La impúdica persecución a 31 científicos

El tratamiento que el actual gobierno otorga a la ciencia y al desarrollo tecnológico es discutible, como todo, pero el trato que da a 31 científicos al perseguirlas judicialmente, sin fundamento, es reprobable y aberrante. Es una conducta que tendrá consecuencias muy negativas no solo para ese grupo sino también para la investigación y el trabajo académico.

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No es un hecho aislado, lo que de por sí sería lamentable. No se puede entender sin la cadena de decisiones que inició en 2018, con las descalificaciones y los signos de desconfianza para quienes se dedican a la investigación científica. Llegaron luego las medidas que poco a poco fueron afectando las condiciones para el trabajo en instituciones y laboratorios, junto con las modificaciones unilaterales en las reglas del Sistema Nacional de Investigadores.

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Al mismo tiempo, desde 2019 se promovieron reformas al marco legal de la ciencia, con un ánimo centralizador, que, entre otras implicaciones, excluía al Foro Consultivo Científico y Tecnológico. A quienes estaban a cargo del Foro se les acusó de recibir indebidamente recursos presupuestales, y se iniciaron litigios que llevaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a determinar que no había irregularidad alguna.

En diversas ocasiones el Presidente de la República fue dando muestras de que no solo compartía sino refrendaba el menosprecio por quienes trabajan en la investigación. La hostilidad fue dominando el trato político hacia una comunidad que cumple tareas estratégicas para el país, pero que fue calificada como un grupo de privilegiados sin compromiso con la Nación, y eso configuró un caldo de cultivo que dio paso a la decisión de la Fiscalía General de la República para iniciar demandas penales contra las 31 personas que ahora tiene en su mira.

A la Fiscalía no le importó que la Suprema Corte ya hubiera determinado que el Foro  operó correctamente al recibir recursos públicos, y decidió actuar como si se tratara de delitos que ameritaran prisión inmediata, acusando por asociación delictuosa, entre otros presuntas faltas. Fue una decisión desproporcionada, y el doble rechazo del juez federal del Centro Federal de Readaptación Social Número 1 “El Altiplano” así lo muestra.

Que hayan elegido precisamente ese penal dice mucho sobre las intenciones extra legales del caso. Como dice un comunicado que está recabando firmas, “el fiscal general está tratando de atemorizar a quienes, desde la comunidad académica, han expresado pública y abiertamente sus diferencias con las actuales políticas del CONACYT, y de perseguir a quienes ejercieron sus funciones con base en la normatividad entonces vigente que se guiaba por una concepción distinta sobre el desarrollo científico y tecnológico del país”

Rechazadas por el juez sus dos demandas, la Fiscalía insistió en que presentará de nuevo, por tercera ocasión, las órdenes de aprehensión. Torciendo y envenenando los hechos, la fiscalía nombra como empresa privada a la Asociación Civil que es el Foro, lo que añade dolo a la forma en que procede contra las 31 personas, e insiste en calificar como delito lo que la Suprema Corte ya consideró como legal. El Conacyt, victimizándose, calificó como  “ola concertada de desinformación en medios y redes sociales” la difusión de los hechos, y se lavó las manos de las demandas judiciales, como si no hubiera presentado las denuncias originales.

En otra vuelta de la espiral, un senador de Morena, con el apoyo de su bancada, fue más allá y pidió a la Unidad de Inteligencia Financiera investigue posibles irregularidades de las universidades públicas, entre las que mencionó a la UNAM. Usó una de las frases que desde 2019 se echó a rodar desde Presidencia, que los científicos practican en exceso el turismo científico. Ahí está: los viajes de investigación se consideran un lujo injustificado, y por lo tanto había que limitarlos. Y así con otros gastos necesarios en la actividad científica.

¿Hasta dónde llegará esta oleada de despropósitos, cuál es su sentido, qué razones tienen para una persecución judicial de tal magnitud? Lo que echaron a rodar es ni más ni menos que una persecución dirigida contra cualquier posible disenso desde uno de los grupos que más valoran la independencia y la libertad, que son intrínsecas a su tarea de investigación. Lo que sigue es el temor y la inhibición ante cualquier duda en la actuación cotidiana, sobre todo en el empleo de recursos presupuestales.

La situación por la que pasan las 31 personas acusadas es penosa, saben que la Fiscalía va contra ellos a como de lugar y les puede significar la privación de la libertad y un proceso tortuoso. El fiscal utilizó todo el poder a su alcance para conseguir el ingreso, sin méritos, al Sistema Nacional de Investigadores. Descubiertos sus plagios en textos que presentó ante Conacyt, hizo mutis y no tuvo la dignidad de renunciar a su lugar en dicho sistema.

El daño de mayor alcance será para la actividad científica misma, que está quedando estigmatizada con los señalamientos infundados de la Fiscalía y del propio CONACYT. El aprecio social por la ciencia y el desarrollo tecnológico, sobre todo entre las nuevas generaciones, es esencial para fortalecerla. Esta espiral de sinsentidos generará desconfianza en la carrera científica. Una desgracia, sin duda.

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