El instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), dio a conocer el día de ayer los resultados de la Encuesta Nacional de Inserción Laboral de los Egresados de la Educación Media Superior, (ENILEMS, 2019), la cual busca conocer cuál es la trayectoria escolar y laboral de La población joven de 18 a 20 años de edad que han concluido los estudios equivalentes al nivel del bachillerato.
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Al respecto es importante decir que la edad normativa para cursar la preparatoria en México es de los 15 a los 17 años, y que es uno de los niveles educativos, junto con el nivel superior, que tiene los menores niveles de cobertura y respecto del cual también se tienen los menores indicadores de absorción y tránsito, lo que evidentemente trunca trayectorias educativas y proyectos de vida.
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Ponerlo en esta perspectiva es importante pues, si algo han destacado numerosos teóricos de la justicia -entendida como justicia distributiva-, es que la propia posibilidad de plantearse proyectos autónomos de vida, y su realización, dependen de las condiciones de bienestar a que tienen acceso las personas. De ahí que, desde Rawls, pasando por Nussbaum, Okin, Fraser y Sen, hayan planteado reiteradamente que debe romperse con las condiciones estructurales que impiden la igualdad de oportunidades, pero también la igualdad de condición requerida para la realización plena de las libertades.
Los datos que presenta el INEGI, en alianza con la Secretaría de Educación Pública son preocupantes: de los 2.9 millones de jóvenes de 18 a 20 años que tienen el bachillerato concluido, sólo 1 millón declaró encontrarse estudiando el nivel superior, es decir, prácticamente sólo uno de cada tres egresados del bachillerato encontró lugar o espacio en alguna universidad o institución de educación superior.
Es importante decir que 1.3 millones sí intentaron seguir estudiando, sin lograrlo, mientras que alrededor de 603 mil desistieron definitivamente de continuar con estudios superiores al finalizar el bachillerato (prácticamente uno de cada 5); esto habla de la enorme precariedad económica que existía entre la población joven en el 2019.
Estas condiciones, hay que decirlo, seguramente se están recrudeciendo debido a los perniciosos efectos económicos asociados a la pandemia, y muestran la inmensa relevancia de recuperar algunas de las tesis planteadas por las y los autores que discuten en torno a las teorías de la justicia, en lo que respecta a que hay bienes primarios que no deben formar parte del mercado.
Tres de ellos: Michael Walzer, Debra Satz y Michael Sandel, han planteado que es momento de poner límites morales al mercado; y frente a la crisis del neoliberalismo a la que asistimos, sería el momento oportuno de garantizar, mediante nuevos cimientos para un nuevo Estado de Bienestar, que varios mercados particulares sean definitivamente anulados.
Entre las cosas que no deberían estar en venta se encuentran sin duda la educación, la alimentación y todo lo que atañe a la salud; porque estos dependen del acceso a otro de los bienes económicos primarios: el dinero, el cual se mueve bajo una lógica casi monopólica y de extracción intensiva en detrimento de las mayorías.
De esta forma, una política pública deseable en nuestro país, dirigida a la población joven, debería articular un sistema nacional educativo de acceso universal gratuito, en todos sus niveles y ámbitos, vinculado a un sistema de acceso universal a la salud que no esté vinculado a la situación laboral de las personas.
El costo fiscal de medidas como las señaladas podría ser de alrededor de 5 puntos del PIB; lo cual podría parecer mucho para las y los economistas ortodoxos, pero la pregunta que debería plantearse es cuánto dolor y sufrimiento humano, cuánta pobreza y cuánta desigualdad nos está costando no hacerlo; amén de los efectos de sinergia positiva que se tendrían proyectados hacia 10 o 15 años, en los cuales los niveles de bienestar y los efectos redistributivos podrían verse reflejados en una nueva generación con efectiva protección de la dignidad humana.
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