por Tania Reneaum Panszi
Las desapariciones forzadas, más allá del lugar y del momento en que ocurrieron, tienen un denominador común: la lenta y prolongada angustia de las familias
Con la desaparición forzada, las personas desaparecen literalmente de entre sus seres queridos y de su comunidad, cuando agentes estatales (o con el consentimiento del Estado) los detienen por la calle o en su casa y después lo niegan o se rehúsan a decir dónde se encuentran. Es un delito de derecho internacional.
Muchas de las personas desaparecidas nunca son puestas en libertad y no llega a conocerse qué ocurrió con ellas
No importa que las desapariciones forzadas sean recientes, como en el caso de Siria, o que se hayan producido hace décadas, como en España. Tampoco importa que sean un problema crónico, como en México, que venimos atestiguando desde hace mucho tiempo. En todos los casos hay un denominador común: la tortura que conlleva el dolor de los familiares de las víctimas.
Muchos son sometidos a una lenta y prolongada angustia psicológica, pueden ser extorsionados a cambio de información, o pueden ser amenazados por seguir buscando la verdad. Lamentablemente en nuestro país esto abunda.
También existe un efecto económico impactante en para algunas de estas familias, que se agrava, ya que la legislación de numerosos países, incluido el nuestro, obliga a presentar un certificado de defunción para poder solicitar el cobro de un seguro o pensiones económicas.
En muchos casos la víctima solía ser el sostén de una familia que ahora, además de luchar por la justicia y enfrentar el dolor que provoca esta horrible violación de derechos humanos, debe preocuparse por cubrir sus necesidades económicas más básicas y otras más complejas relacionadas con la ineficacia y la corrupción del sistema penal, que incluye los gastos de investigaciones independientes hechas por las familias ante la parálisis del Estado.
La legislación actual no garantiza la protección de los derechos de las familias de las personas desaparecidas
De especial preocupación (por sus efectos en la forma de vida de las personas) son las deudas que quedan cuando una persona es desaparecida y las que la familia tiene que adquirir para enfrentar la situación. Las familias de las personas desaparecidas están en constante riesgo de perder su patrimonio, incluyendo su vivienda.
Debemos recordar que la desaparición forzada no es un hecho puntual: la desaparición forzada, en la medida en que no hay una respuesta para las familias, se prolonga en el tiempo de manera permanente hasta que se sepa qué pasó con sus seres queridos.
La desaparición forzada es un dolor permanente que ataca a las familias mientras no llegue la justicia
“El dormitorio está impecable, intacto, como si los relojes se hubieran detenido una tarde de enero de 2009”. El hijo de María Guadalupe Fernández, de 32 años, fue secuestrado por un grupo de hombres armados en Monclova. “Lo peor es no saber lo que le sucedió. Nunca me olvidaré de él, pero las cosas serían diferentes si al menos tuviera un lugar donde presentarle mis respetos”, cuenta María Guadalupe.
Para junio de 2017, según datos del Gobierno, 32,096 personas se hallaban en paradero desconocido, sin especificarse cuántas habían sido sometidas a desaparición forzada. Un caso emblemático son los 43 estudiantes de Ayotzinapa, desaparecidos en septiembre de 2014.
En abril de 2016, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, acusó al gobierno mexicano de no haber seguido las líneas de investigación claves, manipular evidencias, proteger a oficiales sospechosos de participar en las desapariciones forzadas y de torturar a presuntos sospechosos para asegurar “confesiones”.
Recientemente se ha verificado que integrantes de este grupo y de organizaciones de derechos humanos que trabajan el caso han sido espiadas con sofisticados programas disponibles sólo para gobiernos.
Datos de Naciones Unidas
La Convención Internacional para la protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas ha sido firmada por 96 países y ratificada por 57. Los últimos en ratificarla ha sido República Checa, Sri Lanka y Suiza.
Los últimos datos del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas (junio 2016) señalan que desde 1980 siguen abiertos 44,159 casos en 91 estados. Sólo entre el 16 de mayo de 2015 y el 18 de mayo de 2016 se registraron 766 nuevos casos en 37 Estados.
Según este informe, los países con mayor número de desaparecidos registrados desde 1980 son Irak (16,560), Sri Lanka (12,349), Argentina (3,446), Argelia (3,168), Guatemala (3,154), Perú (3,006), El Salvador (2, 673) y Colombia (1,260).
Un proyecto de ley, un avance
En México las desapariciones forzadas con implicación del Estado y las desapariciones perpetradas por agentes no estatales siguen siendo prácticas generalizadas, y los responsables siguen gozando de una impunidad casi absoluta.
Las investigaciones de los casos de personas desaparecidas siguen adoleciendo de irregularidades y sufriendo demoras indebidas. En general, las autoridades no inician inmediatamente la búsqueda de las víctimas.
El proyecto de ley general contra la Desaparición Forzada, aprobada por el Senado el pasado mes de abril supone un avance para hacer frente a la crisis de derechos humanos que enfrenta el país
Sin embargo, es un proyecto perfectible que nace con un débil sistema de búsqueda, y su implementación requerirá una seria voluntad política para brindar justicia, verdad y reparación a tantas familias que con sus esfuerzos llevan años buscando a sus familiares.
La aprobación definitiva del proyecto de ley es decisivo para poner fin a la pesadilla que día a día viven miles de familias que buscan a sus seres queridos, enfrentando enormes riesgos y haciendo labores que corresponden a las autoridades públicas.
Es urgente tipificar, conforme a los más altos estándares internacionales, la desaparición forzada y la desaparición por actores no estatales como delitos autónomos en la ley general en la materia. De esta manera, se debe garantizar que todas las denuncias por desaparición se investiguen exhaustivamente, con independencia de quién sea el presunto autor y que el delito de desaparición forzada sea investigado y sancionado cuando haya indicios de implicación de agentes estatales.
De igual importancia es reconocer la obligación de iniciar de oficio y sin dilación alguna la búsqueda de personas reportadas como desaparecidas. Se deberán activar métodos específicos para reaccionar lo antes posible dentro de las primeras 72 horas de la desaparición, pero la búsqueda deberá continuar hasta establecer plenamente la suerte o el paradero de la víctima.
Debemos parar esta ola de desapariciones
No es normal que una persona desaparezca, que se desvanezca en el aire sin búsqueda o investigación alguna por parte de las autoridades, y mucho menos es normal que las víctimas en búsqueda de la justicia y la reparación sean tratadas con indolencia.
No es normal que más de 32 mil personas no estén en sus casas, con sus familias, ni mucho menos que madres, padres, hijos y amigos y amigas se pregunten todos los días: ¿en dónde estarán?
Tania Reneaum Panszi es abogada, mexicana, y feminista, especializada en Derecho Penal y Problemas Sociales Comparados. Ha sido la asesora principal del Secretariado Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, DC, y Directora Ejecutiva para el Seguimiento de Recomendaciones en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Debido a su labor, ha mantenido una constante relación con los temas de defensa de los derechos humanos en México y países de América Latina.
Twitter: @TaniaReneaum / @AIMexico
Facebook: @amnistiamexico Barack Obama presentó su último “discurso a la nación” el pasado marte
