En México, el derecho a la no discriminación está consagrado en el quinto párrafo del artículo 1o. de nuestra carta magna, en el cual está expresamente prohibida toda forma de discriminación que tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas
Aun con ello, la discriminación en nuestro país continúa siendo uno de los peores atavismos culturales, de modo que en la actualidad una de cada cinco personas mayores de 18 años declara haber sido discriminada en los últimos 12 meses, debido a su color de piel, apariencia, peso, estatura, forma de vestir, de hablar, creencias religiosas, sexo u orientación sexual.
En efecto, de acuerdo con la más reciente edición de la Encuesta Nacional de Discriminación (ENADIS), la prevalencia de la discriminación por alguna característica o condición personal en México es de 20.2% de la población mayor de 18 años, y de 53.8% al agrupar las categorías tono de piel, peso o estatura y forma de vestir o arreglo personal.
Las entidades federativas que registran mayor prevalencia de discriminación en el último año son Puebla, Guerrero, Oaxaca, Colima, Morelos y Estado de México, en contraste, los estados con menor prevalencia son Nayarit, Zacatecas, Nuevo León, San Luis Potosí, Durango, Coahuila, Guanajuato, y Chihuahua.
Destaca que, de acuerdo con la ENADIS 2017 el grupo de las personas con discapacidad es el que percibe mayor discriminación en los distintos ámbitos sociales, como el trabajo o escuela; la familia; los servicios médicos; las oficinas de gobierno; negocios, centros comerciales o bancos; calles o transporte público; y redes sociales.
Asimismo, dicha encuesta revela que “los principales ámbitos donde las personas indígenas y las que tienen alguna discapacidad percibieron haber sido discriminadas, están los servicios médicos, la calle o transporte público, y la familia, mientras que las personas de la diversidad religiosa, las personas mayores, los adolescentes y jóvenes, y las mujeres declararon principalmente la calle o transporte público, el trabajo o escuela y la familia”.
Al panorama de la discriminación en nuestro país se le añade además que tan solo en el último año, al 42.6% de la población indígena le fue negada información sobre algún trámite, servicio o programa de gobierno cuando lo solicitó y que el 21.8% de la población con diversidad religiosa se sintió poco o nada libre para expresar sus creencias, cultos o ritos en su comunidad.
Sin duda, el Estado mexicano tiene mucho camino por recorrer para dar pleno cumplimiento al mandato constitucional en la materia. En este sentido, es imprescindible que el próximo gobierno oriente sus políticas públicas al fomento de una sociedad más igualitaria y libre de discriminación.
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