México es un caso extraño en el contexto de los países con una sólida tradición demográfica, en lo que se refiere al proceso de conciliación demográfica y la construcción de proyecciones de población, tanto a nivel nacional como con su debida desagregación para entidades y municipios.
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Es extraño, porque en la mayoría de los países con instituciones autónomas responsables de la construcción estadística fundamental, éstos no sólo son responsables de levantar los censos y conteos de población, sino que son ellos mismos los que desarrollan el mencionado proceso de conciliación.
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La Ley General de Población, quizá el ordenamiento jurídico con más artículos derogados en todo el orden jurídico nacional, establece es responsabilidad del Ejecutivo Federal diseñar y operar la política demográfica nacional. A partir de ese mandato, la Secretaría de Gobernación opera el Registro Nacional de Población, pero también estima las proyecciones demográficas del país, así como lleva a cabo el proceso de conciliación demográfica.
Pero ¿por qué es tan importante ese tema y por qué se reitera tanto su nombre? En primer lugar, porque no es una agenda visible, a pesar de su trascendencia para la planeación y presupuestación del país. Expresado de una manera muy simple, la conciliación demográfica es el proceso mediante el cual, a partir de los datos censales y de los conteos o los instrumentos de medición demográfica que hay en el país, generar cifras homologadas y avaladas por los gobiernos de los tres órdenes de gobierno: Federal, estatal y municipal.
Lo anterior se lleva a cabo considerando tres de los principales fenómenos demográficos: natalidad, mortalidad y migración, tanto interestatal como internacional. De esta forma, el país dispone de uno de los principales instrumentos de planeación y determinación de prioridades presupuestales, en función de la magnitud demográfica presente en determinados territorios.
La ecuación es simple: a mayor magnitud demográfica, hay una mayor probabilidad de disputar recursos públicos para la generación de infraestructura, atracción de inversión productiva del Estado, generación de proyectos especiales, y un largo etcétera.
Como puede verse, la cuestión es mayor; y que este proceso dependa de una instancia dependiente de la Secretaría de Gobernación, en un contexto de polarización política, siempre puede llevar a la tentación de salirse de los criterios estrictamente técnicos para la determinación de cuántas personas habitan en los estados y municipios, y cuántas más se estima que podrían habitar o dejar de hacerlo en los años futuros.
¿Qué habría que hacer entonces? Una medida que viable sería eliminar la facultad del Consejo Nacional de Población para realizar este proceso, y transferirla al Instituto Nacional de Estadística y Geografía; un órgano constitucional autónomo que daría una mayor garantía de imparcialidad, objetividad, pero, sobre todo, rapidez y oportunidad en la elaboración del proceso conciliatorio y de estimación de las proyecciones demográficas para el país.
Además de lo anterior, el INEGI tendría la posibilidad de robustecer de una manera muy importante el catálogo nacional de indicadores, pues podría incluir en ellos estadísticas y proyecciones con base en los datos que el propio instituto genera, pues a pesar de la cooperación interinstitucional, las metodologías que se utilizan en CONAPO e INEGI no necesariamente son las mimas ni obedecen a los mismos criterios ni perspectiva.
Las proyecciones de población se utilizan también, por ejemplo, para la estimación de los recursos que se destinan a entidades y municipios a través de los recursos distribuibles y participables, junto con los índices de marginación, que igualmente elabora el CONAPO, y cuya definición y metodología de cálculo dejaron de tener pertinencia desde hace al menos 10 años.
Una cuarta transformación para el país exigiría no sólo el combate a la corrupción, sino el fortalecimiento de las instituciones para protegerlas de las disputas políticas coyunturales; pero sobre todo para robustecer las capacidades de nuestro país, sobre todo para el despliegue de un nuevo curso de desarrollo que dé certidumbre sobre las estadísticas que están en la base de las posibilidades de desarrollo presente y futuro de México.
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Investigador del PUED-UNAM
