Uno de los principales saldos del proceso electoral que se cerró en la jornada del pasado 6 de junio, es el relativo a quién mantiene el predominio sobre las agendas públicas de mayor relevancia y preocupación para la ciudadanía como lo es la agenda social. Es decir, hasta ahora, el debate se ha reducido a la cuestión, que no es menor, de quién obtuvo mayor número de posiciones en el Congreso y quién obtuvo el mayor número de gubernaturas.
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Lo que se ha dejado de lado en la discusión pública es el debate respecto de quién “se queda” con las agendas de mayor legitimidad: combate a la pobreza, a la corrupción, a la desigualdad y a la inseguridad. Desde esta perspectiva, lo evidente es que es el presidente de la República quien mantiene la mejor lectura respecto de qué y cómo plantearlo a la ciudadanía, y cómo obtener dividendos políticos de este discurso.
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Hablarle a los pobres
Asimismo, lo destacable es la incapacidad de las oposiciones al gobierno federal de construir una agenda alternativa, con credibilidad y viabilidad para ganar el voto mayoritario, tanto en el Congreso como en los gobiernos locales; pues hasta ahora, en sus posicionamientos públicos, la única propuesta es impedir el crecimiento del poder del presidente López Obrador y una supuesta defensa de una democracia respecto de la cual la mayoría de la población descree, en términos de su capacidad de resolver sus problemas más acuciantes.
Desde hace mucho México no tenía un liderazgo tan potente en su capacidad de traducir las aspiraciones de la mayoría de la población, en discurso político. Se trata de un asunto que debe analizarse con todo cuidado y seriedad, porque lo que debería estar en discusión en el escenario público es por qué, a pesar de los resultados gubernamentales, la mayoría de la población continúa otorgando altos niveles de aprobación al titular del Ejecutivo Federal.
Una oposición sin propuestas
Desde esta perspectiva llama poderosamente la atención cómo las propuestas de los principales opositores al presidente han devenido incluso en chiste y broma pública; y cómo no se ha articulado una densidad discursiva capaz de provocar una nueva dinámica de diálogo público que logre establecer una disputa democráticamente enriquecedora con el gobierno de México.
En todo esto hay un tema central, y ha sido el propio presidente quien lo ha puesto al centro de su discurso: enfrente no tienen a ninguna figura, ningún liderazgo capaz de disputarle, con credibilidad, la agenda de los social. Y en esa misma lógica llama poderosamente la atención que ni siquiera el movimiento feminista, que porta una legitimidad y un conjunto de reclamos históricos incuestionables, ha logrado articular a un movimiento político capaz de exigir la reconducción de la política pública en aquellos ámbitos en los que es evidente que las cosas no se están haciendo bien.
A pesar de los malos resultados…
¿Por qué, pues, con un país con 12 puntos porcentuales más de personas en pobreza, y cuya cifra absoluta ronda los 60 millones; ¿por qué con más de 400 mil muertes en exceso, por la pandemia y otros males?; y, ¿por qué con más de 1 millón de negocios que han cerrado?; y ¿por qué con más de 80 mil homicidios y casi 20 mil personas desaparecidas en esta administración, el presidente goza de una aprobación tan elevada y de un respaldo popular tan grande?
Estas y otras cuestiones se han planteado en distintos espacios; pero lo relevante de hacerlo acá estriba en la pertinencia de subrayar lo urgente de construir nuevas rutas constructivas de diálogo con el Congreso, con el Poder Judicial y con el Gobierno de la República. Pero ello exige de dos temas mayores: el primero, que l Ejecutivo acepte que no puede reducir la discusión pública a una cuestión de disputa entre adversarios y leales; y, en segundo lugar, que su proyecto de país no podrá consolidarse si no acepta que es relevante escuchar voces más allá de su primer círculo, y las cuales coinciden en visión, aunque no en estrategia y método.
La posibilidad de la centralidad de lo social
El presidente ha fustigado a una buena parte de la academia, de la sociedad civil y de los medios de comunicación, no sin razón en varios casos, en que es evidente su vínculo con intereses y visiones que pueden resultar cuestionables desde una perspectiva progresista. Sin embargo, ya en la segunda parte de su gobierno, el presidente debería percibir que conducir a México hacia la reconciliación que prometió en la campaña; hacia la generación de condiciones de bienestar generalizado, y hacia la pacificación, sólo será posible si asume el pluralismo y la diversidad de voces que, con plena legitimidad y amor por el país, cuenta con la experiencia y capacidades para sumar.
Una cosa es cierta; la llegada del presidente López Obrador ha generado una nueva posibilidad: centrar el debate público en cómo garantizar que las personas tengan acceso al cumplimiento pleno de sus derechos humanos; desde los políticos y civiles, y simultáneamente los económicos, sociales, culturales y ambientales.
Lo anterior perfila cuál podría ser el debate hacia el 2024; pues si bien es cierto que, sea quien sea la o el candidato presidencial de Morena en 2024, contará con el respaldo del presidente, será muy difícil que el carisma, legitimidad y simpatía popular de que goza el Ejecutivo, se le traslade de manera automática a la o el abanderado de su partido.
La popularidad presidencial
Debe comprenderse que una cosa es que López Obrador haya insistido desde la oposición en que, “por el bien de México, primero los pobres”, y otra es que ya como gobierno se haya mantenido en la misma tesitura del discurso y que incluso lo haya radicalizado en algunas de sus vertientes.
Siendo así las cosas, ninguna propuesta de las oposiciones tendrá éxito en la disputa presidencial, si no lograr descifrar y al mismo tiempo, construir un código discursivo que sea capaz de transmitir emoción, pero también racionalidad frente a la política pública.
Pareciera que López Obrador tendrá una evaluación popular de su mandato, apegada a las intenciones manifiestas de su gobierno, más que sus resultados. Y ese es un fenómeno inédito en la historia política reciente del país. Pero en ese mismo sentido, es relevante observar que la población no está dispuesta a otorgarle tal nivel de credibilidad y confianza a cualquiera que enarbole el discurso de lo social como su principal agenda.
El mandato popular y la disputa que viene
Los resultados electorales están pues a la vista: el mandato popular a quienes participan en la disputa política es el mismo que en 2018: lo único aceptable para la democracia es erradicar la pobreza, las desigualdades, la violencia y la corrupción; que son los principales ejes del discurso oficial. Y quien quiera disputar los principales cargos públicos, deberá ser capaz de proponer nuevas ideas sobre cómo alcanzar las metas, que lamentablemente, por lo que ha ocurrido hasta ahora, este gobierno, no cumplirá en los tres años que le quedan.
Quién pueda articular, con legitimidad una agenda social deseable, viable y creíble para la ciudadanía, será quien pueda disputar el poder.
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