El Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), dio a conocer los resultados de la Encuesta Nacional (Estacional) de Ingreso y Gasto en los Hogares, 2020. Este ejercicio complementa los resultados que se obtuvieron en la ENIGH-2020. En el caso de la “Edición estacional”, capta los datos del primer trimestre del 2020, y permite contrastarlos respecto de lo ocurrido en los peores momentos de la pandemia de la COVID19.
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Los datos son impactantes: los ingresos por el trabajo cayeron en general un 12.1% entre el primer trimestre del 2020 y el cierre del año; la renta de la propiedad cayó en un 13.1%; las transferencias lo hicieron en poco más de 8% y otros ingresos corrientes tuvieron un decrecimiento de 33.4%.
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Más allá del detalle, lo más relevante que se puede extraer de este valioso instrumento, es que presenta evidencia respecto de la inmensa fragilidad de los ingresos de los hogares, y de la incapacidad estructural de la economía para crecer y desarrollar capacidades de resiliencia ante eventos catastróficos como el de la pandemia.
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Otra de las reflexiones a la que obligan estos nuevos datos es la relativa a que antes de la llegada de la pandemia las cosas no estaban nada bien en nuestro país. Que en 2019 y el primer trimestre del 2019 había habido incluso caídas en algunos rubros de ingresos; y que la ruta económica que se ha seguido desde diciembre del 2018 y hasta ahora, está teniendo efectos muy limitados en lo que se refiere al mejoramiento de las condiciones de vida de la mayoría de la población.
Otro dato que llama poderosamente la atención es el relativo a que, frente al primer trimestre del 2020, entre agosto y noviembre del mismo año, todos los deciles de ingresos del país registraron disminuciones, excepto el decil de más altos ingresos, en el cual incluso hubo un ligero incremento. Esto significa llanamente que el 90% de la población perdió ingresos y que durante la pandemia, el 10% más rico incrementó los recursos que ingresa.
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Lo anterior puede tener múltiples factores de explicación, pero uno de los más relevantes es el relativo a que se les cobran menos impuestos de lo que debería ocurrir. Es cierto que esta administración ha hecho un trabajo muy relevante para evitar la evasión fiscal; y es cierto también que ha logrado recuperar adeudos históricos de las mega empresas y que en sexenios anteriores, gracias al tráfico de influencias, se les “condonaban” o devolvían a esos grandes conglomerados empresariales. Pero adicionalmente, lo que estructuralmente está haciendo falta es una reforma fiscal y hacendaria integral, de carácter progresivo y que siga esquemas redistributivos.
De esta forma, los datos del INEGI indican que en la parte “de arriba de los ingresos”, el decil VIII obtuvo el 12.2% de los ingresos al inicio del año, y 12% al final; el decil IX accedía al 16.1% y al cierre del año, el 16%; mientras que el decil X, es decir, el de más altos ingresos, pasó de 31.4% a 32.5% entre el inicio y el cierre del año. Es decir, no sólo fue el que no perdió, sino que su margen de acumulación creció casi exponencialmente frente a lo que ocurre en los estratos más bajos de ingresos.
Todos estos indicadores muestran que la política económica y social de la actual administración, aún cuando insiste una y otra vez que busca beneficiar a los más pobres, es errónea. Porque la pensión universal a personas adultas mayores beneficia no sólo a quienes son pobres, sino a los sectores de ingresos medios y altos; amén de que en ese segmento etario es menor el porcentaje de personas en pobreza que, por ejemplo, frente a la población infantil.
Este solo dato debería llevar a la modificación de los criterios con os que se otorgan subsidios y transferencias porque, aún involuntariamente, la política pública está contribuyendo decididamente a profundizar la desigualdad.
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