El presidente de la República declaró hace unas semanas que su gobierno no podrá acreditarse históricamente exitoso si no se reducen los indicadores de la violencia y si no se logra la pacificación del país. Y tiene razón, pues hay cuatro grandes metas que trazó como propuestas eje de su campaña, y en las cuales hay resultados preocupantes.
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Las cuatro metas son: 1) acabar con la corrupción; 2) abatir la pobreza; 3) crecer a tasas de 5% o más del PIB de manera anualizada; y, 4) pacificar a México; Respecto de la primera se dispone de pocos datos para evaluar numéricamente los resultados, pero en las otras tres hay información que muestra no sólo estancamiento, sino retrocesos relevantes.
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En primer lugar, respecto de abatir la pobreza, el CONEVAL publicó este mes de agosto de 2021 la medición multidimensional de la pobreza, 2020; en ella, se muestra que entre 2018 y 2020 la pobreza pasó de 41.9% a 43.9%, lo que, en números absolutos, implica un crecimiento de 51.9 millones a 55.7 millones de personas en situación de pobreza.
La cuestión es mayor, sobre todo si se considera en el contexto y diagnóstico asumido por el titular del Ejecutivo Federal, pues en reiteradas ocasiones, ha sostenido que la violencia y la delincuencia tienen como principales detonantes a la pobreza y la desigualdad; si en ello tuviese razón, lo esperable entonces sería un repunte aún mayor de la criminalidad en los meses por venir.
Lo anterior se relaciona necesariamente con el bajo crecimiento de la economía que registra el país, porque siendo cierto que la emergencia sanitaria ha tenido severas consecuencias económicas, lo es también que ya en 2019 se había tenido un crecimiento negativo, por lo que en el promedio anualizado de 2019 y 2020, se tiene un -4.17%. Por ello, aún cuando el tercer trimestre de 2021 mostró una tasa de recuperación muy relevante, la tasa de crecimiento de este año será insuficiente incluso para lograr un promedio anualizado de 0%.
En lo que respecta al cuarto gran objetivo, relativo a pacificar al país, los datos son pavorosos. Tomando como base las estadísticas de mortalidad del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), entre diciembre de 2018 y diciembre de 2020, el promedio mensual de personas víctimas de homicidio es de 3,053, es decir, 101.7 víctimas por día.
En ese periodo, el mes con menos personas que murieron por lesiones intencionales, acumuló 2,731 víctimas (febrero de 2020, el mes con menos días); y el que registra el pico máximo tiene un registro de 3,328 personas asesinadas (octubre de 2020). La suma total en ese periodo es de 76,331 personas víctimas de homicidio doloso.
Para el año 2021 aún no se tienen cifras del INEGI, que son mucho más confiables que las del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Considerando ello, entre los meses de enero y julio de 2021 se tiene un registro preliminar de 19,788 personas que perdieron la vida por lesiones causadas por otros de manera intencional. Eso da un promedio de 2,827 víctimas de homicidio doloso por mes, y un total para lo que va de la presente administración, de 96,119 personas asesinadas.
Preocupa que el promedio para los meses de enero a julio de 2020, en las cifras del Secretariado Ejecutivo, haya sido de 2,934 víctimas de homicidio por mes, pues esto implica una reducción anualizada de apenas 3.7%, lo cual difícilmente podría considerarse significativo, considerando que estamos en los niveles históricos más altos de la violencia en México, y que en los últimos meses ésta se ha recrudecido, como producto de la acción del crimen organizado, en varios estados de la República, señaladamente en Zacatecas, el cual ya registra la tasa de mortalidad por homicidios más alta del país.
A ello se suman las incontenibles cifras relativas a otros delitos que exigen una intervención, de mayor pertinencia, pero también de mayor integralidad de parte de las autoridades en todos los órdenes y niveles. Por ejemplo, si se considera el periodo de enero a julio de 2020, se tenía un registro de 123,939 carpetas de investigación por el delito de violencia intrafamiliar; en contraste, en el mismo periodo de 2021 la cifra ya era de 150,649, lo que representa un incremento de 21.5% entre ambos periodos.
Por violencia de género en la familia, en el periodo señalado de 2020, el acumulado fue de 2,171 carpetas de investigación; pero en el relativo al 2021, la cifra se elevó a 2,450 (12.8% más).
Por el delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, de enero a julio de 2020 se registraron 8,685 carpetas de investigación, pero en el mismo periodo de 2021, la cifra llegó a 13,302, cifra que representa un incremento de 53.16%.
Entender que estas cifras deben enfocarse desde una perspectiva integral del desarrollo, y no predominantemente como hasta ahora, desde una perspectiva de prevención del delito, obligaría a que las autoridades desarrollasen nuevas estrategias no sólo de atención y cuidado de la salud mental de las personas, sino también, políticas y programas para, desde el trabajo social y la asistencia social, acompañar a las familias y garantizar en ellas la erradicación de la violencia que, de manera predominante, se ejerce en contra de mujeres, niñas y niños.
Pacificar al país exige reducir los homicidios y los feminicidios, sin duda alguna; pero con la misma urgencia se deben diseñar e implementar las acciones necesarias para asumir como una cuestión del mayor interés y relevancia pública, lo que ocurre en materia de abuso, maltrato y violencia, que puede ser extrema, en los hogares de México, pues su pacificación y reconciliación requiere mucho más que la pretendida “reserva moral de valores” sobre la que insiste reiteradamente el titular del Ejecutivo Federal.
Debe comprenderse que superar las emergencias sanitaria, económica y social por las que atravesamos, implica no sólo superar la pandemia de la COVID19, sino todas las otras, previamente existentes, y que constituyen el contexto en que esta nueva amenaza nos golpea y profundiza los efectos negativos que ya padecíamos: obesidad, hipertensión, diabetes, entre las más evidentes.
Una mayor pobreza; la precarización del empleo; la persistente y creciente presencia del crimen organizado; la prevalencia de la impunidad; el deficiente acceso a la justicia en materias como las ya señaladas en el ámbito familiar; la inexistencia de una estrategia nacional de salud atención a la salud mental (incluida en ella la prevención de las adicciones y fenómenos como el suicidio), constituyen un complejo escenario que debe atenderse con celeridad, porque de ello depende el acceso, o no, de la población a efectivas condiciones de bienestar.
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Investigador del PUED-UNAM
