La orfandad es mayor

El estudio recientemente presentado por la prestigiada revista The Lancet, respecto de las niñas y niños que han quedado en la orfandad ya que han perdido a sus madres, padres o ambos, debido a su fallecimiento por COVID19 abre a debate uno de los temas más complejos de ser atendidos por los gobiernos de todo el mundo.

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Se trata de un sector de población altamente vulnerable, que requiere de atención interdisciplinaria que debería incluir trabajo social, psicología, medicina y, desde luego, otro tipo de intervenciones especializadas de los gobiernos para garantizar su adecuada educación y en general, el acceso a condiciones adecuadas de bienestar que garanticen su vida presente y futura.

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Para el caso mexicano, los datos son más que alarmantes, pues se trata del país del mundo con mayor número de niñas y niños que han perdido a alguno de sus progenitores, con una cifra de poco más de 131,325 mil, que equivalen al 16.65% del total de los contabilizados en el mundo; una cifra fuera de toda proporción.

Se trata igualmente, de una cifra que debe ubicarse en el contexto de un país donde el empleo es sumamente precario y donde estas niñas y niños muy probablemente han caído en condiciones de pobreza, si es que no vivían ya en esa condición, pues la pérdida de la vida de sus padres o madres implica la pérdida del principal perceptor del hogar o de la persona que en mayor medida provee de cuidado y atención en el hogar.

Si algo revela también esta cifra, es la ausencia de un sistema nacional de cuidados, y de un sistema de protección social integral, que incluya escuelas de tiempo completo para cuando se dé el regreso definitivo a clases presenciales, así como un sistema nacional de guarderías y de estancias infantiles, a cargo del Estado mexicano, capaces de brindar la atención y protección integral a que están obligadas las autoridades de todos los órdenes de gobierno, bajo el mandato del artículo 4º constitucional, que obliga a las autoridades estatales a la garantía del principio del interés superior de la niñez.

Ahora bien; la orfandad en que se encuentran esos más de 130 mil niñas y niños, se suma a la que enfrentan las otras decenas de miles víctimas de la delincuencia y la violencia homicida que recorre al país, pues hay una cifra igualmente elevada de quienes, siendo menores de edad, han perdido a sus madres o padres en eventos violentos; habiendo otros miles que enfrentan la realidad de tener a sus madres o padre sin localizarlos o ausentes.

México esta muy lejos de ser un país apropiado para la niñez antes de la pandemia; pero ahora las condiciones se han recrudecido; lo peor es que no será sorpresivo que, entre las personas que se encuentran en pobreza, y cuya magnitud conoceremos en unos cuantos días, una proporción muy relevante sean niñas niños y adolescentes, pues en la medición del 2018, el grupo etario con mayor incidencia de pobreza y pobreza extrema, era precisamente el de quienes tienen menos de 18 años de edad.

Desde esta perspectiva, preocupa que entre los programas considerados como prioritarios por la presente administración, no haya una estrategia integral de atención a la niñez; pues los efectos de las transferencias de ingresos resultan a todas luces insuficientes para modificar estructuralmente las condiciones en que viven las niñas y los niños, pero también lo son para paliar los tremendos efectos económicos y sociales que se asocian a las emergencias sanitaria y económica por las que atravesamos. Igualmente preocupa que no sólo el Sistema Nacional DIF no cuente con los recursos para enfrentar integralmente la emergencia en todo lo que implica, sino que incluso el SIPINNA siga acéfalo.

Por otro lado, esto se da en un contexto en el que todos los registros oficiales muestran un incremento sustantivo en los niveles de violencia contra las mujeres, pero también en contra de las niñas, niños y adolescentes, pues no hay un rubro de denuncia delictiva en el que no haya incrementos significativos, tanto en números absolutos como en relativos.

Como se observa, enfrentamos un escenario sumamente complejo en el que las condiciones en que vive la niñez mexicana son sumamente adversas: rezago educativo, pérdida de aprendizajes y deserción escolar; incremento en las condiciones de malnutrición e inseguridad alimentaria; el incremento en los niveles de violencia; incremento en los niveles de embarazo adolescente; incremento en los niveles de las adicciones; y suma y sigue.

Estamos ante un escenario que debe ser descrito y denunciado como ominoso para la dignidad de las niñas y los niños; y en esto, también los gobiernos estatales y municipales son responsables, pues, ante el cambio de autoridades en 14 entidades federativas, y en más de mil alcaldías, no se ha planteado aún una reflexión compartida sobre cómo avanzar de manera coordinada en la protección y garantía del conjunto de derechos reconocidos por la Constitución y la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

México debe comprometerse de manera decidida a que, de una vez por todas, ninguna niña o niño se quede atrás; y por ello es de la mayor relevancia que las autoridades elegidas a través del proceso electoral del pasado mes de junio, establezcan un compromiso serio para garantizar el derecho de prioridad de las niñas y los niños, lo cual significa que deben ser considerados primero en todas las decisiones públicas.

Desde esta perspectiva, hay una responsabilidad mayor, tanto jurídica como ética de la Cámara de Diputados que entrará en funciones en el mes de septiembre, llevar a cabo una discusión a la altura de las circunstancias y necesidades impuestas por el contexto en el que estamos, para diseñar un presupuesto de egresos que esté basado sobre todas las cosas en una perspectiva de cumplimiento de los derechos de la niñez.

México no puede seguir hipotecando el presente y el futuro de las niñas y los niños; y debe asumirse por ello, que el presupuesto y políticas de garantía de sus derechos son un reflejo de las prioridades y valores, tanto del gobierno como de la sociedad en su conjunto.

Es hora de alzar la voz por las y los niños huérfanos, por la violencia, por el impacto de la COVID19, pero también por el exceso de mortalidad por diabetes, hipertensión, cáncer y los otros padecimientos que concentran la mayor carga de enfermedad en el país, y que están quitándole la vida a personas cada vez más jóvenes, dejando en el desamparo a cientos de miles, quizá millones de niñas, niños y adolescentes en todo el territorio nacional.

La hora de la niñez es justo ahora. No hay tiempo posible ni hay justificación ética ni de ningún tipo sobre la cual pueda pedírseles que esperen a que haya mejores condiciones; esas hay que construirlas, y eso requiere definir las prioridades públicas; y lamentablemente, no se percibe una preocupación comprometida en la discusión nacional.

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