No hay en el mundo, un solo Estado de bienestar consolidado, que no disponga de un sólido sistema de asistencia social pública, que en la mayoría de los casos es rector de la materia, pero también un eficaz prestados de servicios especializados a la población en mayores condiciones de vulnerabilidad social.
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Por ello es importante que, en medio de la crisis económica y sanitaria por la que atravesamos, el presidente de la República haya mencionado una vez más al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), y que haya recordado que se trata de una institución que tiene como mandato jurídico la protección de las niñas y niños, sobre todo de aquellos que viven en condiciones de orfandad o abandono.
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La mención que ha hecho el presidente de esta institución, no debería quedarse, en sólo eso, sino que debería activar la reflexión en torno a la integración de un Gabinete Social, que de manera articulada lleve todo el esfuerzo del gobierno a todo el territorio, cumpliendo con el mandato del artículo 3º de la Ley de Asistencia Social en el que se le define como: “el conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impidan el desarrollo integral del individuo, así como la protección física, mental y social de personas en estado de necesidad, indefensión desventaja física y mental, hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva”.
De acuerdo con el Censo Nacional de Población y Vivienda, 2020, en México hay únicamente 8,500 alojamientos de asistencia social o beneficencia pública y privada. De esa cantidad, para la atención y cuidado de niñas y niños, hay únicamente mil, de los cuales, 662 son asociaciones civiles, 102 son instituciones de asistencia privada, 4 tienen la figura de sociedades civiles; 13 son asociaciones religiosas, y solamente 133 son instituciones públicas, además de 86 que no responden a ninguna de las anteriores categorías.
Como puede intuirse, se trata de una red insuficiente de servicios asistenciales para la magnitud y necesidades de nuestro país; pero también, no es difícil imaginar el estado de precariedad con la que operan, y la enorme carencia de recursos tanto físicos, como financieros y de equipamiento, además de la necesaria modernización y adecuación de los modelos de atención a la perspectiva de los derechos humanos, y la urgente capacitación de su personal, el cual, en su mayoría es personal voluntario.
En efecto, de acuerdo con los datos censales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de las 61,612 personas que trabajan en los establecimientos de asistencia social, 51,840 son personas que lo hacen de manera voluntaria; de ellas, 27,228 son hombres y 24,612 son mujeres. Esto significa que, en promedio, para cada centro asistencial, habría 7.24 personas que prestan sus servicios en ellas; de las cuales, en promedio, seis prestan sus servicios de forma voluntaria y 1.2 por cada centro, lo haría de manera remunerada.
Nuestro país debe reconocer que hay personas para quienes la entrega de recursos económicos es relevante, pero que hay otras quienes viven discapacidades inhabilitantes, niñas y niños víctimas de violencia extrema, en abandono total; niñas y niños en situación de calle, para quienes la prestación de servicios especializados significa la diferencia entre la vida y la muerte; y la posibilidad de un futuro en dignidad. Así, es un hecho que, si hoy tenemos a 194 mil personas atendidas en centros asistenciales, es porque la oferta de servicios de calidad es sumamente limitada; pues de ser más amplia, seguramente habría mucho más.
La asistencia social debería ser uno de los ejes rectores de un sistema integral de bienestar social, y cuya intervención, a partir de su fortalecimiento y ampliación, es indispensable para evitar mayores tragedias en medio del cúmulo de urgencias que estamos enfrentado en el país.
Investigador del PUED-UNAM
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