Las deudas del estado mexicano con la niñez

Si hay un grupo de población con el que López Obrador queda en deuda al finalizar su administración, ese es el de las niñas, niños y adolescentes. Su sexenio es, quizá, uno de los que puede presumir el menor número de logros y avances respecto del cumplimiento de los derechos de la niñez, y ello en un país donde históricamente ha habido un incumplimiento generalizado de esas garantías.

Escrito por:  Saúl Arellano

El pasado 16 de septiembre, el Comité del Niño de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, de la ONU, presentó las observaciones finales de los informes periódicos sexto y séptimo combinados de México. En ese documento se plantean varias áreas de “preocupación”, que, en realidad, más allá del lenguaje diplomático de este tipo de textos, señalan una auténtica tragedia respecto de los déficits que hay en nuestro país.

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En primer lugar, el citado Comité le “recuerda al Estado parte (a México), la indivisibilidad e interdependencia de todos los derechos consagrados en la Convención (de los derechos de las niñas y los niños), y se expresa que desea “llamar la atención” del Estado mexicanos sobre diversas áreas que requieren de acciones urgentes, a saber: no discriminación, derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo; abuso, negligencia y explotación sexual; tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y violencia de pandillas; niñas y niños solicitantes de asilo, refugiados y migrantes. Sobra decir, claro está, que en esta materia el gobierno de López Obrador simplemente hizo lo equivalente a la nada a lo largo de sus 6 años de gestión.

Por otro lado, el Comité pide al Estado que garantice los derechos de las niñas y niños en materia de derecho a la participación, y especialmente, en lo relativo al cumplimiento de los ODS en ese ámbito, sobre todo en todo aquello relacionado con la agenda del desarrollo sostenible que se expresa en los 17 objetivos que debieran alcanzarse en el año 2030.

Se hace además un llamado explícito a cumplir con lo establecido en la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y adolescentes, a nivel federal, pero también estatal y municipal, lo que exige la armonización del contenido de esa ley con las leyes estatales y disposiciones municipales relativas a la protección y garantía de los derechos de las infancias.

Por otro lado, el Comité manifiesta que: “Está profundamente preocupado por el desmantelamiento del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) al colocar a su Secretaría Ejecutiva bajo el Sistema Nacional DIF”. Por ello pide: a) detener el proceso de retroceso en la protección integral de niñas, niños y adolescentes; asegure una coordinación efectiva entre la federación y los estados y municipios; consolide la capacidad institucional de las autoridades de protección infantil para su funcionamiento efectivo; implemente medidas de protección especial a favor de la niñez, entre otras medidas.

Como también, el Comité expresa una profunda preocupación por lo que califica como “significativa disminución en la asignación presupuestaria para la niñez, en particular en las áreas de educación, salud, primera infancia, y le recuerda además la recomendación general al Estado mexicano, en materia de presupuesto público. En ese sentido recomienda: a) asegurar que todas las entidades de la república tengan una clasificación presupuestaria específica para las niñas y los niños;  b) garantizar que todos los objetivos relacionados con la niñez estén reflejados en presupuestos estatales y municipales; y c) se tomen medidas para desagregar la información sobre el gasto público por edad, y por ámbitos de derechos, para determinar con mayor eficacia el impacto real del presupuesto en los diferentes ámbitos de protección que deben existir para la niñez.

Dado que el Estado mexicano carece de instrumentos eficaces para generar información suficiente, oportuna y pertinente sobre las infancias, el Comité recomienda, una vez más que se desarrolle un sistema nacional de información en materia de derechos de las infancias y sus garantías.

En ese sentido, ha habido esfuerzos en la academia para documentar y dimensionar el estado en que viven las niñas y niños. Ejemplo de ello es el Índice de los Derechos de la Niñez Mexicana, 2022, en el cual se acredita que en nuestro país hay un incumplimiento generalizado de los derechos de las infancias. (El documento es gratuito y descargable aquí: https://doi.org/10.22201/pued.9786073070591e.2022 )

Por otro lado, entre otras cuestiones que se destacan en las Observaciones que se comentan, se plantea la necesidad de dar prioridad al cumplimiento irrestricto del Principio del Interés Superior de la Niñez, el cual ha sido ya interpretado por la SCJN a través de una Tesis Jurisprudencial, como un derecho, como un principio de actuación, y como una norma de procedimiento (todo ello simultáneamente), pero lo cual no se ha acatado como tal y menos se ha traducido en un eje rector de las políticas y decisiones administrativas, presupuestales y de política pública en el Estado mexicano.

Históricamente, los gobiernos de nuestro país, tanto federales como estatales y municipales, han sido no sólo omisos, sino indolentes respecto de la situación en que viven nuestras niñas y niños. Es buen momento para que, en Cancillería, ahora que llega como titular el Dr. Juan Ramón de la Fuente, se tome con la seriedad necesaria el amplio conjunto de recomendaciones que nos hace la ONU; porque de ello depende nada menos, que buena parte de la solvencia moral del Estado mexicano frente a la comunidad internacional.

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Investigador del PUED-UNAM