Los datos que presentó el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), respecto de la tendencia laboral de la pobreza en el tercer trimestre de este 2022, muestran que, pese al discurso triunfalista del gobierno de la República, las condiciones del mercado del trabajo siguen siendo sumamente frágiles y colocan a las personas en tales niveles de vulnerabilidad que, ante cualquier variación negativa de la economía, aquellos que apenas habían logrado mejorar levemente sus condiciones de trabajo, caigan nuevamente en la precariedad y en niveles salariales empobrecedores.
Escrito por: Mario Luis Fuentes
En efecto, el duro efecto que tiene la inflación en los ingresos de las personas con menores ingresos está siendo devastador y se refleja ya en un fuerte retroceso respecto de los avances que se habían tenido, sobre todo por la política salarial del gobierno. Sin embargo, ésta ni es la única solución necesaria, ni tampoco puede sostenerse por mucho tiempo, menos aún si la economía no crece y si no se lleva a cabo una reforma fiscal integral.
Si las políticas neoliberales habían llevado al país a una situación en la que las generaciones presentes tendrían niveles de vida por debajo de las de sus padres y abuelos, en la actual administración es tal el nivel de deterioro de la economía, pero también de las instituciones del Estado, que la precarización de los niveles de vida se ha profundizado aún más, pues se han dado en condiciones de violencia y criminalidad nunca antes vistos en el país.
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Por ello desconcierta la euforia que aún manifiestan millones de personas ante el presidente de la República. Y es que las explicaciones relativas a que se le quiere porque es el único presidente que se ha preocupado por los pobres, se estrellan necesariamente en la realidad de que, en realidad, ahora son menos las personas y familias que reciben los programas federales, y que la calidad de los servicios esenciales como la salud, la alimentación y la educación tienen retrocesos sin precedentes en los últimos 30 años.
Hay una variable que tiene cada vez más peso en la determinación de la realidad nacional: la del tiempo. A esta administración le quedan escasas 88 semanas para garantizar un cierre relativamente ordenado de su gestión. Pero eso parece que no va a ocurrir dada la preeminencia de lo electoral.
En este escenario, lo que priva es la incertidumbre. Nadie tiene claridad de qué es lo que habrá de ocurrir con sus empleos, con sus posibilidades de atender su salud, y si la educación que reciben sus hijas e hijos será de suficiente calidad para garantizar mayores probabilidades de inserción laboral y movilidad social. Y por ello más que nunca deben tomarse muy en serio las alertas de los organismos internacionales que alertan de una década perdida en la educación, y con ello, de un retroceso social de enormes magnitudes.
Es difícil saber cuánto tiempo más se mantendrá el efecto hipnótico y sedante que tiene la narrativa presidencial en amplios sectores de la población. Es difícil también si los “golpes de realidad” que se acumulan a diario habrán de tener alguna incidencia en los resultados electorales del 2023 y 2024. Pero lo que sí sabemos es que todos los días mueren asesinadas más de 90 personas; que al menos un millón de niñas y niños comen una sola vez al día; y que poco más de 40% de quienes trabajan tienen ingresos que les impiden salir de la pobreza extrema.
Hace falta, con urgencia, sentido y capacidad de autocrítica en esta administración; la cual no deja de festejar una transformación que no ha construido más allá de una narrativa y una teatralidad permanentes; y que sigue desperdiciando el tiempo en fiestas que se agotan en sí mismas y que en el mejor de los casos, tienen un efecto de catártico ante la abrumadora realidad de un país que se desangra día con día.
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