por María Gourley
La juventud más desestimada es la de los migrantes internos, lo que exhibe un rostro más de la discriminación dentro del país
El bien que aseguramos para nosotros mismos
es precario e incierto hasta que está asegurado para todos nosotros
e incorporado a nuestra vida común
Jane Addams
En México, los programas oficiales dedicados a la juventud se estrenaron a mediados del siglo XX con el establecimiento de fenómenos históricos, políticos y sociales muy bien conocidos: asentamiento del capitalismo como sistema económico global, explosión demográfica e industrialización.
La modernidad exigió el reconocimiento de los jóvenes, un grupo humano antes excluido del discurso y de la vida institucional
Las primeras iniciativas se centraron en los universitarios, al reconocerlos como actores sociales, gracias a las demandas que ellos mismos exigieron por medio de agrupaciones estudiantiles. Nos remontamos a los años cuarenta, época vibrante y vanguardista que situaba a la Ciudad de México como epicentro del arte y la vida intelectual latinoamericana.
Más tarde, durante el gobierno de Miguel Alemán, se fundó el Instituto Nacional de la Juventud (INJM), el cual, luego de los sucesos del 68, modificó sus lineamientos y propósitos para transformarse en el Instituto Nacional de la Juventud Mexicana (INJUVE), organismo centrado en la academización de la juventud mexicana y no en abrir espacios de representatividad social.
Fue López Portillo quien inauguró el Consejo Nacional de Recursos para la Atención de la Juventud (CREA) y el anteriormente mencionado INJUVE. Desde una mirada cultural más amplia se originaron otras iniciativas, tales como los Consejos Populares Juveniles (CPJ) y el Centro de Estudios sobre la Juventud Mexicana (CEJM).
Durante la administración de Salinas de Gortari se redujo el presupuesto destinado a programas sociales y de investigación sobre la juventud, proyectos que retomaría Ernesto Zedillo de una manera tibia y sin demasiado compromiso iniciando la Dirección General Causa Joven (DGAJ) y el actual IMJUVE, Instituto Mexicano de la Juventud.
Fox, por su parte, no propició cambios cualitativos ni cuantitativos referentes a políticas públicas por y para a los jóvenes. Igualmente sucedió en el sexenio de Felipe Calderón.
Si bien los organismos mencionados no han logrado ofrecer respuestas concretas y cabales a la necesidades de la población juvenil nacional, han abierto espacios de diálogo, información e investigación. Pero el aspecto tal vez más olvidado por todas las administraciones (incluida la presente) es el abordaje de la problemática juvenil desde la integración de grupos diversos.
Que el Estado determine a la “juventud” como concepto universal sin considerar las diferentes realidades es un abuso del lenguaje, pero, más grave aún: es un acto de exclusión social
Si pensamos a los jóvenes desde las ciencias sociales, por supuesto debemos reflexionar sobre ellos como “objeto de estudio” para crear un marco teórico adecuado. Pero a nivel estatal es necesario dejar de concebirlos como un grupo constituido y considerar sus particularidades desde sus respectivos contextos y condiciones de vida.
Ciertamente, conceptualizar a “las juventudes” no es una tarea fácil, pero sí es necesaria para interpretar los fenómenos juveniles actuales, bajo el entendido de que los procesos de transición hacia la adultez no se experimentan igual ni se confrontan los mismos desafíos en los sectores de alto poder adquisitivo que en los sectores marginales, o en escenarios contemporáneos que en contextos tradicionales, o siendo mujer que siendo hombre.
La juventud más desestimada es la de los migrantes internos, lo que exhibe un rostro más de la discriminación dentro del país
La centralización económica, educativa, política y cultural de los últimos 60 años ha provocado la concentración de los jóvenes en las ciudades, pero un número importante de ellos proviene de zonas agrícolas y enfrenta desafíos específicos relacionados con su condición migrante.
Se perpetúa entonces un modelo que reconoce las necesidades y demandas de los sectores urbanos, principalmente, desatendiendo a la juventud proveniente del campo, como sucedía en los cuarenta de las vanguardias.
Pero, si bien se han creado programas para jóvenes en sectores rurales, no se han estudiado suficientemente los fenómenos de desplazamiento dentro del país desde la perspectiva de la migración juvenil ni se han incluido programas para la integración.
Según datos de la CONAPO, entre 2005 y 2010 los migrantes internos fueron mayoritariamente hombres y mujeres de entre 15 y 19 años, originarios de áreas rurales, que emigraron por razones económicas a las ciudades, lo que demuestra la inoperancia de programas de gobierno, tales como “Arráigate”, para emprendedores rurales jóvenes, o el “Programa de Adquisición de Activos Productivos” de la SAGARPA.
No se están llevando a cabo buenas prácticas que posibiliten a la población juvenil quedarse en sus lugares de origen y obtener herramientas para contribuir con el desarrollo local
Sin recursos, víctimas de la falta de educación y de la desestructuración cultural y social de sus comunidades, la juventud rural migrante se ve confrontada a los contextos urbanos en clara situación de desventaja. Tal es su invisibilización por parte del gobierno, que ni siquiera figuran en el “Programa nacional de juventud 2014-2018”.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Migración en Áreas Urbanas (ENMAU), los inmigrantes nacionales que actualmente residen en la Ciudad de México vienen principalmente de los estados de Puebla, Veracruz y Oaxaca. Haciendo un comparativo con las estadísticas sobre rezago educativo, estas entidades se encuentran entre las siete con más atraso en todo el país (Encuesta intercensal 2015).
Los inmigrantes nacionales que actualmente residen en la Ciudad de México vienen principalmente de los estados de Puebla, Veracruz y Oaxaca
Mientras tanto, el gobierno sostiene un discurso asistencialista de “apoyo” al campo (exiguo y estéril) cuando lo que realmente se requiere es inversión, trabajo conjunto, involucramiento de las comunidades desde una perspectiva de sostenibilidad y sustentabilidad, cuidado del medio ambiente y erradicación de los actos de corrupción que contravienen el desarrollo de los sectores agropecuarios del país, amén de las oportunidades educativas adecuadas para que los jóvenes no se vean en necesidad de emigrar de sus localidades y puedan ejercer sus derechos ciudadanos plenamente desde su realidad: “Qui seminat iniquitatem, metet mala”.
Referencias bibliográficas
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