El difícil camino contra la inflación

Durante la primera quincena de abril, la inflación general anual en México alcanzó el 7.72%, un nivel que no se había visto desde hace más de 20 años (concretamente en 2001, cuando fue de 7.86%). Además, entre la primera quincena de abril de 2021 y la primera quincena de abril de este año, los precios de los alimentos registraron un incremento de 12.22%, de acuerdo con las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). En este escenario, el subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio, declaró que la inflación en México ya no puede ser considerada como transitoria y explicó que reducirla al 3% podría tardar entre 12 y 18 meses.

Escrito por: Alexandro Méndez González

La preocupación ante lo que podría considerarse ya como una de las crisis inflacionarias más graves del país y el efecto que tendrá en los bolsillos de los mexicanos también ha ido en ascenso, principalmente en relación con los 55.7 millones de personas que viven en pobreza (8.7 millones de ellos en pobreza extrema), una cifra que, según estimaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) incrementó en 3.8 millones de personas entre 2018 y 2021, debido a los efectos de la pandemia.

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De igual forma, el 40.3% de la población (alrededor de 52 millones de personas) enfrenta condiciones de pobreza laboral, lo que significa que los ingresos laborales que perciben los miembros del hogar no les alcanzan para poder adquirir al menos la canasta básica, según las cifras más recientes del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), correspondientes al cuarto trimestre del 2021.

A todo esto se suma que las estimaciones de crecimiento de la economía mexicana continúan a la baja de manera generalizada y casi todos los organismos y calificadoras (como el FMI, la OCDE, Moody’s, el IMEF, entre otros) apuntan que será de máximo un 2%, cifra considerablemente menor a la que se esperaba al inicio del año, cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público estimaba que habría un despunte de 3.4%, el cual incluso no paliaba el desplome de 8.5% de 2020, al que siguió una recuperación de 4.8% en 2021.

En medio de una fuerte crisis financiera global y con todos los pronósticos en contra, el gobierno federal presentó esta semana su Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC), que contiene 16 medidas para contener la inflación, con acciones en ámbitos como el comercio exterior, la producción y la distribución. Además, establece una política de contención de precios en 24 productos de la canasta básica, medida que fue aplaudida por la Coparmex, pues se espera que con ello el precio de una canasta básica alimentaria logre mantenerse en 1,129 pesos.

Entre otras medidas, se destinarán 330 mil millones de pesos a la estabilización de los precios de los combustibles, como la gasolina, el diésel, el gas LP y la electricidad. También propone fortalecer la seguridad en carreteras para resguardar el transporte de mercancías, señala que no habrá un incremento en el peaje y establece una medida temporal de seis meses para quitar los aranceles a 21 de 24 productos de la canasta básica y cinco insumos estratégicos.

Finalmente, este plan tiene como principal objetivo fomentar una mayor oferta a un menor costo y evitar que se debilite (aún más) el poder adquisitivo de las familias mexicanas y sobre todo de las más vulnerables. Durante la presentación del PACIC, el presidente destacó y agradeció la colaboración y solidaridad de grandes empresas (como Grupo Bimbo, Telcel, Walmart, Chedraui, Soriana y Gruma), quienes, según dijo, participarán en la estrategia en la medida de sus posibilidades, con el compromiso de no incrementar los precios en algunos de sus productos.

La reacciones ante el plan del gobierno contra la inflación han sido varias y muestran los claroscuros de las medidas. Expertos en materia económica coinciden en que su capacidad de contención podría ser limitada y tener un impacto mucho menor al esperado por el gobierno.

Uno de los principales factores a tener en cuenta es que el incremento actual de la inflación es un fenómeno global que obedece a causas internacionales, como el enfrentamiento entre Rusia y Ucrania y los efectos de la pandemia de COVID-19 en la economía. En este sentido, se cuestiona que haya una contención de precios local como medida para contrarrestar una inflación a nivel mundial, lo que podría generar efectos adversos en la economía nacional, fomentar la escasez y la creación mercados negros, lo que presionaría y asfixiaría a millones de micro, pequeñas y medianas empresas que no tengan la capacidad suficiente para mantener márgenes de ganancia ante los costos de los productos seleccionados.

El principal cuestionamiento en torno al plan de contención de la crisis inflacionaria es que se trate de una medida que quizá logre solventar el problema en el corto plazo, pero que no demuestra la capacidad del gobierno mexicano para crear una estrategia que logre solucionar el problema en el mediano y el largo plazo. Habrá que observar muy de cerca cuáles son los efectos del PACIC y si realmente es lo que el país necesita para evitar un golpe mortal al poder adquisitivo de los mexicanos que podría debilitar a las clases medias y aumentar más los niveles de pobreza en el país, que ya de por sí son alarmantes.

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Alexandro Méndez es doctor en Administración Pública por la Universidad Anáhuac del Norte y profesor de asignatura en la maestría en Administración Pública de la Universidad Tecnológica de México.