La posibilidad de una muerte digna le ha sido negada a cientos de miles de personas en las últimas dos décadas en nuestro país y hay también cientos de miles de familiares de los fallecidos, que han tenido que enfrentar lo que los expertos llaman el “duelo sin cuerpo”, es decir, tienen que llorar sus ausencias sin poder despedirse de los restos mortales de sus hijos, esposas, esposos, nietos, madres y padres de quienes no se sabe en dónde están
Uno de los derechos inherentes al ser humano, aun cuando no se encuentra escrito como tal en ningún ordenamiento jurídico, es el de la muerte con dignidad. Y eso implica, no sólo tener la atención requerida en la enfermedad, la protección y seguridad necesaria para evitar la muerte violenta, sino también el derecho de los deudos a guardar el duelo y para la persona fallecida la guarda final digna de sus restos.
La desaparición forzada, pero también el secuestro y la trata de personas, culminan en no pocos casos en el asesinato y en el entierro clandestino de los cuerpos; o en casos siniestros como el de Ayotzinapa, o el de los jóvenes cineastas de Guadalajara, los cuerpos son incinerados o disueltos en ácido.
Olga Sánchez Cordero, quien se asume será la secretaria de Gobernación en el gabinete de López Obrador, junto con el posible gabinete de seguridad, ha afirmado que la nueva estrategia estará centrada en las víctimas, nada más necesario en este país dolido, en el que efectivamente, la pacificación debe centrarse en quienes por la violencia han perdido todo.
Esta nueva visión, debe también poner énfasis en quienes han sido víctimas de delitos graves y han logrado sobrevivir. El Estado debe, en ese sentido, desarrollar nuevos esquemas de atención, revisar integralmente la estructura y funcionamiento de la Comisión Nacional de Víctimas y debe también promover la armonización de las leyes de asistencia social y la propia ley general de víctimas, a fin de encauzar una nueva política en la materia, desde la cual se considere no sólo la atención a la persona, sino a todo su entorno familiar.
El nuevo gobierno debe dar resultados muy rápidos en esa materia; la cruenta estrategia implementada desde el 2008 no puede continuar, simplemente, porque no es con muertos y personas encarceladas como se puede vivir de manera pacífica en una sociedad; es por el contrario, evitando que ocurran los delitos, promoviendo y arraigando una cultura de paz entre la población.
De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas, hay más de 36 mil personas no localizadas en el país, así registradas en averiguaciones y carpetas de investigación del fuero común, más mil 170 en carpetas de investigación del fuero federal. Es un número escalofriante, porque implica una auténtica fractura del tejido y la cohesión social en cientos de ciudades y localidades del país.
Es cierto que para terminar con este problema es crucial terminar con la corrupción, pero también con la impunidad y ésta empieza con la mala preparación de policías y ministerios públicos, pero también de jueces, magistrados y su personal auxiliar y en ese sentido, el diálogo respetuoso entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial es imperativo, a fin de lograr la inconclusa adecuada operación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en nuestro país.
No podemos seguir siendo un país donde campea la muerte violenta, donde al pisar no sabemos si estamos encima de una fosa clandestina y donde al caminar por las calles no sabemos en qué momento podemos ser víctimas de la delincuencia, de la común o de la organizada.
A México le urge una nueva era de paz, cimentada en el bienestar y la garantía universal de los derechos humanos. En ese sentido, el reto del nuevo gobierno es mayúsculo, y sólo podrá enfrentarlo a cabalidad en la medida en que pueda construir un nuevo proceso de diálogo, entendimiento y cordialidad.
Investigador del PUED-UNAM
Twitter: @MarioLFuentes1
