La crisis provocada por la pandemia de COVID-19 ha revelado la fragilidad de los sistemas de salud, así como las enormes brechas que existen en materia de protección social.
Tras la pandemia, se han exacerbado las grandes desigualdades estructurales dentro de cada país y región. Con un millón de vidas perdidas en todo el mundo y más de 30 millones contagiadas, la ONU advierte que la situación aún se encuentra fuera de control.
“Esta emergencia ha revelado sistemas de salud inadecuados y falta de protección social entre otras grandes carencias estructurales”, afirmó António Guterres, secretario general de ONU en su Informe de Políticas sobre el COVID-19 y la Cobertura Sanitaria Universal.
Según la ONU, una inversión insuficiente en el sector sanitario puede tener un impacto devastador en las sociedades y las economías, “como bien se ha observado con los 375 mil millones de dólares mensuales que le cuesta a la economía mundial la pandemia de COVID-19”.
Guterres insistió en que el mundo no estaba preparado para una emergencia sanitaria de este calibre: “nunca los sistemas de salud fuertes y resilientes han sido más cruciales, lo que ha dado mayor urgencia a la búsqueda de la cobertura sanitaria universal”.
En un contexto de infecciones que crecen y alarmanetes nuevas oleadas, el titular de las Naciones Unidas ha recalcado la urgencia de garantizar la salud a toda la población mundial, como el derecho humano que es. Para ello, la cobertura sanitaria universal es una herramienta fundamental
“Al menos la mitad de la población mundial todavía no tiene una cobertura completa de los servicios de sanidad esenciales y más de 800 millones de personas gastan un mínimo del 10% de sus presupuestos familiares para pagar los gastos de salud”, subrayó Guterres.
Recomendaciones
El Informe de Políticas sobre el COVID-19 y la Cobertura Sanitaria Universal de las Naciones Unidas incluye las siguientes cinco recomendaciones:
–Controlar la transmisión de COVID-19 a través de medidas de salud pública comprobadas y una respuesta global coordinada.
–Proteger la prestación de otros servicios de salud esenciales durante la pandemia. La pandemia ha interrumpido la prestación de intervenciones diarias esenciales necesarias para abordar las enfermedades infecciosas y el cáncer, las enfermedades cardíacas y otras enfermedades no transmisibles. El acceso a los servicios de salud mental y los programas de salud sexual y reproductiva no puede verse comprometido.
–Garantizar que todas las personas, en todas partes, tengan acceso a futuras vacunas, pruebas y tratamientos contra el COVID-19. Financiar el Acelerador ACT es la forma más rápida de poner fin a la pandemia.
–Alcanzar la cobertura sanitaria universal. Esto requiere que los gobiernos aumenten la inversión en bienes comunes para la salud, como la vigilancia, la cadena de suministro y adquisiciones, así como las comunicaciones de riesgos. También precisa que los programas de salud pública sean inclusivos y equitativos. El acceso a los servicios de salud no debe depender del estado financiero.
–Fortalecer la preparación y respuesta ante una pandemia, considerando estas estrategias como un bien público mundial. Para esto hacen falta inversiones a gran escala tanto nacionales como mundiales y se necesita la participación de todos los sectores de la sociedad.
