por Pablo Yanes
Los últimos tres períodos de sesiones de la CEPAL (Brasilia/2010, San Salvador/ 2012 y Lima/2014) han estado dedicados centralmente a la reflexión y la propuesta estratégica en torno al tema de la igualdad como lo expresan de manera clara los tres informes producidos: La Hora de la Igualdad, Cambio Estructural para la Igualdad y Pactos para la Igualdad: Hacia un Futuro Sostenible.
La constatación, tantas veces repetida, de que nuestra región no es la más pobre, pero sí la más desigual del mundo nos ha llevado en la CEPAL a proponer no sólo un nuevo diagnóstico sobre las desigualdades de la región, sino sobre todo a subrayar la pertinencia y urgencia de un conjunto coherente de políticas públicas que se propongan cerrar brechas de desigualdad y no sólo atemperar la pobreza o mitigar las carencias sociales.
La desigualdad no sólo lastima la convivencia social y los valores cívicos, niega o menoscaba el goce de derechos fundamentales y produce sociedades fragmentadas y recelosas, sino que también limita y distorsiona el crecimiento económico; impide el despliegue de todas las capacidades productivas de nuestras sociedades; bloquea el desarrollo de un pujante mercado interno y hace depender las fuentes de crecimiento de la evolución del mercado externo y de la capacidad de consumo de las élites y las clases medias.
Frente a lo anterior, la CEPAL ha propuesto la necesidad de una nueva ecuación Estado-Mercado-Sociedad y una nueva relación entre crecimiento y distribución que se sintetiza en la idea-fuerza de “crecer para igualar y de igualar para crecer”. Como es evidente, la novedad reside en la segunda parte del postulado y en su implicación: un crecimiento concentrador termina por limitar el crecimiento mismo. Para CEPAL, en consecuencia, la igualdad progresiva de nuestras sociedades es un componente del crecimiento y no un producto sucedáneo que llegará en algún momento.
De la mano de la propuesta de “igualar para crecer” se encuentra otra de las ideas-fuerza de esta mirada de la CEPAL: lo social no se juega sólo en lo social. Esto es: el cierre de brechas de desigualdad no puede ser producto únicamente del despliegue de la política social, sino que se requiere del concurso complementario y consistente de la política económica y de un proceso de cambio estructural de las economías de la región que supere la profunda heterogeneidad estructural; fomente la formación de cadenas de valor; difunda en el tejido productivo el progreso técnico y la innovación; y que permita la elevación de la productividad y la distribución equitativa de las mejoras.
Por ello mismo una promisoria alternativa que hemos venido explorando desde la CEPAL es la necesidad de reconsiderar el diseño de la política macroeconómica a la luz del enfoque de derechos humanos partiendo del supuesto fundamental de que la gestión de las grandes variables económicas (la política fiscal, monetaria, financiera, comercial, salarial y laboral) no es un fin en sí mismo, sino un conjunto de herramientas que deben perseguir la mejora sostenida de las condiciones de vida y bienestar de las personas y lograr el más alto nivel posible de gozo de sus derechos humanos.
Dentro de esta perspectiva tres elementos aparecen como centrales:
a) Una gestión de la economía con el propósito de generar empleo formal, bien remunerado, estable y con derechos que supere una de las grandes matrices de la desigualdad: la predominancia de bajos salarios e ingresos para segmentos muy amplios de la población
b) Una fiscalidad que contribuya a corregir las grandes asimetrías de ingreso y acceso a los satisfactores sociales, dotando al Estado de la masa de recursos necesarios para proveer bienes públicos de alta calidad y en donde se logre mayor cobertura del gasto social pero también mayor efecto redistributivo
c) Un nuevo estilo de desarrollo que ponga en el centro la sustentabilidad ambiental y que permita elevar sustancialmente la capacidad regulatoria en esta materia para garantizar el interés general y la defensa del medio ambiente concebido como un macro bien público.
En este contexto la política social tiene espacio para desarrollarse y profundizarse mediante la expansión de sus coberturas, en una lógica crecientemente universalista, y en la calidad y acceso homogéneo a los diversos bienes públicos frente a una lógica de creciente importancia del consumo privado. A pesar de los avances en el monto del gasto social que ha reportado la región en el presente siglo, aún hay muchas carencias no atendidas, brechas de acceso muy fuertes (agravadas en el caso de la infancia, las mujeres y los pueblos indígenas y afrodescendientes) y goce diferenciado y jerarquizado de derechos sociales y bienes públicos.
Por esto mismo la reflexión sobre la necesidad de políticas pro igualdad –y no sólo anti pobreza- va de la mano con la idea de que no hay que pensar sólo en pisos mínimos, sino atreverse a diseñar y caminar hacia techos máximos consistentes con el postulado central del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que establece el derecho de todas las personas a un nivel de vida adecuado.
Las políticas pro igualdad deben ser construidas –por su naturaleza no puede ser de otro modo— desde el enfoque de derechos humanos y sus postulados fundamentales de universalidad; interdependencia; indivisibilidad; progresividad; exigibilidad; definición del contenido mínimo del derecho; no regresividad; máxima movilización de recursos disponibles; e interpretación pro persona.
Y cuando hablamos de políticas pro igualdad no nos referimos sólo a la igualdad de oportunidades, sino que vamos más allá: igualdad sustantiva; cierre de brechas; igualdad creciente de resultados. La experiencia nos ha señalado que sociedades altamente desiguales son también sociedades de baja movilidad social en la medida en que es la estructura social la que determina la estructura de las oportunidades y no a la inversa, como frecuentemente se piensa. En la medida en que las disparidades sociales sean menores las oportunidades serán mejores y se distribuirán de manera más horizontal en la sociedad lográndose mayor movilidad social.
Para la región latinoamericana y del Caribe todo lo anterior implica asumir la relevancia de construir información estadística y diagnósticos que muestren la complejidad, extensión, profundidad y dinámica de las desigualdades para diseñar marcos jurídicos, políticos e institucionales que permitan la construcción de acuerdos nacionales y cursos de acción con el propósito explícito de cerrar las brechas y tener sociedades mucho más igualitarias.
Implica analizar no sólo la desigualdad entre los hogares, sino también la composición de la distribución primaria del ingreso y la evolución de la masa salarial. Implica entender los mecanismos de profundización de las desigualdades en el ciclo de vida (particularmente en la infancia) por razones de género; por pertenencia étnica; por discapacidad; por afrodescendencia; por identidad sexual; así como desentrañar los mecanismos del círculo vicioso entre desigualdad y discriminación.
Implica, también, un mejor conocimiento de las maneras cómo se producen y reproducen la pobreza y la pobreza extrema y también asumir como parte de la cuestión social de la región el conocimiento sobre la producción y reproducción de la riqueza extrema.
A lo anterior hay que agregarle el desafío adicional que significa el reto global del cambio climático y del agotamiento de un estilo de desarrollo basado en el consumo masivo -y al mismo tiempo profundamente desigual- de combustibles fósiles y bienes privados en detrimento de los públicos.
Por ello las políticas pro igualdad deben conducir a una doble transformación: una nueva relación al interior de las sociedades para hacerlas más horizontales y una relación de la sociedad global con el medio ambiente para garantizar la sostenibilidad del desarrollo y la reproducción de la vida a escala planetaria.
Por todo lo anterior, en los debates y consultas orientadas a la construcción de la agenda post-2015 y la definición de los Objetivos del Desarrollo Sustentable las dimensiones de la igualdad y la sustentabilidad han gravitado como ejes transversales hacia la propuesta de un nuevo modelo de desarrollo que aspira a serlo con igualdad, sin pobreza y con sustentabilidad.
Es ambicioso, pero también es posible.
| Pablo Yanes Jefe de la Unidad de Desarrollo Social de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Es Licenciado en Economía y Maestro en Gobierno y Asuntos Públicos por la UNAM. |
