El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presentó los resultados 2022 del proyecto de Recopilación de Información de los Centros de Justicia para las Mujeres (CJM). Se trata de espacios en los que se deben concentrar servicios especializados en materia de atención integral con perspectiva de género para mujeres víctimas de situaciones de violencia, y para sus hijas e hijos.
Escribe: Mario Luis Fuentes A
Esta información es de suma pertinencia, porque muestra lo lejos que está el país de destinar los recursos necesarios para atender la emergencia nacional que se enfrenta en materia de violencia contra niñas y mujeres. Así, lo primero que se destaca es que en todo el territorio nacional había, hasta octubre de 2021, únicamente 55 de este tipo de centros.
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De esa cantidad, el 69.1% están adscritos a las Fiscalías de Justicia estatales; 25.5% a las Secretarías de Gobierno; mientras que el 5.5% dependía de otros organismos. Asimismo, destaca que las entidades que menor participación tienen en los CJM son las Secretarías del Trabajo y de Economía en las entidades.
Estas adscripciones administrativas y presupuestarias son indicativas del perfil y estructuras operativas de que se dispone en ellos.
Como ocurre en prácticamente todas las áreas, la presencia y capacidades de los CJM es heterogénea y con más o menos recursos, dependiendo de la entidad. Así, en Coahuila se tiene registro de cinco de estos centros; en el Estado de México y San Luis Potosí hay cuatro, en cada uno de ellos; Chiapas y Ciudad de México reportaron tener tres, respectivamente, mientras que en el resto de las entidades operaba sólo uno en cada una de ellas, destacando Tabasco donde, según el INEGI, no había ninguno hasta la fecha de corte señalada.
Es importante destacar que el número de este tipo de centros que se abren cada año ha sido muy lento y desigual. En 2011 se abrieron tres, en el 2012 y 2013, cuatro en cada uno de ellos; par 2016 fueron seis; en 2015 se abrieron ocho; el 2016 únicamente cuatro; en 2017 se llegó nuevamente a ocho; en 2016 el número descendió a seis, mientras que de 2019 a 2021 se han abierto sólo cuatro en cada uno de los años.
Los servicios que se prestan en los CJM son limitados; aún con ello, en la mayoría existen los servicios de atención psicológica (96.4% del total); el 94.5% cuenta con atención jurídica; el 92.7% con entrevista infantil; el 90.9% con Trabajo social; 89.1% con Agencia o Fiscalía de MP; 87.3% cuentan con atención médica; 81.8% con áreas de “empoderamiento”; 80% cuenta con atención infantil especializada; 78.2% con áreas de informes y difusión; mientras que únicamente el 58.2% cuenta con áreas de monitoreo y seguimiento y 40% con áreas de juzgados.
De acuerdo con el INEGI, hay un déficit importante de sistematización de los datos de las mujeres atendidas; por ello, en 2019, no se tiene especificada la condición conyugal del 48.6% de las mujeres atendidas; en el 2020 se ubican en ese segmento el 46.2%; hasta el primer semestre de 2021, el porcentaje era de 36.5%. En los tres años, el grupo especificado con mayor peso porcentual fue el de las mujeres casadas o en unión libre, con 31.4%, 33.4% y 38.8%, respectivamente.
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Frase clave: Poca infraestructura en la justicia para las mujeres
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