Diversos académicos han sostenido que, en México la corrupción es un problema estructural, cada vez más complejo y sofisticado. La corrupción y el incumplimiento de la ley han sido identificados como los principales obstáculos para el crecimiento de la economía y el desarrollo del país.
De acuerdo con el último informe de Transparencia Internacional: “Las personas y la corrupción: América Latina y el Caribe” de la serie del Barómetro Global Contra la Corrupción, México tiene el mayor porcentaje de población que afirma haber pagado un soborno a una autoridad o en un servicio público en los últimos 12 meses antes de la encuesta, con 51% de los ciudadanos. Le sigue República Dominicana con 46%.
Los datos muestran que, en dicho periodo de tiempo, de 31% a 40% de los mexicanos realizaron sobornos principalmente en servicios escolares, en hospitales, en servicios públicos y al tramitar documentos de identidad. En una menor intensidad, de 21% a 30% de los mexicanos pagaron sobornos a la policía y de 1% a 10% lo hicieron en tribunales de justicia.
Asimismo, 61% de la población en México afirma percibir que la corrupción aumentó durante los últimos 12 meses y que el gobierno no está siendo eficaz en la lucha contra la corrupción en el sector público. Sin embargo, sólo 49% considera que es socialmente aceptable denunciar la corrupción.
La corrupción y la impunidad tienen graves consecuencias para nuestra democracia y sociedad, pues la gente confía menos en las instituciones y sus representantes. La corrupción y la impunidad están correlacionadas con los altos grados de pobreza y violencia que vivimos, y han alimentado el crecimiento y empoderamiento de los grupos criminales
La derrota que nos inflige a diario la corrupción se traduce en debilidad institucional, en desconfianza popular en todas las autoridades y en desesperanza ante la posibilidad de un cambio.
Para reconocidos especialistas como Jacqueline Peschard, el combate a la impunidad sólo puede lograrse con un Sistema Nacional Anticorrupción eficaz y eficiente, que saque a la luz pública las complicidades, identifique los vacíos legales y los deficientes procesos de investigación de las desviaciones en el uso de los recursos públicos. Para que la comisión de actos de corrupción no siga siendo una práctica sin castigo, es indispensable eliminar los incentivos que la alientan.
Así, frenar y sancionar la corrupción en todos los órdenes y niveles del gobierno, y en general, reestablecer el Estado de derecho, nos dará márgenes para mejorar la infraestructura para el desarrollo; para garantizar mínimos de dignidad en la seguridad alimentaria, la seguridad social y la seguridad pública; y lo que es mejor, para recuperar la confianza ciudadana en la democracia.
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