por Mario Luis Fuentes
El descontento con la democracia es, en sentido estricto, sinónimo de una profunda inconformidad con los resultados de los gobiernos. En efecto, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (INEGI), menos de 50 % de la población confiesa estar satisfecha con los servicios públicos que recibe. Menos de 50% manifiesta algún grado de confianza frente a las instituciones públicas y menos de 50% considera que los gobiernos están preocupados por sus problemas. Así, no hay democracia que pueda arraigarse ni crecer.
Los estudios con que contamos para medir la percepción ciudadana en materia de satisfacción con la democracia muestran que hay un evidente malestar ciudadano respecto de los resultados que tenemos en prácticamente todas las áreas y órdenes del gobierno.
Al respecto, expertos como José Woldenberg han señalado que, de manera sumamente paradójica, hoy la democracia es una más de nuestras preocupaciones y, en sentido estricto, es también uno de nuestros problemas públicos que exigen una urgente respuesta.
Al respecto es importante señalar que las razones por las cuales más de la mitad de la población cree que no vivimos en un régimen democrático son múltiples. Pero entre las más relevantes se encuentran, sin duda alguna, los magros resultados en cuatro rubros fundamentales de la vida nacional, a saber: a) la inseguridad pública, b) la marginación y la insatisfacción respecto del acceso y calidad de los servicios públicos, c) los elevados niveles de pobreza que existen y d) la profunda desigualdad que nos divide como nación.
Ahora que se ha puesto en marcha el proceso electoral 2015 es preciso reflexionar en torno a las agendas que se están proponiendo en el ámbito legislativo, así como en el terreno de los gobiernos locales que habrán de renovarse, a fin de que la ciudadanía pueda contar con la mayor información posible y valorar con precisión cuáles son las propuestas que en mayor medida responden a sus intereses.
Malos servicios
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, 2013, elaborada por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), en México la mayoría de la población se encuentra insatisfecha con la calidad de los servicios públicos que recibe, sobre todo en el ámbito de responsabilidad de los gobiernos locales, es decir, la “primera línea de contacto” entre la ciudadanía y los responsables de garantizar el cumplimiento de sus derechos humanos.
En lo particular, destaca que el servicio mejor valorado por la población es el relativo a la recolección de basura y desechos sólidos en sus viviendas, pues una de cada tres personas mayores de 18 años afirma que se encuentra satisfecha con el servicio que recibe.
Al respecto debe destacarse que en segundo lugar de menor insatisfacción detectada se encuentran los servicios de agua potable y carreteras y autopistas. Sobre el primero, INEGI identifica que hay 42.4% de personas que se dicen insatisfechas con la calidad y frecuencia con que reciben el agua en sus viviendas. Respecto de las autopistas y carreteras, 51.2% considera que los servicios que recibe en ellas no tienen la calidad esperada.
Destaca, asimismo, que dos de cada tres personas se muestran insatisfechas con los servicios de alumbrado público con que cuentan en sus localidades, pues en efecto, 64.7% de la población declara que este servicio es deficiente y que debe ser mejorado.
En el sótano de la calidad percibida se encuentra, por un lado, el servicio que la población recibe de las policías, en todos sus tipos y niveles. En este caso la situación es alarmante: 74.2% percibe que se trata de servicios que no tienen ni la pertinencia ni la calidad requerida para garantizar la seguridad pública en sus localidades.
En estas materias es de destacar que las entidades en que las policías se encuentran mayormente desprestigiadas son el Estado de México, en donde 88.6% considera que su servicio es deficiente; Michoacán, con un porcentaje de 87%; Puebla con un indicador de 86.7%, Guerrero con 82.6%, Tabasco con 82.3%, San Luis Potosí con 82.1% y Morelos con 81.5%.
A la par se encuentra la situación en que están las calles y avenidas de todo el país, pues 78% de la población considera que su calidad, diseño y seguridad son deficientes.
La corrosiva corrupción
De acuerdo con el INEGI, en el país hubo, a lo largo de 2013, 6% de las personas mayores de 18 años que tuvieron un contacto presencial con algún acto de corrupción en distintos tipos de trámites. Esa cifra implica un número absoluto de 4.19 millones de personas que estuvieron cara a cara frente a algún funcionario y que pudieron atestiguar o participar en un acto de corrupción.
El grupo más numeroso se encuentra en el capítulo denominado por el INEGI como “contacto con autoridades de seguridad pública”, respecto de las cuales se notifica un total de 1.71 millones de actos de corrupción atestiguados por la ciudadanía.
En segundo lugar se encuentra el rubro de trámites vehiculares, con 795 casos; le siguen los trámites ante el Ministerio Público, con poco más de 238 mil casos; el pago de tenencia o impuesto vehicular, con un total de 234 mil; le siguen los trámites ante el Registro Civil, con casi 167 mil casos; en ese orden se encuentra después el capítulo de trámites ante juzgados o tribunales, con 127 mil casos; le siguen los pagos por servicios de agua potable o permisos relacionados con la propiedad, con 110 mil y 109 mil casos, cada uno de ellos; así como casi 93 mil casos de corrupción en trámites relacionados con el impuesto predial.
Una profunda desconfianza institucional
La mayor parte de la ciudadanía en México manifiesta una profunda desconfianza respecto de las instituciones públicas. En efecto, el Informe País, recientemente presentado por el Instituto Nacional Electoral (INE), sostiene como hipótesis de trabajo precisamente que la desconfianza interpersonal frente a las instituciones, constituye uno de los principales desafíos para la consolidación de la democracia en México.
En efecto, el informe sostiene: “En general, a escala nacional el nivel de confianza hacia instituciones y organizaciones políticas y sociales (véase gráfica 5.11) no supera la mitad de los encuestados, excepto en tres casos: el Ejército (62%), los maestros (56%) y las Iglesias (55%). Los encuestados confían un poco más en el gobierno federal que en el gobierno de su estado y municipio (36 frente 30%). Por su parte, la confianza en los partidos políticos y los diputados está por debajo de 20%, y la confianza en la autoridad electoral es de 34 por ciento”.
Asimismo, el informe del INE refuerza lo aquí planteado: los gobiernos locales registran los más bajos niveles de confianza de parte de las y los ciudadanos. En efecto, únicamente 30% de la ciudadanía dice confiar en los gobiernos municipales, indicador que es catalogado, no sin razón por el INE, como dramático.
En el mismo nivel de lo municipal y lo regional, la policía aparece con sólo 22% de la ciudadanía que expresa algún grado de confianza ante su trabajo; es decir, prácticamente 8 de cada 10 personas no confían en los cuerpos de seguridad pública.
Otro dato interesante es que las y los empresarios, a pesar de que como promedio nacional obtienen 27% de confianza de parte de la ciudadanía, es el grupo que mayor variación y diferencias regionales muestra. Pues mientras que en la región norte de México llegan a 38% de confianza de la ciudadanía, en el sur aparecen con sólo 14% de nivel de confianza entre la población.
*Columna publicada con el mismo nombre en el periódico Excélsior, 03- Marzo- 2015, p.28
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