por Mario Luis Fuentes
De acuerdo con el CONEVAL, el salario laboral ha perdido 30% de su valor en los últimos cinco años; y según los datos del INEGI, en México hay prácticamente 27 millones de personas que carecen de afiliación a servicios de salud; 51 millones de quienes tienen más de 14 años nunca han cotizado a ningún sistema de pensiones; mientras que sólo el 4% de las niñas y niños menores de 6 años tienen acceso a una guardería pública. Estos datos muestran la urgencia de un nuevo curso de desarrollo capaz de generar empleos dignos para los ciudadanos
La Organización Internacional del Trabajo define como empleos dignos (decent work), como aquellos que además de garantizar el acceso a salarios suficientes para una adecuada calidad de vida, pero también como aquel que permite el acceso a prestaciones económicas y sociales.
En efecto, la OIT considera que el trabajo digno: “Se basa en el reconocimiento de que el trabajo es fuente de dignidad personal, estabilidad familiar, paz en la comunidad, democracias que actúan en beneficio de todos, y crecimiento económico, que aumenta las oportunidades de trabajo productivo y el desarrollo de las empresas”.
Desde esta perspectiva, los indicadores de que disponemos en el país muestran lo alejados que estamos de ser un país en el que la economía y su desempeño, tienen la capacidad de garantizar a todas las personas en edad de trabajar, el acceso a puestos de trabajo que estén enmarcados en el marco descrito por la OIT.
En esa lógica, es importante destacar que esta semana el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), dio a conocer los datos de la Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social, 2013 (ENESS). La interpretación de los datos ahí contenidos, obligan a una revisión crítica sobre los inmensos retos que tenemos enfrente y todo lo que falta por hacer desde la perspectiva de las políticas públicas.
Salarios: caída continua
Uno de los mayores elementos de quiebre de nuestra economía se encuentra en la progresiva e inexorable pérdida del poder adquisitivo de los salarios de las mayorías. Este hecho impacta sin duda en la calidad de vida de las personas y de sus familias, pero también impide la reconstrucción del mercado interno dinámico y en continua expansión que requerimos.
El Índice de la Tendencia Laboral de la Pobreza que elabora cada trimestre el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social no deja lugar a dudas: entre el 2008 y el 2013, el ingreso laboral per capita cayó de $1,800.00 pesos mensuales, a 1,256.85.
Lo anterior significa, en sólo cinco años, una pérdida mensual, por el mismo trabajo desarrollado, de $543.42 pesos por trabajador, es decir, un retroceso de 30% de ingresos en el periodo señalado.
Seguridad social: el espejismo
La citada ENESS, 2013 arroja resultados sumamente preocupantes. El primer dato a destacar en este importante ejercicio del INEGI, es que se confirma que en el año 2013, éramos aproximadamente 118,563,412 de mexicanas y mexicanos; es decir, prácticamente 6 millones más de habitantes que los contabilizados por el Censo del 2010.
De esta suma, hay 26.9 millones de personas que no cuentan con afiliación a ningún sistema de salud en el país; de ellos, 13 millones se encuentran en el rango de edad que va de los 20 a los 49 años de edad; es decir, el grupo que se supone se encuentra en las mayores condiciones de productividad.
Al respecto debe destacarse una cuestión mayor: en la ENESS se considera que el llamado Seguro Popular forma parte de los servicios de seguridad social cuando, como se dijo líneas arriba, la OIT la define como un conjunto de prestaciones económicas y sociales, además del acceso a una pensión digna, de lo cual carece este sistema.
De tal forma, habría que separar a los casi 50 millones de personas afiliadas a algún sistema de seguridad social público (IMSS, ISSSTE, ISSFAM, sistemas de universidades públicas, etc.), de los 41.14 millones de afiliados al Seguro Popular, quienes en sentido estricto tienen acceso a servicios médicos, que además debe decirse, están basados en un cuadro básico distinto al que tienen los sistemas de seguridad social propiamente dichos.
Uno de los elementos que mayormente deben destacarse es la inequidad persistente entre hombres y mujeres en el ámbito laboral. En efecto, de los 18.9 millones de trabajadores titulares de la seguridad social afiliados en instituciones públicas, 11.2 millones son hombres, es decir, prácticamente el 60% del total.
En contraste, de los 15.98 millones de personas afiliadas como titulares del Seguro Popular, 3.67 millones son hombres, mientras que 12.3 millones son mujeres (77% del total).
Los jóvenes: los más desprotegidos
Analizado por grupos de edad, destaca el hecho de que son las y los jóvenes en edad productiva entre quienes en mayor medida hay población sin cobertura de seguridad social; esto implica menos cotizantes y una debilidad creciente del sistema de pensiones en el país.
En efecto, según los datos de la ENESS, 2013, a nivel nacional el 22.7% de la población no cuenta con afiliación a ningún sistema de atención médica. Sin embargo, cuando se toma al grupo que va de los 20 a los 29 años de edad, el porcentaje es de 30.3%; seguido del grupo de los 30 a los 39 años de edad, entre quienes la no afiliación se ubica en 23.4% del total.
Estos datos permiten sostener que uno de cada cuatro jóvenes entre los 20 y los 39 años de edad carece de cobertura en cualquiera de las dependencias prestadoras de servicios de salud del país. Esto se traduce en el hecho de que prácticamente el 59% de la población mayor de 14 años jamás ha cotizado para ningún sistema de pensiones; indicador que en números absolutos representa a 51.7 millones de los 88.1 millones de personas en el grupo de edad considerado.
A esas cifras deben agregarse los 17.78 millones de personas que, aun cuando han cotizado alguna vez a alguno de los sistemas de pensiones, al momento del levantamiento de la encuesta no lo hacían; cifra prácticamente similar a la de quienes actualmente sí cotizan y la cual se ubica en 18.4 millones de personas.
Lo anterior quiere decir, en síntesis, que por cada trabajador que actualmente cotiza a alguna de las instituciones de seguridad social, hay cuatro que no lo hacen; lo cual evidencia que la crisis de la seguridad social se debe mayormente a una crisis del mundo del trabajo.
Las niñas y los niños, los más desprotegidos
En medio de la fractura del mundo del trabajo y la seguridad social, las niñas y los niños son quienes en mayor medida padecen las consecuencias. Sólo para citar un ejemplo, basta mencionar que son muy pocos quienes acceden a servicios de guardería de calidad, derivado de la afiliación de sus madres o padres a la seguridad social.
En efecto, según los datos de la ENESS, 2013, de los 14.31 millones de niñas y niños que tienen menos de 6 años, sólo 419,938 tienen acceso a una guardería pública, mientras que 153,417 lo tienen a una guardería privada; esta suma equivale a únicamente el 4% de las niñas y niños en el grupo de edad señalado.
De quienes no son atendidos por una guardería, hay 10.56 millones que son cuidados mayoritariamente por su mamá; mientras que 1.89 millones son cuidados por sus abuelas; datos que por sí mismos revelan la enorme doble carga de actividades y responsabilidades que siguen asignándose al interior del hogar, en detrimento de los derechos de las mujeres.
*Columna publicada con el mismo nombre en el periódico Excélsior, 22- Abril- 2014, p.11
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