El Informe de situación regional 2020: Prevenir y responder a la violencia contra las niñas y los niños en las Américas, publicado por la OPS, y que contó con la colaboración del UNICEF, la UNESCO y la Alianza Mundial para Acabar con la Violencia contra los Niños, informó que, a pesar de las medidas adoptadas por los países, la COVID-19 ha intensificado los factores desencadenantes de la violencia doméstica.
“La COVID-19 aumenta los factores desencadenantes de la violencia doméstica. Es vital que los países presten atención a la violencia contra niños y niñas en estos tiempos de mayor tensión, y que empleen las estrategias basadas en la evidencia que han resultado eficaces para abordar este dañino problema”, señaló Mary Lou Valdez, directora adjunta de la OPS.
Entre los principales resultados del informe se encuentra que solamente un 37% de los países informan que brindan apoyo a los enfoques de fortalecimiento de los ingresos y la economía para prevenir violencia contra niños y niñas.
Además, si bien todos los países afirman disponer de leyes que prohíben el estupro, solo un 29% declara que es sumamente probable que los infractores reciban sanciones, lo que sugiere un alto nivel de impunidad. En este sentido, se pide a todos los países fortalecer la ejecución de los planes de acción y la aplicación de la legislación para abordar la violencia contra niños y niñas.
El informe detalla también que muy pocos niños y niñas tienen acceso a programas de prevención y respuesta a la violencia. “Más del 90% de los países indica que dispone de servicios clínicos para niños y niñas víctimas de violencia sexual, pero solo un 26% declara alcanzar a todas o casi todas las víctimas. Solo el 16% afirma que los servicios de salud mental para niños y niñas sobrevivientes llegan a todos los que los necesitan”.
Asimismo, el documento de la OPS señala que más del 90% de los países indica que dispone de servicios clínicos para niños y niñas víctimas de violencia sexual, pero solo un 26% declara alcanzar a todas o casi todas las víctimas. Solo el 16% afirma que los servicios de salud mental para niños y niñas sobrevivientes llegan a todos los que los necesitan.
De acuerdo con la OPS, el estudio representa la primera vez que los gobiernos han informado sobre los avances en el marco de INSPIRE, un conjunto de siete estrategias basadas en la evidencia para prevenir y dar respuesta a la violencia contra niños y niñas.
Entre estas estrategias, que tienen las mayores posibilidades de reducir la violencia contra niños y niñas, se incluyen la ejecución y cumplimiento de la legislación, el cuestionamiento de las normas y los valores sociales que justifican el uso de violencia, la creación de entornos físicos seguros para niños y niñas, la prestación de apoyo a progenitores y cuidadores, la consolidación de los ingresos y la seguridad económica, la mejora de los servicios de respuesta y apoyo a niños y niñas, y la provisión de educación y aptitudes para la vida a niños y niñas.
El problema ha cobrado mayor urgencia en medio de la pandemia de COVID-19. Los datos iniciales indican que la pandemia está asociada con un mayor riesgo de violencia doméstica, también contra niños y niñas. El confinamiento, el estrés, la ansiedad, el consumo de sustancias psicoactivas y las preocupaciones sociales y económicas a causa de la COVID-19 pueden provocar conflictos familiares. Entretanto, la pandemia ha supuesto una relación limitada de los niños con amigos y familiares, y con los servicios de salud y protección que podrían haber brindado apoyo.
La Directora Adjunta de la OPS sostuvo que “debido a la devastadora carga de la violencia para los niños, niñas y adolescentes de la Región, así como para sus familias y comunidades, instamos a que todos los países mantengan los progresos y fortalezcan la ejecución y la eficacia de estos enfoques basados en la evidencia”. Valdez destacó que “nadie debe quedarse atrás. Un niño que ha sufrido violencia debe disponer de acceso oportuno a servicios de salud y protección que sean de calidad.”
“La violencia contra los niños y niñas es la prioridad principal de UNICEF en América Latina y el Caribe y seguiremos trabajando estrechamente con los gobiernos de todos los países de la región, con nuestros organismos afines de las Naciones Unidas y con la Alianza para Acabar con la Violencia”, dijo Youssouf Abdel-Jelil, Director Regional Adjunto de UNICEF. “La violencia, incluidos los homicidios, se puede prevenir y debemos actuar conjuntamente para poner fin a este crimen”, concluyó.
La violencia contra niños y niñas adopta múltiples formas, como el maltrato por parte de adultos desde una posición de autoridad, el acoso y las peleas entre compañeros, la violencia sexual y de pareja o las agresiones asociadas a pandillas. La violencia se ha vinculado con problemas de salud físicos, sexuales, reproductivos y mentales, así como con costos socioeconómicos, como el rendimiento escolar inferior, un mayor riesgo de desempleo y de pobreza, y la asociación con pandillas y delincuencia organizada.
