por Mario Luis Fuentes
En nuestro país, siete de cada diez personas sostienen que no se puede confiar en la mayoría de la gente. El 50% cree que da lo mismo un gobierno autoritario a uno democrático; la participación en elecciones del Congreso de la Unión no rebasa 50%; mientras que casi 80% de la ciudadanía desconfía de las autoridades e instituciones. Todos ellos son signos de una profunda crisis de la democracia, que debe revertirse y pronto.
México es, de acuerdo con el Latinobarómetro, uno de los países de la región en que la democracia ha echado raíces más débiles. Su consolidación a nivel institucional, en el sentido de contar con un órgano de carácter constitucional, que garantiza la competitividad y el funcionamiento del sistema de partidos, no se ha traducido, por otra parte, en la construcción de una forma de gobierno que permita la garantía de acceso universal al cumplimiento pleno de los derechos humanos.
Desde esta perspectiva, hay expertos que han señalado que la democracia se ha convertido, paradójicamente, en un problema político de la propia democracia; es decir, su ineficiencia para procesar el conflicto, y su ineficacia para promover la competencia efectiva de partidos políticos que disputan el poder en aras de generar mayores niveles de bienestar, han erosionado la capacidad de las instituciones para convocar a la unidad y al esfuerzo colectivo con el fin de alcanzar propósitos comunes.
En fechas recientes, el Instituto Nacional Electoral (INE) presentó el documento titulado Informe País sobre la Calidad de la Ciudadanía en México. A decir del propio texto, su hipótesis central de trabajo se dirige a señalar que la democracia continúa siendo débil en el país, porque hay una ciudadanía que desconfía de prácticamente todo y todos.
De manera textual, el INE hace el siguiente planteamiento: “La hipótesis central de este estudio es que la ciudadanía en México atraviesa por un complejo proceso de construcción que se puede caracterizar por su relación de desconfianza en el prójimo y en la autoridad, especialmente en las instituciones encargadas de la procuración de justicia; su desvinculación social en redes que vayan más allá de la familia, los vecinos y algunas asociaciones religiosas, y su desencanto por los resultados que ha tenido la democracia”.
La desconfianza en la autoridad
De acuerdo con el informe antes citado, 61% de la población que ha sido víctima de algún delito, no ha hecho nada al respecto debido fundamentalmente a la falta de confianza en las instituciones. En efecto, 63% de la ciudadanía considera que denunciar ante la autoridad no sirve para nada; mientras que un 52% abiertamente sostiene que la razón de su no denuncia es que no cree en la autoridad.
Hay además de lo anterior, un 40% de la ciudadanía que sostiene no haber hecho nada ante actos delictivos de los que fueron víctimas, por experiencias negativas previas con la autoridad, en el ámbito de la justicia, pero también en otros espacios de la vida pública.
Lo anterior se agrava ante el panorama que se desprende de las percepciones de quienes sí acudieron a denunciar el delito. Es decir, de cerca de 40% de las personas que “sí hicieron algo ante el delito”, 55% sostiene que no sirvió de nada haber recurrido a un Ministerio Público, mientras que un 52% sostiene que no le sirvió de nada acudir ante un policía.
Otro dato que se encuentra en el informe es el relativo a que 71% de la ciudadanía está en desacuerdo o muy en desacuerdo con la idea de que los políticos se preocupan por personas como ellos; es decir, siete de cada 10 personas cree que no es importante para las y los políticos que deberían representarles.
En el mismo sentido, también alrededor de 71% de la población cree que tiene poco o muy poco poder o capacidad de influencia o de incidencia en las decisiones que los políticos toman respecto de gente como ellos.
La desconfianza electoral
Uno de los principales indicadores que permiten medir el nivel de participación política de la ciudadanía es el relativo al porcentaje de electores que efectivamente acuden a las urnas para elegir a las y los representantes ante el Congreso, así como a los gobernantes.
En este rubro, los porcentajes más altos obtenidos en las elecciones federales en el país no han llegado, desde la creación del IFE, a cifras superiores a 64%. De hecho, la cifra más alta se alcanzó en 1994, cuando se registró un índice de casi 75% del electorado que acudió a las urnas.
En contraste, en el año 2000, participó 63.9% del electorado; en el año 2006 hubo un marcado descenso a sólo 58.55%; mientras que en 2012 la votación alcanzó un índice de 63.23%.
En elecciones intermedias los niveles son mucho más reducidos: 57.02% en 1997, 41.68% en 2003, y 44.61% en el año 2009. Esto significa que en los últimos 10 años, cuando se trata de elegir, a nivel federal, sólo a las y los diputados al Congreso de la Unión, el interés ciudadano por acudir a las urnas es menor a 50%.
La desconfianza entre la ciudadanía
Si algo llama poderosamente la atención —pero también a preocupación— en el Informe País, es el bajo nivel de participación política, no electoral, de la ciudadanía, así como la ruptura de las relaciones de confianza y solidaridad al interior de las comunidades.
Por ejemplo, sólo cuatro de cada diez ciudadanos en el país han participado en charlas o discusiones sobre temas políticos con amigos o familiares; sólo 12% ha asistido a sesiones del Cabildo de su Ayuntamiento; 11% ha participado en actividades políticas vinculadas a partidos, previas a las elecciones; 10% ha compartido información de tipo político en Facebook o Twitter; mientras que 9% ha firmado alguna petición de protesta.
Por otro lado, es de destacarse que en México, como promedio general menos de 10% de la ciudadanía declara que participa en algún tipo de organización no gubernamental; sobresale el hecho de que las más numerosas son las organizaciones de tipo religioso, en las cuales ha participado 12% de la ciudadanía.
Frente a ellas, las organizaciones de tipo profesional, cultural, vecinal y ambiental, no superan, cada una de ellas, el 5% de afiliación o participación regular de la ciudadanía.
Otro de los indicadores de solidaridad social y asociacionismo, sobre todo en un país con las carencias que se presentan en el nuestro, es el relativo a la práctica de llevar a cabo donativos en situaciones de desastre.
En este ámbito es de destacarse que 41% de la población declaró haber hecho alguna donación, ya sea en efectivo o en especie, en casos de desastres naturales.
En el mismo sentido es importante visualizar que sólo 19% de la población declara que ha donado alguna vez sangre, siendo la región centro del país la que menos reporta esta práctica de solidaridad humana, con menos de 15% de su población que ha donado sangre para alguna persona que así lo requiera.
Como resultado de todo lo anterior, el Informe País muestra que 50% de la población cree que es preferible un gobierno autoritario a uno democrático; o bien, que a veces es preferible uno autoritario frente a uno democrático.
Como último dato, es importante destacar que 72% de las personas, es decir, siete de cada diez sostienen que no se puede confiar en la mayoría de las personas.
*Columna publicada con el mismo nombre en el periódico Excélsior, 17- Febrero- 2015, p.24
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