por Ricardo Bucio
Nuestro país reconoce su diversidad, le establece derechos, acciones de garantía y mecanismos de justiciabilidad, al mismo tiempo que ve a la diversidad como riesgo y como amenaza: nos reconocemos diversos, pero no iguales en dignidad y en derechos; no hemos generado incentivos para la lucha frontal contra la desigualdad de trato, y contra todas sus lacerantes expresiones
“Insatisfacción es la palabra que con demasiada frecuencia se asocia a la democracia mexicana; este régimen político se halla todavía lejos de las expectativas que hace poco más de una década despertó entre la población. Más de la mitad de las personas manifiesta descontento y afirma que el mexicano no es un régimen democrático (Latinobarómetro, 2010). Sobre otras razones críticas que puedan exponerse, la que predomina es aquella que acusa al Estado mexicano de ser ineficaz a la hora de acortar la desigualdad y confrontar los privilegios. A pesar de la transición hacia un régimen político más plural, un segmento amplio de la población mexicana se percibe tratado con desigualdad por obra de la autoridad, la ley y las personas. La abismal diferencia en el ingreso es motivo relevante de esta convicción, pero no es el único; la asimetría en el trato –la persistente discriminación– es tanto o más potente a la hora de confeccionar el cierre social que excluye y vulnera. En su gran mayoría, permanecen intactas las barreras que impiden en México el acceso a los derechos, las libertades y los bienes que se obtienen del esfuerzo común.
“Mientras tanto, también durante la última década de historia mexicana, el Estado y la sociedad han invertido notable esfuerzo y recursos para enfrentar la discriminación. Nunca antes en la historia del país, como durante los últimos tiempos, se habían multiplicado con tal intensidad las leyes, las instituciones y los organismos públicos dedicados a enfrentar la desigualdad; de ahí que resulte necesario atender la paradójica percepción de ineficacia”.
Los párrafos anteriores son parte del texto introductorio con el que Ricardo Raphael de la Madrid comienza el “Reporte sobre la Discriminación en México 2012” (I), elaborado a 10 años del informe general presentado en 2002, titulado “La discriminación en México: por una nueva cultura de la igualdad” (II). Ese primer informe fue fruto de los trabajos de la Comisión Ciudadana de Estudios contra la Discriminación, integrada por representantes de poderes públicos, de organizaciones civiles, instituciones académicas y partidos políticos, entre muchos otros, que comenzó a trabajar en 2001 bajo la conducción de Gilberto Rincón Gallardo.
La lucha contra la discriminación
En esa coyuntura, recién desempacada la alternancia política, la lucha contra la discriminación fue vista como una de las vías fundamentales para alcanzar la ciudadanía plena, mejorar la calidad de vida, fortalecer las reglas de la democracia y la legitimidad de sus instituciones. Por ello se instaló la Comisión Ciudadana, que buscaba fomentar –vía instrumentos jurídicos, institucionales, educativos e informativos— un cambio cultural en contra de las prácticas sistemáticas de violencia, desprecio, marginación y exclusión que fragmentan el tejido social y generan desigualdades irreductibles; la económica es la más visible de ellas, aun así, está intrínsecamente ligada a las demás.
Dicha Comisión Ciudadana se planteó dos objetivos centrales: una ley antidiscriminatoria que diera una protección efectiva, medidas compensatorias y políticas de promoción para garantizar el ejercicio de este derecho, y un Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), encargado del cumplimiento de la ley y de orientar a los diversos sectores –económico, político y social–, a un modelo de convivencia social que hiciera realidad la igualdad de oportunidades en nuestro país.
Ese proceso iniciado en 2001 –que tuvo como primer e inmediato resultado la reforma al Artículo 1° de la Constitución, incluyendo como párrafo tercero la prohibición expresa de la discriminación en México por cualquier motivo– detonó y se sumó a una enorme cantidad de acciones legislativas, institucionales, políticas y educativas, que incluyen:
• Cambios constitucionales
• La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y 19 leyes estatales
• La creación del Conapred
• Un reposicionamiento de México frente a los tratados internacionales de derechos humanos acciones de gobierno, decretos y mecanismos de protección
• Encuestas nacionales, estudios e iniciativas legales
• Campañas de difusión y series televisivas
• Resoluciones judiciales y no jurisdiccionales
• Material para las aulas
• Prohibiciones de discriminación en la entrada de establecimientos comerciales
• Investigaciones académicas
• Proyectos de diseño de indicadores
• Programas de diversidad empresariales
• Campañas en espacios deportivos
• Apertura al tema desde las iglesias
• Sistemas de defensa de quejas y debate en medios de comunicación
Además, se crearon o se reformaron instituciones dedicadas a atender la situación específica de sectores de población, buscando que éstos pudieran tener acceso al ejercicio de derechos y a los bienes y servicios públicos en condiciones similares al resto de la población; entre otras:
• Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
• Instituto Nacional de Lenguas Indígenas
• Instituto Nacional de las Mujeres
• Consejo Nacional para el Desarrollo
•Inclusión de las Personas con Discapacidad
• Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores
• Unidad para la atención y promoción de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.
Como se plantea en el Reporte sobre la Discriminación en México 2012, una explicación tentativa de esta situación es la fragmentación de los esfuerzos, así como la falta de una perspectiva común –una política de Estado–, de coherencia y de sistematicidad con que las distintas instituciones responsables han conducido las políticas de igualación y de atención a las poblaciones vulneradas.
En México no hay una comprensión profunda del peso y la fuerza de la desigualdad de trato como base, nutriente y salvaguarda de tantas formas de desigualdad normalizadas; además, no se ha asumido que el combate a la discriminación corresponde a los tres poderes en los tres órdenes de gobierno, es decir, es una tarea del Estado.
El Reporte elaborado por el CIDE quiere contribuir a afrontar esta paradoja y a proponer rutas de futuro. En este estudio se valoran críticamente los avances y retrocesos de leyes, programas, acciones de gobierno y políticas; se detectan y describen las situaciones, circunstancias y contextos que producen mayor discriminación en México, y se formulan criterios y recomendaciones para los próximos años en 11 apartados referidos a los espacios, ámbitos o procesos en los que se produce mayor discriminación en el país: trabajo; acceso a crédito; alimentación; salud; educación; proceso civil; proceso penal; derechos políticos; libertad de conciencia; libertad de expresión; y acceso a la información.
“El primer objetivo del Reporte (…) se centra en valorar los avances y retrocesos que el país ha vivido durante los últimos doce años en lo que toca a la lucha antidiscriminatoria. Sus páginas recorren los principales tratados internacionales, reformas constitucionales, leyes, políticas, instituciones, organismos, programas y acciones gubernamentales, que han sido emplazados para combatir y erradicar la exclusión. Gracias a este ejercicio también se establecen algunos de los trazos más evidentes de la agenda por venir en esta materia. Un segundo objetivo de este reporte es colocar, hacia delante, la lucha contra la desigualdad de trato en el corazón del debate público, de la acción del Estado y de la práctica cotidiana entre las y los mexicanos (IV)”.
La discriminación persiste porque está enraizada en las estructuras sociales, políticas, económicas, culturales, jurídicas y estéticas, entre otras. Ello exige conocer, visibilizar, mapear, graficar y relacionar esas estructuras; dimensionar la magnitud de los problemas alrededor de la discriminación; y desentrañar la trama de sus interrelaciones, para así poder contar con herramientas idóneas para diseñar y definir políticas públicas incluyentes que atajen efectivamente las injusticias de la exclusión.•
Notas y Referencias:
I. Centro de Investigación y Docencia Económicas, y Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Raphael de la Madrid, Ricardo (coordinador), “Reporte sobre la Discriminación en México 2012.” Introducción General. México, 2012. Disponible en www.conapred.org.mx En la elaboración de documentos de trabajo sobre los diversos temas que contiene el reporte participaron: Jesús Rodríguez Zepeda, Catalina Pérez Correa, León Bendesky Bronstein, Graciela Bensunsán Areous, Jaqueline Peschard Mariscal, Lorenzo Córdova Vianello, Antonio Purón, Ciro Murayama Rendón, Enrique Provencio Durazo, Abelardo Aníbal Gutiérrez Lara, Mónica González Contró, Sandra Lorenzano, David Gómez Álvarez, Carlos Acevedo Rodríguez, Mario Ramón Silva Rodríguez, Rosío Arroyo Casanova, Lina Ornelas Núñez, y Paula Sofía Vásquez Sánchez. Hubo más de 50 personas entrevistadas, y mesas de trabajo en las cuales debatieron los temas del reporte más de 400 personas de organizaciones civiles, academia, instituciones públicas, medios de comunicación e iglesias.
II. Comisión Ciudadana de Estudios contra la Discriminación, “La discriminación en México: por una nueva cultura de la igualdad. Informe general de la Comisión ciudadana de Estudios contra la Discriminación”, México, 2001.
III. La Encuesta Nacional sobre Discriminación en México 2010, ENADIS, da cuenta de ello en sus resultados generales. Hasta la fecha se han publicado cuadernillos que se refieren a los resultados sobre los siguientes temas: las y los jóvenes; diversidad sexual; personas adultas mayores; trabajadoras domésticas; zonas metropolitanas; personas migrantes; diversidad religiosa; personas con discapacidad; niños, niñas y adolescentes; regiones geográficas y zonas metropolitanas; mujeres y diversidad cultural. Todos están disponibles en www.conapred.org.mx
IV. Raphael de la Madrid, op. cit.
