene México, sin embargo, implica reconocer que ni las políticas sociales previas a esta administración, ni las que ahora están vigentes, permiten cambios de fondo en las estructuras que determinan la desigualdad y la pobreza en el territorio nacional. Y por ello mismo, es urgente que el tema de la pobreza auténticamente se politice, en el sentido estricto del término, y que se convierta en una discusión nacional seria respecto de cómo hacer para convertir a México en un país de plena garantía de los derechos humanos, de forma universal, integral y progresiva.
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La primera aduana que se debe transitar, en ese sentido, es en la nueva Legislatura del Congreso de la Unión, que habrá de instalarse en el mes de septiembre, en la cual no sólo habrán de definirse los contenidos y criterios fundamentales del Presupuesto de Egresos de la Federación, sino también los criterios fiscales y hacendarios que habrán de regir la operación gubernamental del 2022.
Politizar no significa aquí, de ninguna manera, “partidizar” la discusión; antes bien, se trata de dar un nuevo debate sobre cuál es la economía política del Estado Mexicano. Es decir, cuáles son los principios y valores fundamentales desde los cuales se toman las principales decisiones, se determinan las prioridades y se definen acciones estratégicas para alcanzarlas.
La segunda “aduana” a vencer es la resistencia de la administración federal, quizá natural, a reconocer que los programas y estrategias de que dispone no son suficientes para transformar estructuralmente al país; que la emergencia nos rebasó a todos, y que es urgente profundizar el diálogo, la concertación y las estrategias con los diferentes órdenes de gobierno, a fin de potenciar recursos y su impacto en el desarrollo económico y social.
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La tercera “aduana” que debe transitarse, es igualmente la de los gobiernos estatales y municipales, en los que hay enormes retos administrativos y gubernamentales, presupuestales y de gestión, y sin cuyo concurso y contribución será sumamente difícil construir un proyecto nacional compartido, sustentado en el diálogo democrático y anteponiendo a todo el interés superior del país.
Como se observa, lo que se necesita -y en eso la convocatoria del grupo nuevo curso de desarrollo (GNCD) ha sido enfática-, es replantear los mecanismos de diálogo e interlocución entre todas las fuerzas políticas con mandato de gobierno o representación popular en el Congreso; porque sólo con democracia y más democracia, es que podrá consolidarse una estrategia de largo plazo, capaz de avanzar hacia el cumplimiento efectivo de los derechos económicos y sociales de todas y todos.
Desde esta perspectiva, si algo evidencia la propuesta del GNCD, es la magnitud de los retos que tenemos enfrente, así como las múltiples dimensiones y frentes que deben abordarse con celeridad pero, sobre todo, con eficacia, para resolver lo urgente, lo prioritario y lo necesario en el largo plazo, y cómo diseñar una nueva generación de políticas sociales para lograrlo.
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Crecer a tasas cercanas al 5% anual del PIB; diseñar un nuevo sistema de seguridad social universal; reindustrializar a México con base en una inversión inteligente en sectores productivos estratégicos; promover el desarrollo científico y tecnológico; mitigar y revertir los efectos del cambio climático; garantizar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, son las tareas ineludibles para las cuales el documento plantea las líneas generales de acción, que deben consensarse y sobre las que es necesario generar los acuerdos para su implementación inmediata en todo el territorio nacional.
Los tiempos de la pobreza, de la marginación y del rezago social son los del presente permanente; para las familias que viven en situación de pobreza no hay argumento que permita decirles que deben esperar más; que en el porvenir sus hijas e hijos tendrán un mejor destino; y que deben llevar a cabo un enorme sacrificio a favor de las generaciones futuras.
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El hambre no espera; el frío y la humedad del piso de tierra carcomen los huesos de manera cotidiana; el humo de los fogones donde no se tiene otra opción para cocinar, asfixia y daña los pulmones a diario; y el llanto, la tristeza y la quietud hambrienta de millones de niñas y niños que no tienen qué comer, es la semilla diaria que provoca más y más división y más polarización entre las y los mexicanos.
La propuesta de un nuevo curso de desarrollo para el país dista mucho de ser una mera frase; se trata de una propuesta del mayor calado posible, que permite pensar en un diálogo nacional serio, liberándolo del atrapamiento de la polarización narrativa que se ha impuesto en el país, y que todo reduce a una cuestión de rencores y resentimientos irreconciliables.
Es hora de hacer un alto en el camino, pues de acuerdo con los últimos datos, de los 126 millones de personas que habitamos en el país, únicamente 29.8 millones (23.8% del total), viven en condiciones adecuadas de bienestar.
Ese solo dato es una razón suficiente para dar un paso hacia atrás, y para que las fuerzas en pugna en el país establezcan una tregua que nos reconcilie; que ponga en serio primero a los pobres, y que nos permita superar la intolerable desigualdad que nos separa y confronta. Lograrlo representaría, eso sí, un cimiento sólido para una transformación estructural de México.
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Fease clave: La emergencia social de México
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