El proyecto que se discute respecto de la nueva Constitución de la Ciudad de México ha sido mutilado en varias de sus partes, eliminando, por ejemplo, el derecho de las personas a morir con dignidad, o bien, otras disposiciones de avanzada que habían sido propuestas, como el derecho de las parejas del mismo sexo a adoptar hijas e hijos.
Otros contenidos de vanguardia, sin embargo, se mantienen. Uno de ellos, que llama poderosamente la atención, es el incluido en el numeral 6, del Artículo 13 de la Carta de Derechos, relativo a una “Ciudad Educadora y del Conocimiento”. En el citado numeral dice:
“La educación impartida en el sistema educativo local deberá tener contenidos filosóficos que propicien el pensamiento crítico y la conciencia de las personas sobre su papel en la sociedad y su compromiso con la ciudad, el país y el mundo. Será el fundamento para el ejercicio de los derechos humanos, la convivencia armónica, la democracia como forma de vida, el respeto a la diversidad, la cultura de la no discriminación y no violencia, el cuidado de la salud y del medio ambiente, la consecución del pleno empleo, la erradicación de la pobreza y la desigualdad social. Fomentará la innovación, la creación cultural, la educación física y el deporte”.
El texto es, por decir lo menos, ambicioso, y, de quedar como tal en la Constitución, obligará a una profunda y revolucionaria transformación del modelo educativo que deberá impartirse en la Ciudad; pero, además, del contenido curricular y todas las adecuaciones necesarias para llevar a cabo la sensibilización, capacitación y formación de la planta docente para cumplir con el mandato constitucional local.
Al respecto la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado que los derechos humanos, entre ellos el derecho a la educación, son mucho más que “meras aspiraciones u objetivos sociales”. Se trata de derechos plenos, exigibles y de cumplimiento obligatorio para las instituciones públicas.
Desde esta perspectiva, la buena noticia para las y los filósofos es que habrá mucho trabajo que desarrollar, porque deberán construirse los contenidos a ser impartidos y, además, deberá enseñarse a las y los profesores de la ciudad a pensar filosóficamente para que a su vez puedan transmitir tal forma de pensar al alumnado.
Tal vez —y me atrevo a pensarlo como lo más probable— las y los diputados que analizaron y votaron la Carta de Derechos no tienen idea de lo que el numeral 6, del Artículo 13 que cito, implica. Porque de mantenerse así —y ojalá así sea—, lo que se estaría aprobando es un mandato de transformación revolucionaria de la educación en la Ciudad.
Pongamos atención al contenido, pues la educación impartida en la Ciudad deberá “tener contenidos filosóficos que propicien el pensamiento crítico”. Pero este concepto, en el marco del pensamiento filosófico, tiene implicaciones mucho mayores a las que aparentemente tiene en la sencillez de la redacción.
El “critical thinking” es una perspectiva de vida y de mundo, que no se enseña a través de una materia específica, sino a través de todo un entramado pedagógico que deberá ser incorporado de manera transversal en la enseñanza de todas las materias que se imparten en la educación, desde el preescolar, hasta al menos la educación media superior.
Dice, además, que esta educación deberá ser el fundamento para el ejercicio de los derechos humanos y la consolidación de la vida democrática; y es que, en sentido estricto, si de verdad se buscará formar personas en el pensamiento crítico, uno de los resultados esperados debería ser precisamente el de la construcción de ciudadanas y ciudadanos dispuestos a dialogar, a ser tolerantes, abiertos a la diversidad y a la posibilidad de pensar distinto cada que sea necesario hacerlo así.
Por lo pronto habrá que esperar a que estos contenidos se aprueben y que, al hacerlo, seamos capaces de instrumentarlos a la brevedad.
Artículo publicado originalmente en la “Crónica de Hoy” el 15 de diciembre de 2016
