De acuerdo con datos publicados por México Social debido a la obesidad entre 2018 y 2019 hubo incrementos relevantes en el número total de personas que fueron diagnosticadas con diabetes, hipertensión e isquemias del corazón. En efecto, de acuerdo con los datos del Boletín Epidemiológico de la Secretaría de Salud, el primer padecimiento mencionado, hubo, hasta la semana 50 del 2019, alrededor de 430 mil casos nuevos; más de 500 mil casos de hipertensión y casi 70 mil casos nuevos de isquemias del corazón.
Por otro lado, según los datos del INEGI, en los últimos tres años para los que se tiene información (2016-2018), el promedio anual de defunciones por diabetes mellitus es de alrededor de 106 mil casos; y casi 135 mil casos de defunciones por enfermedades hipertensivas y del corazón. Esto implica que, en los últimos tres años, han fallecido al menos 723 mil personas por los padecimientos mencionados.
Por su parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), publicó un nuevo estudio (Panorama de la Salud, 2019), en el que documenta que el porcentaje de personas adultas que en México viven con sobrepeso u obesidad es de 70%. Las consecuencias económicas estimadas en el costo que el país tiene para atender las consecuencias, equivale a cerca del 5.3% del PIB; una cantidad equivalente a lo que el país destina como gasto total en educación, de acuerdo con los indicadores del propio organismo.
Todos estos datos se dan en el contexto de la creación del nuevo Instituto Nacional para la Salud y el Bienestar (INSABI), el cual ha iniciado operaciones enfrentando un conjunto de fuertes cuestionamientos, derivados de problemas operativos, falta de información apropiada y veraz, y una enorme incertidumbre de la población que tenía afiliación al ahora extinto Seguro Popular.
Habrá que esperar a que el INSABI comience operaciones y lleve a cabo los ajustes para garantizar el derecho constitucional a la salud, como lo dice su propio decreto de creación; pero sobre todo, que no se incurra en regresiones que, de acuerdo con lo que establece también la Constitución en su artículo 1º, constituiría una violación a los derechos humanos en nuestro país.
Desde esta perspectiva, es deseable que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se pronuncie al respecto; y que las Comisiones Estatales también generen estrategias de seguimiento para evitar que, ante modificaciones administrativas y burocráticas, las personas vean limitados o suspendidos derechos ganados con anterioridad.
Desde esta perspectiva, la posible reducción de padecimientos que pueden ser atendidos por el INSABI, respecto de lo que cubría el Seguro Popular, debería ser considerado inaceptable, si se hace caso al citado artículo 1º de la Carta Magna, pero también respecto de la interpretación que ha hecho la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto del Derecho al Mínimo Vital.
Todos estos temas son cruciales porque de la capacidad que tengan la Secretaría de Salud y el INSABI para desarrollar nuevas estrategias de prevención y control de la obesidad y sus efectos en la salud de las personas; pero también en la medida en que pueda coordinarse y orientar las acciones de otras Secretarías y dependencias federales será posible, o no, reducir significativamente la pandemia de obesidad que tiene ya niveles de auténtica alarma.
No es exagerado plantear también que la Secretaría del Trabajo debería diseñar nuevas estrategias para incidir en el cumplimiento de la Norma 035, en lo que se refiere a los apoyos sociales, así como a la relación trabajo-familia, e incorporar al cuidado de la salud y generación de hábitos personales deseables, como ejes estratégicos de las intervenciones.
Reducir los niveles de obesidad, pero también del tabaquismo, el alcoholismo, y el consumo de alimentos y bebidas dañinas, es una tarea multisectorial que debe diseñarse con los más altos estándares de eficacia. Están en juego millones de vida; y eso es razón suficiente para que el Estado mexicano intervenga, de una vez por todas.
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