La historia mexicana está plagada de ejemplos de actos infames respecto del ejercicio de la prensa libre. Desde el caso de los hermanos Flores Magón, pasando por el “excelsiorazo” de Luis Echeverría, hasta la tristemente frase célebre de López Portillo de:“no pago para que me peguen”
En esa frase se sintetizan los peores vicios del sistema político mexicano en lo relativo al periodismo: 1) visión y uso patrimonialista del presupuesto público; 2) personalización de las instituciones (quien las encabeza suele pensar, como Luis XIV, “la institución soy yo”; 3) concepción del periodismo como un “oficio en renta”, asumiendo que, si se utilizan sus espacios para promocionar programas públicos, entonces el medio está comprometido a “moderar” su línea editorial.
Frente a ello, lo que urge es transformar los mecanismos que regulan las relaciones entre el Estado y la prensa; la cual, debe decirse, es un actor fundamentalísimo en el juego democrático; pues no sólo tiene como tarea servir como contrapeso social al poder, sino que está obligada a fungir como defensora de la libertad y los derechos humanos (incluidos los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la población).
Lo anterior es importante, porque el día martes la Cámara de Diputados aprobó la Iniciativa de Ley General de Comunicación Social y Propaganda Gubernamental, la cual ha sido motivo de preocupación y crítica para la mayoría de quienes ejercemos el periodismo. En efecto, expertos como el maestro Raúl Trejo Delarbre, Gabriel Sosa Plata, e incluso el Comisionado del INAI, Joel Salas, han alertado sobre la opacidad, discrecionalidad y posibles gastos excesivos que se legalizarían a través de este nuevo ordenamiento.
Y si la cuestión es preocupante a nivel federal, lo es en el mismo sentido a nivel estatal, y más aún, en lo municipal, en donde se replican, y no es exagerado decir, se multiplican los vicios y malas prácticas en el manejo de los recursos destinados a la “comunicación social”.
Hay ahora mismo un caso en el estado de Guanajuato, que permite ilustrar lo que seguramente es una constante en el país. Se trata del Canal de Televisión TV8, propiedad de Jorge Rodríguez Medrano, quien literalmente se dedica a medrar del presupuesto público.
Otros medios locales como Zona Franca, El Otro Enfoque, y periodistas que han acreditado una carrera apegada al buen periodismo, como Verónica Espinosa, corresponsal de Proceso en el estado, han documentado que el gobierno municipal encabezado por Edgar Castro, y su Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato (Simapag) ha otorgado en los últimos años alrededor de 10 millones de pesos en contratos a dicho medio.
Lo escandaloso no sólo es la cifra, sino que esto ha ocurrido, en un periodo en que la esposa de Rodríguez Medrano, Silvia Rocha Miranda, es regidora del Ayuntamiento (por el PRD); además de que uno de los hijos del comunicador era empleado del Simapag, y su nuera, contratista del mismo organismo.
Peor aún, cada ocasión que algún medio o periodista lleva a cabo una investigación o crítica fundada en contra de Edgar Castro o del Gobierno del Estado, el personaje de marras utiliza a su televisora para lanzar ataques furibundos, llenos de odio, plagados de estereotipos discriminantes y sobre todo, caracterizados por la más supina ignorancia.
¿Cuántos alcaldes hay como Edgar Castro en el país que utilizan a testaferros como el señalado para golpear y tratar de intimidar a la prensa libre? ¿Cuántos más habrá al amparo de la nueva Ley, si se aprueba en sus términos?
Al emitir una Ley General, el Congreso de la Unión está obligado a sentar las bases para la construcción de leyes estatales adecuadas y pertinentes. Y por ello, hoy más que nunca, el dictamen que pasó al Senado debe revisarse con lupa, no sólo frente a los grandes intereses de los medios nacionales, sino también y con la misma urgencia, frente a lo que ocurre en lo local.
Artículo publicado originalmente en la “Crónica de Hoy” el 12 de abril de 2018
